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El Estado continúa violando la ley en aras de una política comunicativa efectista en materia de seguridad y justicia; urgente resolver la falta de coordinación y la confrontación entre instituciones Avances muy positivos en la instrumentación del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia: medios cierran espacios a la propaganda del crimen organizado.
El Observatorio que da seguimiento al Acuerdo de los Medios para la Cobertura Informativa de la Violencia cumple un año y medio de funcionamiento. Su sexto informe coincide con el fin de un periodo presidencial y el principio de otro. De allí que el Consejo del Observatorio considera conveniente hacer una recapitulación del cumplimiento del Acuerdo suscrito por cerca de 700 medios de comunicación el 24 de marzo de 2011.
Son de destacar en este periodo:
1. Importantes avances en el tratamiento de la violencia por parte de los miembros del Acuerdo, con una progresiva observancia de los criterios convenidos y de las recomendaciones emitidas en estos meses con miras a integrar un catálogo de buenas prácticas de comunicación de la violencia.
2. Persistencia de violaciones a la ley por las fuentes oficiales de todos los órdenes de gobierno en aras de una política comunicativa de corte efectista, a través de filtraciones de investigaciones en proceso y vulneración de los derechos tanto de personas detenidas como de víctimas de la violencia. Asimismo, se registran situaciones extremas de confrontación y de faltas de coordinación entre los órganos de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.
SEXTO INFORME JULIO-OCTUBRE 2012
Durante el periodo julio-octubre, el Observatorio documentó graves deficiencias en la política de comunicación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los diferentes niveles de gobierno. Destacan los casos del ataque a funcionarios estadounidenses en Tres Marías; la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano y la presentación de presuntos responsables de delitos en el parque El Colibrí, en Chalco, Estado de México.
Las malas prácticas en la política de comunicación gubernamental se han traducido en:
a) violaciones a la ley por parte de autoridades, con la filtración de documentos e información de investigaciones en curso;
b) doble victimización: maltrato de las instituciones gubernamentales a las personas afectadas por la violencia;
c) juicios mediáticos;
d) especulaciones y generación de rumores;
e) generalizaciones infundadas respecto al involucramiento de las víctimas de violencia en actos delictivos; y
f) pérdida de credibilidad.
En este escenario, en algunos de los casos analizados diversos medios de comunicación no sólo no cumplieron con su función de vigilar la actuación del Estado, sino que incluso potenciaron los vicios de la comunicación gubernamental que afectan al proceso de procuración e impartición de justicia en el país.
México, D.F, 27 de noviembre de 2012
www.observatoriocomunicacionviolencia.org @ObserAciv
Cobertura insuficiente de ataques a la prensa
Durante el periodo analizado continuaron las amenazas y agresiones contra la prensa, llegando incluso a medios de alcance nacional. Si bien se ha desarrollado una importante red de solidaridad entre los medios de comunicación ante los ataques contra el gremio, el Observatorio documenta que la calidad de la cobertura periodística en torno a estos ataques resulta deficiente y no constituye una prioridad en la agenda de los medios, sino más bien, una temática que se aborda de manera coyuntural.
El Observatorio propone a los medios de comunicación reafirmar su solidaridad con el gremio a través del seguimiento constante a los ataques contra la prensa y la actuación de la autoridad, estableciendo este tema como prioridad en la agenda informativa.
Presiones a medios en Tamaulipas y Nuevo León
A partir del seguimiento constante a la cobertura mediática, así como a través del intercambio con medios y periodistas, el Observatorio concluye que en estados como Tamaulipas continúa imponiéndose el silencio informativo como política editorial ante la indefensión en que se encuentra el gremio periodístico frente a los embates del crimen organizado. El Observatorio destaca los tres ataques dirigidos contra un medio de comunicación en Nuevo León durante el periodo, así como la inexistencia de condiciones para el desarrollo del trabajo periodístico de manera libre en Veracruz.
Veracruz: dudas respecto al esclarecimiento de los asesinatos de periodistas
El Observatorio manifiesta su preocupación respecto a las irregularidades denunciadas por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en torno a los procesos judiciales relativos al esclarecimiento de los casos de periodistas asesinados en el estado de Veracruz.
La falta de credibilidad ante la actuación de la procuraduría local encuentra fundamento en la existencia de un patrón, basado en una estrategia de comunicación que privilegia los juicios ante la opinión pública por encima de los juicios ante los tribunales, sobre la base de investigaciones deficientes que violentan el derecho al debido proceso de los inculpados y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y familiares.
Fallas en el caso de los rumores en Luvianos y el video del alcalde de Teloloapan.
Asimismo, se registraron casos en los que algunos medios de comunicación fallaron en verificar y contrastar la información que difundieron, disciplina que constituye la esencia del periodismo. El Observatorio registró con particular preocupación la construcción de noticias con base en rumores y filtraciones, como el caso del supuesto “enfrentamiento” en Luvianos, Estado de México. También reflexiona respecto a la reproducción de contenidos de fuentes anónimas, a partir de la difusión de un video en que presuntamente un grupo delictivo amenaza al alcalde de Teloloapan, Guerrero.
Las buenas prácticas de Animal Político, Excélsior, Milenio y El Universal Sin embargo, el Observatorio también identificó trabajos periodísticos que destacan por su calidad y presentan un mosaico distinto que nos acerca a las historias de las víctimas de la violencia, evidenciando las omisiones y abusos de la autoridad, contrastando el discurso gubernamental y ampliando el espectro del entendimiento de las problemáticas ligadas al crimen organizado, entre los que se encuentran trabajos de Animal Político, Excélsior y Milenio. Asimismo, se destaca el esfuerzo de El Universal por visibilizar la grave situación que enfrenta el gremio periodístico.
México, D.F, 27 de noviembre de 2012
www.observatoriocomunicacionviolencia.org @ObserAciv
El Observatorio considera prioritario que el Estado mexicano instrumente una política integral para prevenir y sancionar los ataques contra medios y periodistas, cuyo eje central sea el combate a la impunidad. En este sentido, hace un llamado urgente al Congreso de la Unión a aprobar la ley reglamentaria de la reforma al artículo 73 constitucional que faculta a la Procuraduría General de la República para investigar los delitos contra periodistas y medios de comunicación. Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo realizar las reformas necesarias a sus reglamentos internos en aras de garantizar la adecuada instrumentación de la mencionada reforma.
Al mismo tiempo, el Observatorio hace un llamado al Gobierno Federal para que el tardío y desarticulado Mecanismo de Protección a Periodistas funcione de manera efectiva en brindar asistencia oportuna a reporteros y comunicadores en situación de riesgo.
RECOMENDACIONES A LAS FUENTES GUBERNAMENTALES
1. Desarrollar una política de comunicación social que brinde a la sociedad información de calidad de manera constante, oportuna y transparente respecto a las acciones que se implementan en materia de prevención y combate al delito, con miras a favorecer espacios para la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
2. No diseñar estrategias de comunicación social con un lenguaje verbal y de imágenes que viole el derecho de presunción de inocencia.
3. Eliminar la práctica sistemática de exhibir ante los medios de comunicación a personas detenidas.
4. Elaborar un protocolo de comunicación social mínimo que defina las reglas de cuando -por excepción y sólo por interés público- se exhibirá a un acusado y/o arraigado ante los medios, ciñéndose al respeto del derecho a la personalidad, a la propia imagen, a la privacidad y a la presunción de inocencia.
5. No impulsar juicios paralelos que busquen minimizar la gravedad de un delito frente a la opinión pública, al señalar de manera inmediata y sin pruebas contundentes que la causa de que ciertas personas hayan sido víctimas de violencia es su relación con el crimen organizado.
6. Abstenerse de filtrar a los medios de comunicación información contenida en averiguaciones previas dentro de una investigación penal; ello es ilegal y puede vulnerar derechos como la presunción de inocencia, la propia imagen, la intimidad y el honor.
7. Evitar la difusión de testimonios o confesiones de personas involucradas en hechos de violencia que atenten contra la dignidad de las víctimas o contribuyan a su doble victimización.
8. Evitar la difusión de la identidad de testigos protegidos, ello no sólo pone en riesgo el proceso judicial, sino también la vida del testigo colaborador.
9. Difundir información respecto a cada actualización de las etapas de la investigación y/o proceso jurisdiccional que involucran a un particular, así como rectificar y borrar posteriormente la información en que se haya cometido un error en perjuicio de un particular.
10. No enviar mensajes donde se plasme una concepción de justicia penal diferente a la establecida en la Constitución. La cual en términos muy generales abarca, por una parte, la acusación del Estado en contra de un individuo o grupo de individuos y luego un proceso judicial que determinará la responsabilidad de éstos. La justicia penal constitucional no se agota con la mera acusación y aprehensión.
11. No otorgarle a las personas acusadas de delitos relacionados con el crimen organizado, y muchos menos si éstas son confesas, la calidad de fuente informativa.
12. No utilizar el lenguaje del crimen organizado para evitar la reproducción de su imaginario y valores. El uso de este lenguaje limita las explicaciones de las causales de los hechos de violencia.
13. No enviar mensajes que sean contrarios a la idea del Estado como único impartidor legítimo de justicia.
A partir de mayo de 2011, a través del análisis de los procesos de comunicación pública de la violencia, el Observatorio ha formulado recomendaciones tanto a las autoridades como a los medios de comunicación, cuya finalidad es generar un catálogo de buenas prácticas.
A continuación se presenta una recopilación de las recomendaciones emitidas en los 6 informes publicados a la fecha.
14. No convertirse en caja de resonancia de los mensajes del crimen organizado a través de su difusión a los medios de comunicación.
15. Proteger, de acuerdo a los más altos estándares, los derechos a la honra y la reputación sin distinciones en los procesos judiciales seguidos en contra de elementos civiles o militares.
16. Facilitar el acceso a información a las y los periodistas para verificar datos y hechos noticiosos. Se reprueba los actos de autoridad encaminados a obstaculizar el flujo de información en torno a los hechos de violencia en el país.
17. Manejar las redes sociales de manera responsable y reflexiva.
18. Contar con protocolos de comunicación para el manejo de crisis o ante eventualidades que requieran una rápida comunicación a los medios y la ciudadanía.
RECOMENDACIONES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. Hacer públicos sus criterios editoriales, especialmente los que se refieran a la cobertura informativa de la violencia.
2. Establecer a los ataques contra la prensa como una prioridad en la agenda informativa. Dar seguimiento a los casos de agresiones contra medios y periodistas. Asimismo, continuar desarrollando otros mecanismos de coordinación y solidaridad entre medios de comunicación.
3. Registrar los hechos del narcotráfico y la delincuencia organizada en toda su complejidad, incluyendo orígenes y consecuencias en los diferentes ámbitos, y no centrarse únicamente en la información inmediata relacionada con la violencia.
4. Contribuir en la construcción de una opinión pública informada y crítica, a través del adecuado tratamiento de la información sobre procesos judiciales.
5. Evitar difundir imágenes y símbolos utilizados por la delincuencia organizada para transmitir sus mensajes, o difundir el miedo, tales como fotografías de cuerpos desmembrados, con personas decapitadas o cuerpos con señales de tortura, es decir, todo tipo de mensaje emanado de los criminales.
6. Evitar utilizar el léxico o jerga empleado por los delincuentes tales como: “levantón”, “plaza”, “sicario”, “narcofosa”, “narcomanta” (en general, prefijos “narco”) “encobijado”, “capo”, “pase”, “comando armado”, ya que reafirma el imaginario social impuesto por la delincuencia y limita las explicaciones de las causales de la violencia.
7. Proteger la identidad de las víctimas de violencia emanada de la delincuencia organizada. Emplear recursos técnicos para la publicación de imágenes que permitan proteger la intimidad y dignidad de las víctimas de violencia y sus familiares.
8. Hacer una reflexión y ponderación sobre qué tipo de notas deben firmarse en aras de garantizar la mayor protección a sus periodistas.
9. Reconocer que las coberturas en vivo representan las de mayor riesgo en términos de pérdida de control de la agenda (que puede ser tomado por grupos delictivos). Por ello, se deben establecer protocolos sobre el manejo de la información en caso de situaciones como toma de rehenes, atentados, etc.
10. Procesar y difundir la información de las fuentes gubernamentales de manera crítica y reflexiva en el sentido de contrastar las fuentes y verificar los hechos.
11. En el tratamiento de información proveniente de fuentes dudosas o anónimas, verificar los hechos. El Observatorio recomienda contrastar la información y ser transparentes en cuanto a las fuentes y la motivación de presentar determinada información.
12. Difundir estrategias alternativas para enfrentar al narcotráfico. Abrir los medios al debate debe ser un compromiso con las miles de víctimas que ha dejado la violencia emanada del crimen organizado.
13. Construir la noticia de forma que permita a las audiencias dimensionar los hechos. No magnificar o distorsionar lo acontecido a través de narrativas subjetivas, imágenes y música. Al tratar los temas de violencia, el objetivo debe ser informar no entretener, dirigirse a la razón y no a los sentimientos de las audiencias.
14. Abstenerse de difundir información contenida en averiguaciones previas dentro de una investigación penal. En el caso de que otros medios difundan datos, exigir a las autoridades confirmar o desmentir la información que supuestamente se filtró desde la dependencia.
15. No publicar la identidad de testigos protegidos, ello no sólo pone en riesgo el proceso judicial, sino también la vida del testigo colaborador.
16. Evitar la difusión de testimonios o confesiones de personas involucradas en hechos de violencia que atenten contra la dignidad de las víctimas o contribuyan a su doble victimización.
17. Cuando se difunda información relacionada con un proceso judicial, señalar la etapa en que éste se encuentra. Los tiempos mediáticos no se corresponden con los tiempos judiciales, no todo avance investigativo es una sentencia que cierre el caso.
18. Realizar más y mejores investigaciones en torno a los abusos de los cuerpos de seguridad en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
19. Utilizar en mayor medida las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental para el desarrollo de las investigaciones periodísticas.
20. Dar continuidad a los casos de violencia a través de investigaciones periodísticas, ello debe ser un imperativo ético frente a las víctimas, con miras a combatir la impunidad.
21. Evitar cualquier tipo de prejuicio moral en la aproximación al tema del crimen organizado y la violencia. No incurrir en descripciones que se alejan de los hechos a partir de narrativas decisionistas que presentan a los actores en términos de “buenos” y “malos”.
22. Evitar la reproducción de especulaciones relativas a que las víctimas de violencia están involucradas en el crimen organizado. En ese sentido, se propone, por ejemplo, evitar el uso generalizado de la palabra “ejecución”.
23. Respetar la presunción de inocencia a través del manejo de la información, las imágenes y el lenguaje. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todos sus derechos.
24. Ante una detención, utilizar formulaciones tales como “a quien se acusa de”, “a quien la autoridades atribuyen la comisión de”, “a quien la autoridad señala como presunto...” Asimismo, se debe evitar utilizar términos propios de la jerarquía o división de labores de la delincuencia organizada tales como “sicario”, “jefe de plaza” cuando no ha habido una sentencia por parte del sistema de justicia que establezca al sujeto como tal.
25. Evitar reproducir imágenes difundidas por la autoridad que violenten la presunción de inocencia. En el caso de hacerlo, se propone reforzar la protección de este derecho a través del lenguaje.
26. Cuando se cubran detenciones, no sólo comunicar la detención, sino continuar informando el desarrollo del proceso judicial hasta la sentencia. La cobertura no debe agotarse en la captura.
27. Evitar la difusión del nombre, imagen y otra información concerniente a la vida privada de las personas detenidas.
28. En su caso, utilizar recursos técnicos que permitan resguardar la identidad de las personas detenidas, como podría ser difuminar el rostro. Difundir el modus operandi y zona de operación de la persona acusada de delito.
29. En casos de transmisiones en vivo, en las que resulta complicado hacer uso de los recursos mencionados, se sugiere a los medios mantener el control de la transmisión y evitar el uso de la planos cerrados que permitan la plena identificación de la persona detenida.
30. Reflexionar en torno a las posibles repercusiones de difundir información en casos de secuestro o desaparición de una persona, en particular, resulta conveniente analizar si la difusión de cierta información puede poner en peligro la vida o seguridad de la víctima. En este escenario, se recomienda establecer contacto con los familiares o personas allegadas a la víctima y analizar la conveniencia de difundir la información, así como su relevancia desde la perspectiva del interés público.
31. Ante rumores que generan pánico social, construir noticias a partir de información verificada que brinden certezas sobre los acontecimientos.
32. Difundir información respecto a las instancias a las cuales el público puede acudir para presentar denuncias, quejas u obtener asesoría o acompañamiento en caso de haber sido víctima de un delito.
jcp