Nos cuentan que el miércoles, en el encuentro entre los titulares de Gobernación, Educación e ISSSTE con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, las autoridades federales reconocieron como una demanda legítima la de buscar abrogar la ley del ISSSTE, pero también aceptaron que esto representaría un impacto financiero muy grande que en este momento resultaría insostenible para el Estado. Revertir la ley tendría un costo fiscal para el erario de aproximadamente 1.5 billones de pesos, la sexta parte de los 9.3 billones de pesos del presupuesto de egresos de este año. Con lo que se comprometería gravemente la garantía de los programas sociales que ya forman parte de la Constitución. También advirtieron que generaría incertidumbre masiva entre los trabajadores que ya cotizan en el esquema pensionario actual, y pondría en riesgo el derecho de las nuevas generaciones a acceder a pensiones dignas. Sin embargo, hasta ahora el magisterio disidente mantiene su inconformidad con la respuesta recibida por parte del Gobierno y ha hecho llamados a reforzar el plantón. Uf.
