La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) afirmó que sus advertencias sobre consecuencias jurídicas y multas a funcionarios de casilla que decidan participar en la elección judicial tienen fundamento.
Lo anterior en respuesta a las declaraciones de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, quien este lunes calificó como “perversas” las advertencias a los funcionarios de casilla.
Taddei tacha de “absurdas” las advertencias de la JUFED
En conferencia de prensa tras la sesión extraordinaria del Consejo General, la consejera presidenta se refirió a la “narrativa perversa” de la JUFED y señaló como “el colmo de los absurdos” advertir consecuencias para ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casilla en el proceso de elección de jueces. magistrados y ministros.
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Esto, debido a que el pasado 6 de enero la JUFED recordó que se han ignorado las suspensiones judiciales para frenar la reforma al Poder Judicial, por lo que funcionarios del INE podrían enfrentar consecuencias jurídicas y “llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en las mismas conductas sancionables”.
“[Es] el colmo de los absurdos, el absurdo más extremo llegar a pensar que los funcionarios y funcionarias que van a participar, porque es un hecho que van a participar con nosotros, correrían algún riesgo. Falso totalmente, y es verdaderamente perversa el intento de esa narrativa de que se coloque como narrativa principal en nuestra prensa y en nuestros medios de comunicación. Es como pensar que a todos los que acudan a votar el día de la elección también serán sancionados”Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE
JUFED insiste: advertencias no son “perversas”, es un “llamado preventivo”
Este 13 de enero, en respuesta a Guadalupe Taddei, la JUFED insistió en que el incumplimiento de las suspensiones judiciales podría derivar en consecuencias, lo que, considera, “no es una postura ‘perversa’, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente”.
A través de un comunicado, argumentó que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción, y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen el sistema de justicia.
JUFED asegura que las declaraciones que ha realizado son con la finalidad de proteger a la ciudadanía.
“Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho”, precisó.
cehr
