El gobierno de Campeche, que encabeza la morenista Layda Sansores, no pudo comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el destino de 39 millones 104 mil 37 pesos en el manejo de recursos federalizados, por lo cual se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal.
El monto mayoritario pendiente de aclarar corresponde a los fondos de Aportaciones Múltiples y de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, que forman parte de los recursos del gasto federalizado transferidos a la entidad.
Las observaciones del ente fiscalizador incluyen pagos que carecen de la documentación justificativa y comprobatoria de las operaciones realizadas, así como servicios contratados de los que no se acreditó su prestación, además de pagos a personal que ocupó más de una plaza en centros de trabajo con incompatibilidad geográfica, que desempeñó funciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre otros.
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- El Dato: ADEMÁS DEL DINERO no justificado, el gobierno estatal devolvió a la Tesorería de la Federación más de 24 mdp, lo que ha generado cuestionamientos de varios sectores.
DAÑO EN EDUCACIÓN. Los resultados de la segunda entrega de los informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a 2025 detectaron que el mayor monto observado corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples –destinado a asistencia social e infraestructura física educativa–, donde la ASF detectó 18 millones 767 mil 093.39 pesos pendientes por aclarar, por realizar transferencias bancarias con cargo a los componentes de Infraestructura Educativa Básica, Infraestructura Educativa Media Superior e Infraestructura Educativa Superior, las cuales carecen de la documentación justificativa y comprobatoria de las operaciones realizadas con los recursos del fondo.
Por estos hechos, el gobierno estatal incumplió los artículos 42, 67, párrafo primero, y 70, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
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¿AVIADORES? En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se determinaron 16 millones 721 mil 609.96 pesos en conceptos pendientes de aclarar, correspondientes a servicios contratados de los que no se acreditó su prestación, así como pagos a personal que ocupó más de una plaza en centros de trabajo con incompatibilidad geográfica, que desempeñó funciones en el SNTE.
De los 16 millones 721 mil 609.96 pesos, 13 millones 416 mil 281.61 son pagos que no pudieron acreditar la prestación de los servicios conforme a las especificaciones técnicas de los contratos, así como la entrega de los bienes adquiridos a los beneficiarios.
Otros dos millones 357 mil 484.11 pesos son relativos a los pagos a tres trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyos horarios resultaron incompatibles entre sí, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2025.
De igual manera, 769 mil 799.01 pesos son de pagos a tres trabajadores que desempeñaron actividades en el SNTE, sin acreditar funciones vinculadas con la educación básica y normal, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2025.
Finalmente, se realizaron pagos a dos trabajadores por 178 mil 045.23 pesos durante el periodo en que contaron con licencia sin goce de sueldo, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2025.
- El Tip: LA ASF también encontró incumplimiento en montos destinados a prevención y detección de enfermedades.
IMPACTO SANITARIO. En materia de salud, se identificaron irregularidades en la administración y destino de los recursos, entre ellas el incumplimiento del porcentaje mínimo destinado a acciones de prevención, promoción y detección oportuna de enfermedades.
Además, tres millones 615 mil 333.72 pesos están pendientes por aclarar, por no acreditar la entrega de uniformes al personal de salud.
De acuerdo con la ASF, el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud) no acreditó la entrega de uniformes al personal de Salud, adquiridos mediante el contrato número INDESALUD FASSA-LP-RM-E016-2025 y pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2025.
No presentaron evidencia fotográfica de la entrega de uniformes, ni listas que acrediten la entrega al personal de Salud, así como el acta de entrega-recepción, y solamente se proporcionaron las remisiones de la entrada al almacén.
Por estos hechos, el gobierno estatal incumplió los artículos 40 y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado.
A los recursos señalados por su probable daño a la Hacienda Pública Federal se agrega la cantidad que el gobierno estatal devolvió al federal por casi 24.7 millones de pesos que dejó sin ejercer, la mayor parte para orientarlos a las necesidades en el área de salud, lo que derivó en cuestionamientos en diversos sectores de Campeche.
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