En medio de críticas de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de desapariciones forzadas propuesta por el Ejecutivo federal, que crea la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad.
La minuta fue avalada en lo general con 438 votos a favor, 38 en contra y 0 abstenciones, y con 417 votos a favor, 60 en contra y 0 en abstenciones en lo particular. Con esto, pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Mientras, colectivos de buscadores manifestaron que ven en esta legislación falta de sustento.
Al subir a la tribuna, el diputado Ramón Ángel Flores Robles (PT) resaltó que la minuta que se discutió busca transformar el sistema de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, priorizando la acción inmediata y eficaz.
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- El Dato: Pese a que aseguraron que la enmienda permitirá espiar a la población, el PAN y MC también votaron a favor en su discusión en lo general por ser un “tema sensible”.
Destacó que esta reforma implica la creación de una plataforma única de identidad, “la reforma a la CURP para convertirla en un documento nacional de identidad con fotografía y huellas digitales, la creación de una base nacional de carpetas de investigación y la obligatoriedad de emitir una ficha de búsqueda inmediata ante cualquier denuncia”.
En su intervención, la diputada priista Verónica Martínez García dijo que esta propuesta debería contribuir a evitar la desaparición de personas, así como lograr su localización. “El Gobierno federal, mediante este dictamen, usa el dolor de las madres buscadoras para incorporar un sistema que concentre los datos biométricos de las personas en una curva universal que, a su vez, estará interconectada con bases de datos públicas y privadas, permitiendo el monitoreo en tiempo real de cada ciudadano sin control judicial”, dijo.
La legisladora aseguró que, lamentablemente, este dictamen no lo propone, dejando claro que, para este Gobierno, los más de 125 mil desaparecidos no son su prioridad. “Por eso tampoco le importa al Gobierno que desaparezcan en México entre 28 y 40 personas diarias”.
Por lo anterior, y dado que la Ley General en Materia de Desaparición contempla crear una nueva plataforma de datos, que tiene la finalidad de hacer un cruce de distintos datos de información, como anteriormente se tenía previsto que funcionaran otros sistemas de información, como el Banco Nacional de Datos Forenses, diversos colectivos dejan ver su rechazo.
Grace Fernández Morán, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y que busca desde ya hace casi dos décadas a su hermano Dan Jeremeel, desaparecido en Coahuila, indicó que en el diálogo con el Gobierno federal “solamente revisamos una fracción (de la legislación), y decimos que apenas es el uno por ciento de lo que se tendría que modificar, no solamente en esa ley, sino en otras normatividades para tener una atención efectiva.”
Organizaciones como la Glorieta de las y los Desaparecidos denunciaron que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal “no atiende la crisis en materia de desaparición de personas, sino que tiene como objetivo permitir la vigilancia masiva, por lo cual no funciona para encontrar a las personas desaparecidas en México”.
Según el Centro Prodh, aunque los cambios a dicha ley son menores, después de que se denunciara que no se habían contemplado a las familias de las personas desaparecidas para su elaboración, la nueva ley “Parten del supuesto errado de que la crisis de desapariciones en México se solucionará sólo interconectando bases de datos y disminuyendo las cifras”.
