La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejará vigentes 12 de las 20 reformas aprobadas por el Senado de la República en el llamado “viernes negro”, que fueron impugnadas por la oposición, la cual acusó violaciones en el proceso legislativo, esto ante la falta de un voto.
El Pleno de la Corte desestimó las primeras dos acciones de inconstitucionalidad de dicho paquete de impugnaciones, pues no se logró la mayoría calificada de ocho votos para invalidar las reformas a la “ley antifentanilo” y a la Ley General de Bienes Nacionales. Ambos proyectos resultaron con siete votos contra tres, de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Ésta es la primera vez desde la salida del ministro Luis María Aguilar Morales que el llamado bloque opositor en la Corte no alcanza a invalidar reformas prioritarias impulsadas por el Gobierno federal y sus bancadas en el Congreso.
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El Pleno discutió el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía invalidar el decreto de reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, promulgada el 3 de mayo de 2023, conocida como Ley antifentanilo.
González Alcántara Carrancá consideró que hubo tres principales violaciones al procedimiento legislativo: que los legisladores realizaron la sesión del 24 de abril del 2023 en un lugar distinto, el Palacio de Xicoténcatl, al originalmente citado, la sede del Senado; que la aprobación del decreto impugnado no se realizó mediante votación nominal, como marca la ley; y que no se publicó el dictamen en la Gaceta oficial con la antelación requerida para permitir su estudio.
“Esto demuestra que los senadores y senadoras no tuvieron tiempo para conocer y estudiar el contenido de lo que discutirían y de lo que votarían. A esto se suma el hecho de que en la sesión efectuada el 28 de abril se aprobaron 20 dictámenes, de los cuales 14 fueron de la primera lectura y fueron publicados exactamente ese mismo día.
“La cantidad de dictámenes y el corto plazo para su lectura y para su estudio suman para concluir que los integrantes del Senado no tuvieron la oportunidad debida para estudiar el dictamen que discutieron y que votaron”, dijo el togado.
