Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron los dictámenes sobre las leyes de seguridad e inteligencia que avanzaron esta semana en la Cámara de Diputados, por lo que fueron turnadas al Pleno para su discusión durante el periodo extraordinario.
Con 18 votos a favor y 4 en contra, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen para expedir una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, avalaron por 16 votos a favor y 8 en contra el proyecto de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
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La aprobación en Comisiones de estos dictámenes avanzó en medio de disputa por la calidad de las reformas que se proponen. Al respecto, Miguel Riquelme, del PRI, partido que otorgó la mayoría de los votos en contra, aseguró que “estas leyes consolidan un modelo de estado autoritario que utiliza la seguridad para controlar, vigilar y reprimir”.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que se trata de “una intromisión en la vida privada de los ciudadanos” al otorgar a las autoridades acceso irrestricto a datos sensibles.
Por su parte, el senador del PAN, Gustavo Sánchez, advirtió que el artículo 12 del dictamen de investigación permite a la Secretaría de Seguridad acceder sin orden judicial a bases de datos personales, lo que equivaldría —en sus palabras— a un “sistema de vigilancia masiva”.
En contraste, el senador de Morena, Manuel Huerta, defendió la reforma al señalar que su propósito es acabar con el espionaje ilegal y establecer un “Estado protector” que fortalezca la lucha contra la violencia, con respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.
Estas leyes buscan un nuevo modelo de seguridad que propone una coordinación entre los tres niveles de gobierno, basada en la prevención del delito, la profesionalización de las fuerzas policiales y el uso de inteligencia estratégica.
También contempla la creación de una plataforma tecnológica que integre registros biométricos, fiscales, telefónicos y vehiculares para la generación de inteligencia contra delitos de alto impacto.
También incluye la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública, la regulación de los centros C4 y C5, así como sanciones económicas a los estados que no cumplan con los acuerdos del sistema nacional.
No obstante, diversos legisladores de oposición han manifestado preocupaciones sobre el alcance de estas normas, debido a que, acusan, compromete datos sensibles de la ciudadanía, por lo que han insistido en llamarla “Ley Espía”.
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