Foto: Especial
A pesar de que no hay ninguna prueba en su contra y de que el mismo juez que lleva la caso, Ciro Juárez González, determinó que no existe ninguna certeza de quién cometió el homicidio, el empresario Manuel Samuel Castro Mercado, propietario de la planta Dina de Ciudad Sahagùn, Hidalgo y director de Motor Coach Industries México y Servicios Sahagún fue sentenciado a una pena de 15 años de prisión por el asesinato de un obrero de nombre Josué Matilde Cotonieto Sánchez.
Cotonieto apareció muerto en una banca ubicada frente a la empresa el 28 de enero de 2012 durante la toma de la empresa realizada por un grupo de extrabajadores de Motor Coach Industries México y Servicios Sahagún, y en la cual salieron a relucir balazos y armas de fuego de desconocidos.
El zafarrancho fue, según Castro Mercado, provocado por un grupo de personas encabezado por Artemio Vázquez “El Pajàro”, representante de los obreros, y un grupo de desconocidos que venían con el líder sindical portaban armas de fuego con las que intentaron apoderarse de la empresa.
“Se me quiere responsabilizar del homicidio de Josué Matilde Cotonieto como el autor ni intelectual ni material, por el simple hecho que me encontraba encerrado, junto con sus hijos, en la bóveda de un caja de seguridad, localizada en el interior de la empresa, a más de 20 metros del lugar donde se encontró a la persona fallecida”, apuntó Castro Mercado.
En entrevista en el interior del penal, el presunto culpable presentó copias certificadas del grueso expediente de la causa penal 48/2012, y señaló que hay una gran cantidad de inconsistencias en el proceso, las cuales habrían sido cometidas tanto por personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo como por Ciro Juárez González, juez tercero de lo penal.
“El juez ha sacado del expediente diversos documentos que demuestran que ni el personal de seguridad de la empresa ni yo cometimos el homicidio de Josué Matilde Cotonieto, como son el peritaje que realizó la perito Gómez Ortiz al exterior de la empresa donde halló el cadaver, a 22 metros de la empresa y con una herida de entrada y otra de salida", indicó.
A partir del estudio de medicina legal, se estableció que la muerte de Josue Matilde Cotonieto se debió a una herida por arma de fuego, con orificio de entrada y salida, dirección de arriba hacía abajo, y que había un tatuaje de pólvora alrededor del labio de la lesión.
Carlos Pratt Strafon, abogado defensor de Manuel Samuel Mercado, reveló que de acuerdo a las pruebas de balística, se determinó que la “estrella” de pólvora del cuerpo se realizó a un máximo de 80 centímetros, lo que descarta la versión de que fue a causa de un disparo realizado a más de 20 metros desde el interior de la factoría.
“Un disparo desde una distancia mayor no deja ese tipo de marcas por lo que se deduce que fue asesinado por alguna persona que estaba junto a él, a boca de jarro y parado desde una parte superior, tal vez banca donde se encontró el cadáver. Esta versión descarta la versión referente a que algunos empleados de Manuel Samuél Mercado hubieran perpetrado el homicidio, ya que había una gran cantidad de trabajadores, como Isidro del Razzo y Jeines Jardines Leyva, quienes en sus declaraciones no dijeron haber visto que alguien hubiera matado a su compañero a tan corta distancia, a menos que los mismos obreros lo hubieran realizado” agregó el jurista.
Asimismo, otra irregularidad en el caso son las discordancias que existen en cuanto a la hora en que murió Josue Matilde Cotonieto
Algunos de los seguidores de Artemio Vázquez “El Pájaro”, como Isidro del Razzo y Jeines Jardines Leyva, en las primeras declaraciones ante el ministerio público indicaron que Josué Matilde Cononieto se encontraba con el grupo de obreros en las afueras de la empresa entre las 11:30 de la mañana y las 12 del día.
Sin embargo, una bitácora de valoración de urgencias elaborada por la doctora Lorena Velázquez de la clínica del IMSS de ciudad Sahagún, señala que el día de los hechos Cotonieto ingresó al hospital alrededor de las 11:30 de la mañana en estado hipotérmico, sin signos vitales y con heridas de arma de fuego en la cara posterior del tórax derecho.
“Por lo que declaran los obreros, él (Cotonieto) se encontraba vivo entre 30 minutos y una hora después de que se había emitido su acta de defunción y se encontraba en la morgue del IMSS” remató Pratt.
En otro de los oficios que había aportado la defensa del empresario para probar que el no accionó ningun arma, ni mucho menos ordenó a los elementos de seguridad disparar contra los trabajadores, perteneciente al secretario de seguridad pública del municipio de Tepeapulco –al que pertenece Ciudad Sahagún - Jesús Carlos Bahena Olvera, se encontró que el director de la empresa se hallaba escondido con otras personas en una bodega, tratando de protegerse de cualquier agresión. De acuerdo a Bahena, el empresario, junto con sus hijos y otras personas fueron rescatadas y luego entregadas a elementos de Seguridad Pública estatal.
“Este documento también fue sacado del expediente por Ciro Juárez”
No obstante, en un parte de seguridad pública estatal se señala que Manuel Castro y tras personas fueron encontradas en el interior de la empresa y con armas, lo cual es falso.
Añadió que fue trasladado a Pachuca con sus hijos, pues en la capital hidalguense, "me jalan a mis hijos y a mí aparte", cuando un jefe de la policía tomó al menor de sus hijos, "un chamaco de 16 años le mete la pistola en la boca y dice: 'o firmas ahorita y te largas, o se los carga la ----', recordó.
“Lo que pretendían era que firmara un documento de cesión de la empresa a 'El Pájaro', lo que no acepté”
Tras ser detenido, Samuel Castro fue sometido a la prueba de radizonato de sodio a la misma hora, que se le hizo a un sujeto identificado como Daniel Velasco Caballero que iba con el grupo de sindicalistas quien dio positivo por disparo, pero días después fue liberado.
“Esto hace suponer que se cambiaron las pruebas; es decir las practicadas a Daniel Velasco, quien si tenía pólvora en las manos, fueron acreditadas a Samuel con el fin de inculparlo” aseveró Pratt.
Otra situación grave fue que Samuel Castro nunca tuvo un abogado defensor que lo representara, ya que el jurista de oficio Salvador Ramos Ugalde nunca protestó el cargo ni se presentó en las audiencias para defender a Castro. Firma en la ficha de trabajo en la que avalaba haber desempeñado su cargo.
“Todas estas irregularidades le valieron al Juez Ciro Juárez, quien tras reconocer que no había ninguna certeza de quién había cometido el homicidio, dictó 15 años de cárcel a Samuel sin tomar en cuenta que su declaración ante el ministerio público no tiene validez”.
De acuerdo al jurista, el encarcelamiento se debe más a una situación de carácter político encaminada a obligar a Samuel Castro a regresar la empresa a Artemio Vázquez “El Pájaro”.
“Por lo que hemos investigado, este señor se la pasa metiendo a la cárcel, en conturberio de jueces y funcionarios corruptos” agregó Manuel Castro Mercado.
“Hace algunos días, los abogados de Vázquez Peña me dijeron que quedaría libre si regresaba la empresa a este señor a través de la coordinación del gobierno de Hidalgo lo cual no acepté porque estoy consciente de que soy inocente”.
Compra riesgosa
De cómo fue que adquirió la empresa Dina de Ciudad Sahagún, Samuel Castro, en su calidad de director de la empresa armadora de Pacific International, reveló que se derivó de una propuesta que le hicieron en 2010 el hoy senador Ernesto Cordero Arroyo y Bruno Ferrari, secretario de Finanzas durante la administración de Felipe Calderón.
“Cuando compramos, en el 2010 llegamos por (Bruno) Ferrari y por el senador (Ernesto) Cordero. Nos ofrecieron las instalaciones porque estábamos pasando ya el camión armado de China a Centro América, a Guatemala y no pasamos por México” revelò
“Entonces ellos me contactaron en la embajada (de México) en Guatemala y se empieza a hacer la invitación para traerlo a México”.
Al final se acuerda que el costo de la adquisición de la planta Dina es de 170 millones de dólares.
Para su desgracia, lo que parecía ser un buen negocio se convirtió en toda una pesadilla, sobretodo porque funcionarios del gobierno de Hidalgo en conturberío con el líder sindical Artemio Vázquez “El Pájaro” lo extorsionaron en diversas ocasiones para finiquitar el adeudo de la compra.
Días después de presentar la propuesta económica comenzaron las extorsiones, primero por parte de Elías Javier Valdespino hermano del finado Manuel Angel Valdespino Villagrán quien fue considerado como forjador de varios políticos locales, entre ellos el actual secretario de gobernación Miguel Osorio Chong y Alberto Meléndez, exalcalde de Pachuca.
Valdespino fungía como representante del gobierno y de los trabajadores, quien pidió 5 millones de pesos de extorsión a cambio de la condonación de 22 millones de pesos.
“Según Vadespino, la propuesta de condonación era por instrucción del en ese momento gobernador Miguel Osorio Chong, quien no obstante tal como averigüé después, no tenía conocimiento de esta situación”.
Así las cosas, se suceden las extorsiones de manera frecuente sin que se haya logrado la condonación de los 22 millones de pesos.
Al final de cuentas "Se cierra la transacción y empiezan los problemas con Artemio Vázquez Peña porque se hace un contrato donde dice que, todos los pagos que se hagan para pagar el dinero que se adeude a la empresa automotriz, tendrán que ser a una cuenta de HSBC", situación con la que el dirigente sindical no estuvo de acuerdo ya que quería que el dinero se le pagara a él directamente.
Tras aclarar que Artemio Vázquez y que sus seguidores no eran empleados de su empresa Motor Coach Industries México y Servicios Sahagún, antes Din, ya que según los registros del IMSS “ya han sido jubilados” y que más bien son copropietarios, estos nunca recibieron los 30 millones de pesos que se les entregó a través de Artemio Vázquez Peña.
Así las cosas, el empresario acordó con Aunard de la Rocha, titular de la Secretaría de Economía de Hidalgo, un pago de 10 millones de pesos “el cual sería la última cantidad que se les entregaría”.
Se acordó que el día del pago sería el 28 de enero de 2012. “Se empieza a pagar a la gente. No sé cómo Artemio Vázquez Peña se entera de esto; llega con 40 gentes y 10 gentes profesionales, que tenemos noticias que son de Iztapalapa" tras lo cual se generó la balacera a eso de a las 11:30 horas, en la puerta 2, a mil 300 metros del corporativo. Posteriormente apareció muerto Josué Matilde Cotonieto y me acusan a mí de haberlo asesinado, aun cuando la herida que presenta prueba que fue a quemarropa, a menos de 80 centimetros cuando yo me encontraba escondido en una caja fuerte en el interior de la empresa a más de 20 metros de distancia", sostiene.
Aunque la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo emitió una recomendación donde confirmó la existencia de violaciones a sus derechos fundamentales e irregularidades en el proceso, ésta no pidió actuar contra autoridades de primer nivel.
Ante ello, el empresario se presentó a instancias internacionales para denunciar las irregularidades en que incurrió la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, que lo detuvo y acusó del homicidio.
De igual forma acudió a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, organismo que le solicitó interponer una denuncia penal contra las autoridades que violaron sus derechos humanos, para poder continuar con su caso.
Finalmente, presentó un recurso denominado “inconformidad de veredicto” contra la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, que no pidió actuar contra autoridades de primer nivel involucradas en este caso.
El recurso presentado ya está en manos de Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien analiza la petición del empresario de sancionar al procurador de justicia hidalguense Alejandro Straffon Ortiz; por ello se inició el expediente CNDH-3-2013-276-RI.
Finalmente, Manuel Samuel Castro Mercado exige al senador perredista por el estado de Guerrero, Armando Ríos Piter, una rectificación a declaraciones que hizo hace dos años, cuando era diputado federal de que se ejerciera acción penal en su contra ante el pleno del Poder Legislstivo.
“Hace unos días pude hablar con él y me dijo que lo disculpara y que esa declaratoria que hizo él y otros diputados –inscrita en la Gaceta Oficial del Congreso- fue por malas informaciones que recibieron de funcionarios del gobierno del estado y que pronto iba a haber una rectificación”.
De acuerdo al empresario, Ríos Piter le confió que días después de que se originó el incidente, ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social pagar las pensiones a los obreros “pero el IMSS le informó que todos estaban pensionados y que eran copropietarios de Motor Coach Industries”.
