En el arranque de campaña de los candidatos al Poder Judicial (PJ) se registraron posibles faltas al reglamento que aprobó el INE, en particular de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Destacan la organización de eventos masivos costosos entre las presuntas infracciones; además, la falta de recursos del instituto complica la vigilancia del proselitismo.
“En teoría, estos ejercicios de arranques de campaña deberían de estar prohibidos y, en teoría, lo que tendríamos que haber visto tendrían que haber sido puros ejercicios novedosos. No fue el caso de los arranques de campaña de las tres ministras en funciones que están en la boleta y que buscan mantenerse en el cargo”.
“Seguramente lo van a intentar maquillar diciendo que fue una invitación académica, que ellas no pagaron nada, pero, al final de cuentas, el INE sí prohíbe que otras personas fondeen estas campañas; ya veremos qué pasa con el tema de la fiscalización”, explicó en entrevista con La Razón la subdirectora de riesgo político de Integralia, Paulina Creuheras.
- El Dato: Un candidato puede gastar entre 220 mil pesos para jueces y un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos para candidaturas en instancias superiores.
Indicó que, desde la consultora, no habían detectado otros arranques de campaña del estilo que hicieron las ministras en funciones Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. “Pero bueno, estos tres sí se marcan dentro de lo prohibido por el INE”.
Destacó que los eventos de arranque de campaña de las togadas del domingo fueron en un auditorio con videos profesionales, cientos de personas sentadas, audio y video, lo que indica que fueron eventos costosos.
Apuntó que, por las características de la reforma, en las campañas, los candidatos no pueden utilizar recursos públicos ni privados, sólo gastos personales que provengan de los fondos de la persona interesada, mismo que calificó de absurdo.
“Por diseño es absurdo, por diseño se emitieron esas reglas y casi me atrevería a decir que están hechas para romperse, pero es una contradicción porque se supone que estas personas por las que vamos a votar son las personas encargadas de que se cumpla la ley”, refirió.
Indicó que las ministras de la Suprema Corte de Justicia son servidoras públicas y el dinero que se les paga proviene del Gobierno. Esto significa que están utilizando recursos públicos para financiar sus campañas, lo cual está prohibido.
De igual forma, Paulina Creuheras consideró que las faltas deberían ser sancionadas con rigor, ya que las reglas están en la Constitución y en la ley, y que, además, el INE tiene la obligación de aplicarlas de manera imparcial.
En este contexto, Creuheras dijo que el INE necesita “más ojos, oídos y gente para reforzar la seguridad”. Sin embargo, la realidad es que el INE tiene un presupuesto recortado, lo que limita sus capacidades para fiscalizar y funcionar.
“La realidad de las cosas es que le recortan el presupuesto, entonces esto necesariamente incide en estas capacidades del INE para fiscalizar y funcionar. Y, además, si antes tenía limitantes, aun cuando tenía más presupuesto, ahora con menos presupuesto y muchas más candidaturas lo tiene más complicado”.
“Son demasiadas candidaturas, así que va a estar muy complicado. El INE parte de la base de que las candidaturas reportan sus gastos; se habilitó un portal para ello, seguramente va a haber muchos no reportados. El INE podrá indagar un poco más en los casos más visibles, pero en las candidaturas que son más a jueces de distrito o tribunales colegiados, pues lo será un poco más complicado; no tiene elementos ni la infraestructura para hacerlo a la perfección”, mencionó.
Denuncian disparidades económicas en el proceso
| Por Ulises Soriano
Delia Quiroa, candidata a jueza de Distrito en Sinaloa y madre buscadora, argumentó que, en el inicio de las campañas judiciales, las restricciones “no se están siguiendo”; además, señaló que hay una brecha económica para llevar a cabo la campaña.
“Las restricciones no se están respetando, y pues la brecha que hay en lo económico, en la que quien tenga dinero va a poder hacer campaña y quien no va a andar batallando, como yo; pues también nos pone en una clara desventaja”, dijo Quiroa Flores en Al Mediodía con Solórzano.
- 9 lugares en la Suprema Corte se elegirán el 1 de junio
Mencionó que también hay bots en las redes sociales y atacan a quienes no están de acuerdo “con que se exponga la verdad y la realidad de los hechos. Vi campañas muy bonitas con mucha gente muy feliz y a mí me tocó hacer campaña en un hospital pediátrico donde la gente está sufriendo, donde los niños están llorando de dolor. Yo estoy poniendo la realidad de lo que hay, lo que es”.
Argumentó que las reglas de las campañas “todavía se siguen modificando y no han quedado bien establecidas, pero era lo que se esperaba con una reforma tan al vapor y era lo que esperábamos”.
Dijo que su principal motivación para estar en la contienda electoral judicial es “porque la gente me lo pidió”. Comentó que es mejor no dejar los cargos a gente que ha pasado toda su vida “detrás de un escritorio” sin conocer cómo es que “se vive en la calle o cómo es la realidad”.
Sin embargo, aseguró que el objetivo de su campaña es “informar a la gente qué es un juicio de amparo y para qué sirve; o sea, el juicio de amparo sirve para hacer valer tus derechos porque, lamentablemente, en México, no los ejercemos libremente, hay que pelear por ellos”.
Mencionó que este juicio sirve para hacer valer los derechos humanos que ya están enmarcados en la constitución: “Si lo hubiera sabido cuando desapareció mi hermano me hubiera ayudado. Si no gano, no importa; informo a la gente para qué sirve, qué es y cuál es la función de un juez de distrito”.