Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena, se perfila hasta el momento para ser el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de las votaciones del 1 de junio.
Fue postulado por el Poder Ejecutivo y ha centrado su actividad jurídica en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
De acuerdo con su perfil en la plataforma “Conóceles” del INE, es abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas, con visión de justicia pluricultural y derechos humanos.
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Cuenta con 30 años de trayectoria, en la que ha desempeñado cargos como subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca y coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Hugo Aguilar Ortiz también fue encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca IEEPCO y consultor de la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los Pueblos Indígenas.
¿Cuáles son sus propuestas?
Dentro de sus propuestas para desempeñarse como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ y el diálogo con las personas sin formalismos excesivos, así como asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad.
Con ello, señala su perfil en la plataforma “Conóceles”, “los argumentos que sustenten las resoluciones no serán simples razonamientos formales, sino sustentados en la realidad”.
También fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae.
Asimismo, privilegiar el diálogo con las partes para examinar con mayor profundidad las controversias.
Y evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social.
“Se deberá estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las Entidades Federativas, los Municipios, los Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
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LMCT
