El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los gobiernos federal, estatal y municipal, así como cualquier institución pública o funcionario, no podrán emplear recursos públicos para promover la elección judicial, con lo cual, aseguró, busca garantizar la equidad e imparcialidad en la jornada electoral del 1 de junio.
A propuesta del consejero Arturo Castillo, el INE aprobó lineamientos que impiden a las autoridades o instituciones crear espacios para difundir perfiles de candidaturas o fomentar la participación ciudadana en los comicios.
Castillo argumentó que la promoción del voto es una facultad exclusiva del INE, conforme al artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para fines distintos a los institucionales.
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El consejero Uuc-kib Espadas precisó que, durante la campaña electoral, los gobiernos solo podrán difundir información sobre salud, educación y protección civil. En caso de estar interesados en fomentar la participación, podrían ceder sus tiempos oficiales al INE para que este realice la difusión de manera imparcial.
Por otro lado, la consejera Claudia Zavala hizo referencia a las conferencias matutinas de la Presidencia y a un spot del Poder Ejecutivo, los cuales, señaló, deben ajustarse a los principios de neutralidad.
En contraste, la consejera Norma de la Cruz sostuvo que, al tratarse de una elección inédita, donde los candidatos fueron postulados por los tres Poderes de la Unión, se podría permitir un apoyo limitado para incentivar la participación ciudadana, siempre que no se favorezca a ningún aspirante. Sin embargo, esta postura solo fue respaldada por los consejeros Jorge Montaño y Guadalupe Taddei.
Además de las restricciones para funcionarios, el INE estableció que asociaciones religiosas y ministros de culto no podrán influir en la contienda ni utilizar sus canales de difusión para promover candidaturas. También se fijaron límites en los contenidos de campaña y regulaciones para la realización de foros de debate.
Por otra parte, se definió el Marco Geográfico Electoral para los estados de Nayarit, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con el fin de establecer las demarcaciones territoriales de los comicios. Asimismo, se aprobó el plan de difusión sobre las candidaturas y el procedimiento de acreditación para observadores electorales.
El proceso electoral extraordinario contempla la elección de 881 cargos federales, incluyendo magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales electorales y jueces de distrito. Un total de tres mil 442 candidatos iniciaron campaña este 30 de marzo, y más de 100 millones de ciudadanos están convocados a participar en la votación del próximo 1 de junio.
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