Jueces federales opuestos a la reforma judicial criticaron el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que se trata de una orden encubierta para dejar el camino libre para la elección de junio próximo.
“En el proyecto propone ordenar a los jueces que en el plazo de 24 horas revisen sus decisiones y las ajusten a esa jurisprudencia. Allí, pretendidamente con prudencia, dice el proyecto que con libertad de decisión, hagan lo que tengan que hacer.
“Pues si están diciendo que la jurisprudencia les obliga y que ya le habían dicho y que tienen que seguirla, decir que ‘con libertad de decisión’, ya es un eufemismo, es una orden encubierta para que cambien su decisión y dejen sin materia las suspensiones que han otorgado en estos juicios de amparo”, señaló en conferencia el magistrado Juan José Olvera López.
- El Tip: Los Jueces criticaron en conferencia los perfiles de algunos aspirantes ya que consideraron no cuentan con conocimientos necesarios para ocupar esos cargos.
Dijo que este proyecto reconoce que se trata de un conflicto competencial, pero argumenta que la trascendencia del caso justifica la intervención de la SCJN en el tema de fondo de la postura de los jueces.
“Lo decimos claramente para que estemos atentos al debate del jueves, que no veamos este proyecto como lo que de entrada en los primeros días se vio, una llamada de atención, un alto total al Tribunal Electoral y Auditoría de Responsabilidades. Al final eso se queda como anécdota”.
“Lo que es relevante para la decisión es que está realmente ordenando de una manera indirecta que se revoquen las suspensiones de amparo y entonces le da el camino libre a las autoridades electorales para que continúen con lo que hasta hoy son claras violaciones a estas suspensiones de amparo”, aseguró.
En su oportunidad, el magistrado Rogelio Alanis enfatizó que el debate en los juicios de amparo versa en “si esta reforma le pega o no a otros derechos fundamentales”, pues inicia por la destitución de miles de jueces para someter sus cargos a elección popular, y no en si se puede suspender un proceso electoral aprobado por el Congreso.
