De acuerdo con la organización Artículo 19, gracias a un trabajo judicial de litigio por parte de WhatsApp y de la empresa de origen israelí NSO Group, se dio a conocer que en México habría hasta 456 personas que fueron vigiladas con el software Pegasus.
Lo anterior habría ocurrido en el periodo comprendido entre abril y mayo del 2019, dentro del primer año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que sugiere la verdadera escala de la vigilancia ilegal en México y la gravedad del encubrimiento de estos abusos por parte del gobierno mexicano”.
En un comunicado, la organización destacó que la colaboración de la aplicación de mensajería de Meta fue una base para arrojar los datos, pues fue la encargada de entregar un listado en donde se detalla que mil 233 personas fueron víctimas del espionaje y que México fue el más afectado con 456 personas, seguido de la India con 100 casos y Baréin con 82.
Artículo 19 exige a Sheinbaum investigar espionaje con Pegasus
Artículo 19 detalló que lo anterior es una fiel representación de lo importante que han sido los programas de vigilancia a nivel estatal como lo ha sido Pegasus y recordó que dicha práctica ha sido negada en reiteradas ocasiones por los gobiernos en turno, sin embargo, los datos indican que en nuestro país se suscitaron hasta el 37% de los delitos.
La organización dijo que en 2022, dentro de la operación Ejército Espía, se reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría firmado un contrato en donde aceptaban un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” vinculado con la empresa Comercializadora Antsua (misma que tiene los derechos para la venta de Pegasus).
Debido a los hechos, Artículo 19 hizo un llamado a la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda y elimine “la impunidad militar”, e inicie una investigación parcial e independiente de los datos de las indagaciones y una regularización de las facultades que tiene el Estado para vigilar al pueblo de México.
Ante este panorama, Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales consideraron urgente eliminar la impunidad y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del espionaje ilegal.
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