A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), este martes la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó a todas las dependencias del estado a coadyuvar en las labores de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que solicitará recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El decreto “por el que se fortalecen los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, instruyó a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus competencias. “coadyuven con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda para fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas, asegurando la efectiva implementación de estrategias, herramientas y metodologías especializadas”.
Comisión Nacional de Búsqueda podrá pedir recursos a Hacienda
La jefa del Ejecutivo estableció que la CNB solicitará a la SHCP “las herramientas y recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, para garantizar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas”.
Hacienda, por su parte, deberá autorizar las “adecuaciones presupuestarias” que demande la Comisión Nacional de Búsqueda para poder llevar a cabo sus labores.
El decreto también establece el fortalecimiento de la CNB para ampliar su capacidad de “atención, análisis de contexto, adquisición, así como el uso de equipos y herramientas tecnológicas que fortalezcan acciones de búsqueda con evidencias científicas”.
Decreto para fortalecer la CNB, en vigor desde este 18 de marzo
De a cuerdo con la publicación en el DOF el decretó entró en vigor este 18 de marzo y tendrá vigencia presupuestal en el 2025 y “con posibilidad de ser revisado para su extensión a ejercicios fiscales subsecuentes”.
Entre las consideraciones, el decreto señala que es “prioridad” del Estado Mexicano “fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas para garantizar la protección integral de sus Derechos Humanos como el acceso a la justicia y el derecho a la verdad”.
Asimismo, reconocer que el Estado “tiene la obligación” de llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas a través de la “debida coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, sí como las Fiscalías y Procuradurías de Justicia, evitando la impunidad y fortaleciendo el acceso a la justicia”.
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