La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Ortiz González, dijo que la situación de los refugiados “se ha convertido en un desafío significativo para México” debido a que las condiciones actuales “no son las adecuadas para satisfacer sus necesidades básicas”.
En entrevista con La Razón, señaló que hay un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) “que dice que en 2024 se registró la entrada irregular de más de 14 mil personas al país, de las cuales 41 por ciento indicó que México era, desde un inicio, su destino final”.
Asimismo, señaló que para el 2025 el Gobierno de México ha dado asilo a más de 50 mil personas refugiadas, situación que sugiere un cambio en las dinámicas migratorias y, “sin duda alguna, la urgencia de abordar las carencias en la atención a los refugiados en el país”.
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La representante popular dijo que la preocupación estriba en que México no cuenta en este momento con recursos asignados ni políticas efectivas para integrar a las personas en lo que requiere una respuesta coordinada y compasiva por parte de las autoridades y de la propia sociedad civil.
“Quien viene refugiado es porque no encuentra condiciones ni de seguridad, ni económicas, ni sociales para su desarrollo en su país y, por lo tanto, pues se requiere una política pública que responda a este reto, a este desafío”, dijo.
Respecto a si México es un país que puede ser un lugar seguro para aquellos que soliciten refugio, la legisladora señaló que esta nación se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por aquellos que huyen de su país de origen en busca de una mejor calidad de vida.
“Incluso vienen de distintas nacionalidades, ya no solamente son hermanos latinoamericanos, sino que vienen de otras partes del mundo y México puede ser considerado como un país para reconstruir la vida de muchas familias”, aseveró la legisladora tricolor.
Sin embargo, acotó, la falta de infraestructura adecuada y la carencia de políticas migratorias efectivas limitan la atención y el apoyo que se les puede brindar a estas personas.
“Y vuelvo a insistir, esta situación plantea un desafío significativo, porque muchos migrantes se encuentran en condiciones vulnerables, lo que subraya la necesidad urgente de establecer medidas que garanticen su bienestar y su seguridad en el territorio mexicano”, refirió.
Ortiz González consideró que la economía mexicana, si las deportaciones masivas se sostienen, sufriría una notable afectación debido a la disminución de remesas que tradicionalmente se envían desde Estados Unidos, lo que podría afectar a muchísimas familias que dependen de estos ingresos que les mandan sus familiares desde sus áreas de trabajo en el vecino país del norte.
“Yo creo que nuestro país, en este momento, no cuenta con los recursos económicos, pero, sobre todo, no cuenta con las políticas adecuadas para garantizar esa seguridad y los derechos de los integrantes de otras nacionalidades que se encuentran en tránsito, ya sea porque han sido deportados de Estados Unidos o porque se encuentran varados en diferentes puntos de su camino”, dijo.
Apuntó que los mexicanos, “obviamente tendremos que hacernos cargo; en su reincorporación, en su reinserción en la vida activa del país, pero, insisto, es importante y es necesario que el Gobierno tenga políticas públicas claras, contundentes, eficientes, que los ayuden a esa reinserción”.
Adicionalmente, aseveró, se debe revisar, en coordinación con los países de donde sale la gente que busca refugio, si existen las condiciones para que éstos se reintegren a sus respectivas naciones de origen y puedan retomar sus vidas de manera segura y normal.
