El pleno del Senado de la República aprobó la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que agiliza el rastreo de personas ausentes.
También aprobó la Ley General de Población, que contempla el uso de la CURP biométrica con fotografía, huellas digitales y datos biométricos como documento de identidad oficial, con lo que, según la oposición, “se busca el control y hacerse de la información de los mexicanos”.
El primer paquete fue avalado con 89 votos a favor, por parte de Morena y sus aliados, además del PAN, y 13 en contra, de los senadores del PRI y MC.
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En tanto, la Ley General de Población fue aprobada con 69 votos a favor del oficialismo, 28 en contra del PAN y del PRI y cinco abstenciones de MC. La oposición argumentó que este ordenamiento atenta contra los principios básicos de protección de datos personales y privacidad.
El morenista Alejandro Murat rechazó dichos señalamientos, a los que calificó como “fantasías”, al afirmar que la CURP biométrica será una herramienta moderna para la identificación, sin intención de vigilancia a particulares.
En cuanto a la Ley de Búsqueda, como se le conoce al paquete de reformas en materia de desaparición, se contempla la habilitación de una Plataforma Única de Identidad, interconectada en tiempo real, la cual concentrará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses.
Asimismo, el decreto, que fue enviado como minuta a la Cámara de Diputados para su revisión y en su caso, ratificación, establece la apertura inmediata de carpetas de investigación, en cuanto se denuncia la desaparición de una persona.
Además, se impone la obligación a autoridades de los tres niveles de Gobierno, así como a particulares que administren bases de datos biométricos, de permitir el acceso a esta información a instancias como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y los cuerpos de seguridad, para facilitar las labores de búsqueda de personas desaparecidas.
Enrique Inzunza dijo que las reformas “son fruto del trabajo de las víctimas organizadas, de los colectivos, de las personas defensoras de derechos humanos, académicos y especialistas y representa un compromiso firme con todas las personas que buscan a sus seres queridos”.
En el dictamen se precisan obligaciones para las autoridades de todos los niveles, se mejora la coordinación entre instancias y se reconoce la participación de las familias en su carácter de víctimas en los procesos de búsqueda y de investigación. Se refuerzan los mecanismos de búsqueda con un enfoque de derechos humanos y se contempla el uso de herramientas tecnológicas que permitan avanzar con mayor celeridad en la localización de las personas desaparecidas.
La emecista Alejandra Barrales reconoció que el dictamen sí contiene avances, pero “se queda corto” ante una realidad de 120 mil personas desaparecidas.
Imelda Sanmiguel del PAN, dijo que las modificaciones contienen elementos importantes como la creación de una base nacional de carpetas de investigación.
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