En los últimos ocho años, el sistema penitenciario estatal entró en una crisis de máxima presión de seguridad y gobernabilidad.
Durante ese lapso entre 2018 y 2025, la población penitenciaria responsable de los delitos del fuero común aumentó 47 por ciento, alcanzando un máximo histórico, con lo cual la sobrepoblación en los penales estatales se ubicó 19 por ciento por encima de su capacidad. A la par, la cantidad de custodios en las cárceles estatales tuvo una reducción de nueve por ciento.
Un estudio de la organización Causa en Común mencionó que, entre 2018 y 2025, algunas entidades reportan fluctuaciones notorias. Por un lado, en Quintana Roo, Durango y Puebla, el personal de custodia y vigilancia aumentó 251, 119 y 64 por ciento, respectivamente, en el periodo de ocho años. Sin embargo, no existen parámetros que permitan determinar si estos incrementos corresponden a las necesidades de cada entidad.
- El Dato: DE LAS 32 autoridades penitenciarias estatales, 26 dependen de la Secretaría de Seguridad local; 4, de la Secretaría de Gobernación, y 2, de la fiscalía estatal.
LOS MÁS PRESIONADOS. En contraste, Morelos y Sonora reportaron reducciones de 32 y 31 por ciento, respectivamente, en el número de elementos. Estas disminuciones adquieren particular relevancia porque ambas entidades pasan por severos problemas de sobrepoblación en sus penales.
En el caso de Morelos, tiene dos mil 047 espacios y registra una población de cuatro mil 408; es decir, 115 por ciento de sobrepoblación, mientras que Sonora tiene siete mil 988 espacios y una población penitenciaria de 16 mil 614, que son 108 por ciento más.
Además, estableció el análisis, las frecuentes variaciones en el número de elementos podrían estar relacionadas con la rotación del personal asociada a condiciones laborales precarias.
A nivel estatal, 20 entidades reportaron sobrepoblación. Entre los porcentajes más preocupantes también se encuentra el estado de Nayarit, que registra un sobregiro de 257 por ciento.
- El Tip: HAY EN EL PAÍS ausencia generalizada de legislaciones estatales para regular la operación de sus penales.
MÁS DECESOS. Entre los efectos de la sobrecarga penitenciaria, resalta que entre 2022 y 2025 hubo un aumento de decesos de personas privadas de la libertad, suicidios y agresiones.
Durante ese lapso se registraron tres mil 317 decesos de personas privadas de la libertad, lo que significa un aumento de 49 por ciento. Asimismo, ocurrieron tres mil 145 agresiones, para un repunte de 10 por ciento, y también hubo 339 suicidios, es decir 27 por ciento más. De igual manera, se documentaron mil 989 riñas y 47 homicidios.
El documento refirió que los incidentes registrados en 2026 muestran que los problemas de seguridad y gobernabilidad penitenciaria no se limitan a hechos aislados. Fugas, motines, riñas con múltiples víctimas, denuncias de abusos y casos de extorsión y suicidio evidencian la situación de ingobernabilidad en diversos centros penitenciarios, señaló la organización.
Algunos de los hechos de mayor impacto registrados durante el año se ilustran con el motín y fuga en el Centro Integral de Justicia Regional, Jalisco. El 22 de febrero de 2026, un grupo armado facilitó la evasión de 23 internos de alta peligrosidad y un custodio fue asesinado.
Igualmente, la riña en el penal de Ciudad Obregón, Sonora, el 22 de mayo, que dejó dos internos muertos y siete personas lesionadas, entre ellas un custodio.
El 31 de mayo de 2026, una riña en el penal de Aguaruto dejó siete muertos, y, más recientemente, el 7 de septiembre, un enfrentamiento en el penal de Jojutla, Morelos, dejó 14 internos lesionados, seis de los cuales requirieron hospitalización.
El 8 y 9 de octubre, un enfrentamiento armado en el penal de Mazatlán dejó 10 personas muertas, entre ellas un menor que ingresó como visitante, y 16 lesionados. Al día siguiente, un nuevo enfrentamiento en la misma cárcel provocó la muerte de otras dos personas.
EXTORSIONES. Pero no solamente se han reportado riñas y evasión de reos, ya que también se registraron casos de extorsión desde los centros penitenciarios. El pasado septiembre, diversos operativos realizados en distintos penales permitieron asegurar más de dos mil 500 teléfonos celulares y 13 módems.
Se reveló que 12 centros de reclusión concentraban 56 por ciento de las líneas identificadas como utilizadas para realizar extorsiones a nivel nacional.
También, el 9 mayo de 2026 los internos del penal de Jilotepec, Estado de México, denunciaron presuntos abusos y extorsiones por parte del personal custodio y advirtieron sobre un posible motín.
Por ello, Causa en Común mencionó que se debe delinear y ejecutar un plan integral para la recuperación del control sobre los penales que reportan autogobierno, incluyendo operativos policiales basados en labores de inteligencia para la desarticulación de organizaciones criminales y el uso de tecnología para incrementar el control interno.
Asimismo, la organización no gubernamental puso énfasis en desarrollar un programa nacional para el desarrollo profesional del personal de custodia, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de selección, reclutamiento, capacitación, sistema de carrera, régimen disciplinario, certificación, esquemas salariales, prestaciones y equipamiento del personal.