El proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones que se discute este viernes en comisiones del Senado, establece que el derecho de información, expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio, no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial ni censura previa, que la intervención de cualquier comunicación privada se hará exclusivamente por la autoridad judicial federal,
además de crear la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que se encargará del espectro radioeléctrico.
El dictamen que es analizado por las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos en la Cámara Alta, ordena que para contratar el servicio de internet será necesaria la presentación de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
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En el documento se elimina el artículo 109, que en el proyecto anterior facultaba el bloqueo de plataformas digitales, así como el 160 que daba atribuciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) a tener la ubicación en tiempo real de los ciudadanos.
Asimismo, establece que las comunicaciones privadas son inviolables, y “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), será un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión, que estará integrada por cinco personas, incluida la persona encargada de la Presidencia, designadas por la titular del Ejecutivo y ratificadas por el Senado.
Entre sus atribuciones destacan otorgar las concesiones y autorizaciones del espectro radioeléctrico y órbitas satelitales (internet, radio, televisión y recursos espaciales); la regulación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, la verificación y sanción de los mismos.
Respecto a la propaganda de otros países, el dictamen establece que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitirla en lo que respecta a temas políticos, ideológicos, comerciales o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística, cultural o deportiva.
Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país, y las plataformas digitales no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros.
El dictamen establece además que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales, en los términos que establezcan las leyes.
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FGR
