Funcionarios públicos en funciones o que recientemente dejaron sus cargos, cercanos a gobernadores, a partidos políticos, e incluso un integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, forman parte de las listas de aspirantes a integrar los supertribunales de disciplina judicial, órganos de nueva creación con la reforma judicial, y en quienes recaerá la función de vigilar y sancionar la conducta de los juzgadores, e incluso ordenar su destitución.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), a nivel federal y local, cuyos integrantes también serán electos por voto popular el 1 de junio, y que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y estatales en materia disciplinaria, estarán integrados en su mayoría por cinco personas.
- El Dato: Con la llegada del TDJ dejará de existir lo que se conoce como “libertad de jurisdicción”, que hoy evita que las resoluciones puedan ser cuestionadas o revisadas.
Tras su designación podrán incluso solicitar juicio político e interponer denuncias contra jueces en caso de contravenir las causales establecidas en la Constitución, y sus decisiones serán inatacables.

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A nivel federal, de los cinco asientos del órgano que estarán incluso por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los 41 candidatos, 15 son cercanos al Gobierno federal.
Algunos de ellos son Celia Maya, Eva Verónica de Gyves y Bernardo Batiz, quienes actualmente se desempeñan como consejeros del CJF, y quienes tuvieron pase directo a la boleta por iniciativa del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a pesar de que ello no está establecido en la reforma judicial.
También se encuentran Jaime Santana Turral y José Artemio Zúñiga Mendoza, ambos cercanos al exministro Arturo Saldívar. El primero fue titular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura, y el segundo, juez señalado de presuntamente ceder a presiones del expresidente de la Corte.
- 19 estados también renovarán su Poder Judicial el 1 de junio
Esto también se repite a nivel local en las 19 entidades donde habrá elección judicial, y donde, en varios casos, se trata de personas que se desempeñan o se han desempeñado en las consejerías jurídicas de los estados y que son cercanos al gobernador en turno o al partido en el poder.
Algunos de estos casos son, en Baja California, Manuel Nahúm Rodríguez Chávez, secretario particular de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien busca formar parte de dicho órgano disciplinario. También Julio César Díaz Meza, quien es subconsejero jurídico del estado.
En Tabasco destacan figuras cercanas al morenismo, como Madeleine Casasus Ruz, hermana del secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de la entidad, Daniel Casasus Ruz; Libertad Blanco Morales, morenista exaspirante a la alcaldía de Nacajuca y a diputada local, así como María de Lourdes Rabelo Estrada, directora de Denuncias y Verificación Patrimonial de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
En Michoacán, José Alfredo Flores Vargas, quien fue suplente del hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuando se desempeñó como diputado en la LXXIV Legislatura, y quien actualmente ocupa la dirección del Instituto Registral y Catastral del estado.
En Tamaulipas destaca el caso de Andrés García Repper, exrepresentante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, quien fue integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, y quien se postuló mientras se desempeñaba como integrante de ese órgano y entrevistaba a otros aspirantes a juzgadores.
En Ciudad de México, de los 31 candidatos destacan Nahyeli Ortiz Quintero, quien es directora ejecutiva de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Asimismo, Sara Alicia Alvarado Avendaño, quien es asesora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
En este contexto, Eliud Tapia, abogado y profesor de Derechos Humanos de la Escuela Federal de Formación Judicial, considera que por dichas candidaturas y las acciones que quedarán en las manos de los cinco, “más bien lo que se busca es controlar las decisiones judiciales”.
“Va a generar que los jueces se comporten de manera que sólo agrade al régimen. Si alguno que no esté controlado por el poder político es electo, el Tribunal de Disciplina Judicial se asegurará de que no se salga de la actuación que se esperaría de los jueces”.
Dentro de las atribuciones que otorga la Constitución a dichos tribunales se encuentra que, al interior del Tribunal, la segunda instancia no es independiente de la primera, contrario a lo que señalan los estándares internacionales.
“Una mayoría de las personas que van a resolver en segunda instancia ya estaban en la primera instancia. Esto implica que la segunda instancia, veo difícil que pueda, digamos, contradecir la decisión que se tomó en primera instancia. Esto hace pensar que las decisiones que va a tomar este tribunal, efectivamente, y difícilmente van a poder ser revertidas”, consideró Laurence Pantin, directora de la organización Juicio Justo, y co-coordinadora del Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey.
Otro tema que preocupa a los especialistas en materia electoral son las causales por las cuales se podrá investigar y, en su caso, sancionar a las personas juzgadoras, pues la Constitución establece conceptos que son “muy generales”.
Ordena INE quitar posteos de Facebook
› Por Sergio Ramírez
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar las publicaciones en redes sociales de los candidatos a ministros, magistrados y jueces, en aras de la equidad en la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación (PJF) del 1 de junio próximo.
Durante la sesión, el órgano colegiado resolvió seis medidas cautelares por probable vulneración al principio de inequidad en la contienda, la supuesta comisión de hechos que podrían constituir Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) y por la presunta vulneración al interés superior de la niñez.
Al resolver la denuncia que presentó Guillermo Ricardo Salinas Luca en contra de la candidata a ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, por la presunta difusión de propaganda en diversos perfiles de Facebook, transgrediendo disposiciones en materia electoral, la comisión consideró procedente la adopción de medidas cautelares, por lo que se ordenó se eliminen las publicaciones difundidas en los perfiles de la red social Facebook: Contra la Mafia del Poder, Mujeres TransformandoMX, Hijxs de la Transformación, Rumbo Claro MX y Universidad Intercontinental.
- El Tip: El INE y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano firmaron un convenio de colaboración para dar fe a momentos críticos del proceso, como el conteo de votos.
Además, se estableció que, de manera preliminar, se advierten diversas publicaciones alusivas a la denunciada, que fueron pautadas para potencializar su difusión, las cuales se estima que no cumplen con los parámetros establecidos en el marco jurídico aplicable, lo que pudiera vulnerar la equidad en la contienda.
“Si bien las publicaciones fueron contratadas para publicitarse en determinada fecha, y que, la difusión potencializada, en algunos casos, ya no se encuentran vigentes, se ordenó a Meta Platforms, INC., retirar de su plataforma de Facebook las publicaciones señaladas en el acuerdo”, agregó el órgano electoral.
La Comisión de Quejas determinó sobre el probable uso indebido de recursos privados y aportaciones ilegales de Esquivel Mossa, que no puede pronunciarse, en tanto que atañe al fondo del asunto.

