Buscan prevenir obesidad en niños

Ahora Querétaro impulsa ley antichatarra

La diputada Laura Polo admite rechazo del sector comercial, pero dice que hay más daño a la salud de los menores; presentan iniciativa ante el Congreso local

Venta de productos chatarra en puestos de la calle.
Venta de productos chatarra en puestos de la calle.Foto: Cuartoscuro
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A cuatro semanas de la aprobación de una ley antichatarra en Oaxaca, diputados locales de Querétaro impulsan una iniciativa en la materia para limitar la venta de estos productos a niños para mejorar su alimentación y prevenir la obesidad.

La propuesta busca reformar las leyes de Salud, de Educación y la de los Derechos de las niñas, niños, precisó en un comunicado la legisladora Laura Polo.

Indicó que uno de los objetivos es que los padres ejerzan la responsabilidad en torno a la alimentación de los menores de edad, ya que al impedir que los pequeños adquieran directamente los productos en la tienda, recae en ellos la decisión del consumo.

Recordó que estas iniciativas han causado rechazo en Oaxaca y Tabasco, que ya prohibiera su venta a menores, por el impacto en las bajas ventas para muchos comerciantes, ya afectados por la pandemia; sin embargo, aseveró que es mayor el daño a la salud de los menores, como obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas.

Agregó que también se busca prohibir la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y refrescos en escuelas de educación básica hasta nivel medio superior, tanto privadas como particulares.

De acuerdo con el secretario de Salud federal (Ssa), Jorge Alcocer, en el país cuatro de cada diez niños tienen obesidad, situación que es preocupante, sobretodo ahora con la pandemia, pues es considerada uno de los factores de riesgo ante el COVID-19.

En tanto, su compañero de bancada Mauricio Ruiz Olaes informó que presentaron ante la Oficialía de partes de la Legislatura estatal esta iniciativa para combatir los problemas de salud que enfrentan a niñas y niños en al entidad.

Coincidieron en que como legisladores deben proteger el bien superior de la niñez y adolescentes.

Además, contempla un plazo de seis meses para que los municipios aprueben las medidas para cumplir con estos ajustes.

srv