La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de criterios sustentada entre diversos tribunales colegiados de circuito, por lo que las autoridades de Coahuila deben garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El pleno aprobó por unanimidad el proyecto que estuvo a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, quien señaló:
“En el proyecto se destacan algunas de las consideraciones que llevaron al Pleno a invalidar las normas impugnadas en aquel asunto. El derecho a la salud es indispensable para decidir sobre la vida reproductiva y debe protegerse sin discriminación, asegurando acceso a los servicios para los sectores más vulnerables. Las mujeres y personas con capacidad de gestar deben tener acceso universal a servicios amplios de salud sexual y reproductiva”.
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Se debe contar con infraestructura médica, señalan
“Es necesario prevenir riesgos asociados con abortos inseguros, garantizando acceso oportuno a servicios de aborto para preservar la salud, no basta con garantizar la libertad de decisión. Es fundamental contar con infraestructura médica adecuada, segura, accesible y de calidad. Así, el Estado está obligado a garantizar que en los hospitales públicos se brinde acceso al derecho a la salud con los más altos estándares de calidad”, expuso el togado Laynez Potisek.
Dos tribunales colegiados sostuvieron que, derivado de los derechos constitucionales y convencionales, así como de lo resuelto por la Corte en una acción de inconstitucionalidad, existía una obligación de las autoridades locales del sistema de salud de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.
Por el contrario, otro Tribunal Colegiado resolvió que no podía sostenerse esa obligación, porque no existía un mandato específico para las autoridades en la Constitución Federal o en las leyes, y la obligación no podía derivar de una sentencia del Alto Tribunal en la que no fue parte una determinada entidad federativa.
La Corte destacó que, para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan efectivamente ejercer su derecho a interrumpir de manera voluntaria su embarazo, resulta indispensable que existan servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad que les permitan hacerlo.
Con todo lo anterior, las autoridades locales del sector salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar específicamente el acceso al aborto electivo o voluntario.
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