La impugnación del estado de California contra el despliegue militar realizado por el gobierno del presidente Donald Trump en las calles de Los Ángeles regresó a un tribunal federal de San Francisco el viernes para una breve audiencia, después de que un tribunal de apelaciones le dio a Trump una victoria procesal clave en el caso.
El juez federal de distrito, Charles Breyer, pospuso la emisión de cualquier fallo adicional y, en su lugar, solicitó informes de ambas partes para el lunes a mediodía sobre si se está violando la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a los soldados realizar tareas de aplicación de la ley civil en suelo estadounidense, en Los Ángeles.
La audiencia se produce un día después de que el panel del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito permitió al presidente mantener el control de los soldados de la Guardia Nacional, que desplegó en respuesta a las protestas por las redadas de inmigración.
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El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en su denuncia que “la violación de la Ley Posse Comitatus es inminente, si no es que ya está en marcha”, pero la semana pasada Breyer pospuso considerar ese alegato.
El vicepresidente, JD Vance, un veterano de la Marina, viajó a Los Ángeles el viernes pasado y se reunió con los soldados, incluidos los marines que han sido desplegados para proteger edificios federales. Según Vance, el tribunal determinó que la decisión de Trump de enviar elementos federales “fue legítima” y lo hará de nuevo si es necesario.
Los soldados de la Guardia Nacional y marines han estado acompañando a agentes federales en algunas redadas de inmigración, donde los marines detuvieron brevemente a un hombre para proteger un edificio federal.
Al respecto, el juez Breyer determinó que Trump había excedido su autoridad legal, la cual, según él, permite a los presidentes controlar las tropas de la Guardia Nacional estatal solo durante tiempos de “rebelión o peligro de rebelión. Las protestas en Los Ángeles están muy lejos de ser una ‘rebelión’”, dijo.
El gobierno de Trump argumentó que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente, pero el panel de apelaciones dictaminó lo contrario, diciendo que los presidentes no tienen poder ilimitado para tomar el control de la guardia de un estado, pero dijo que al citar actos violentos por parte de los manifestantes en este caso, el gobierno de Trump había presentado suficiente evidencia para demostrar que tenía una justificación defendible para poner bajo control del gobierno federal a los soldados.
Por ahora, la GN de California queda bajo control federal mientras el litigio avanza. Es el primer despliegue de la GN sin permiso estatal desde 1965.
