Entre cuestionamientos de la oposición, los diputados aprobaron en lo general, con 369 votos a favor, 104 en contra y tres abstenciones, la expedición de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer la regulación y explotación del espectro radioeléctrico.
La propuesta hecha por el Ejecutivo obliga a los concesionarios a activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios que presenten “la identificación oficial (que) deberá contener la CURP para personas físicas, y RFC para personas morales”.
Horas más tarde, durante una álgida jornada legislativa, en votación nominal, con 343 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, legisladores en San Lázaro avalaron en lo particular la enmienda.
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- El Dato: Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, aseguró que “nadie será perseguido ni censurado”. Señaló que la reforma no contiene ningún artículo que lo permita.
Del mismo modo, esta legislación crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que deberá organizar y mantener actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará integrado por el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura.
Dicho Sistema Nacional de Información de Infraestructura será una base de datos nacional georeferenciada, que contendrá la información de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía y de sitios públicos.
Durante la discusión que se realizó por varias horas, el oficialismo defendió la enmienda de la Presidenta, mientras que la oposición, entre la cual está el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, aseveró que la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión “representa un retroceso en la libertad de expresión”.
Cargando un ataúd blanco, y al fondo dejando ver una corona fúnebre, donde se leía “ha muerto la democracia”, el legislador tricolor dijo que esta ley constituye varias violaciones a la Constitución Política y será el origen de “posibles conflictos con tratados internacionales, como el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”. Además, aseguró que se trata de un día triste para México, y “por eso estamos hoy en defensa de la libertad de prensa (y) el derecho que tenemos nosotros a estar informados”.
Del PAN, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra resaltó que la reforma “es una amenaza y advertencia de un gobierno espía, autoritario, controlador y censurador, para las y los ciudadanos, concesionarios, medios de comunicación, periodistas y permisionarios”.
Paloma Domínguez Ugarte (PRI) expuso que el decreto no es una legislación para facilitar el uso de la tecnologías de la información, sino es para vigilar, censurar y concentrar toda la información de los ciudadanos, “lo cual reduce el abanico de derechos de información, de comunicación y de la libertad de expresión”.
Agregó que el dictamen atenta contra el derecho a la privacidad y predispone a la población como sujetos de investigación y de espionaje extrajudicial.
Finalmente, Julia Licet Jiménez Angulo (PAN) expresó que la aprobación de este dictamen “es un retroceso en materia de regulación y supervisión en materia de telecomunicaciones”. Expuso que hay una serie de inconsistencias que conllevan a la vigilancia y al control de los datos personales sin revisión judicial. La enmienda aprobada fue turnada al Ejecutivo, para sus efectos legales.
PRI ve nacimiento de un Big Brother a la mexicana
› Por Claudia Arellano
El tricolor en San Lázaro señaló que, “con la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, para los diputados federales del PRI se muere nuestra democracia, se criminaliza la libertad, se entierra la privacidad y se empodera la censura”.
Los legisladores del tricolor afirmaron que “nace un Big Brother a la mexicana, un ente vigilante, entrometido, autoritario, que todo lo ve y todo lo escucha, no para proteger, sino para intimidar y someter”.
Al posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el legislador Erubiel Alonso Que aseguró que esta ley encamina a la dictadura al meterse en la vida de las personas, invadiendo su privacidad, controlando sus comunicaciones y persiguiendo sus opiniones.
- El Tip: El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones rechazó que la ley busque censurar o espiar a la población.
Además, para los priistas, se da un paso más hacia la instauración de un Estado autoritario, al atentar contra la libertad de prensa, de expresión y de información, derechos conquistados por generaciones de mexicanos que no se doblegaron frente al poder.
Erubiel Alonso enfatizó que, ahora, cada ciudadano tendrá un intruso en su celular, un ojo del Estado sobre sus mensajes, sus llamadas, sus ubicaciones. También condenaron que las redes sociales dejarán de ser un espacio de libertad; ya no serán de los ciudadanos, sino del Gobierno, porque podrá controlar lo que se dice, lo que se comparte y lo que se critica.
“Nos quieren vender la idea de que, gracias a esta ley, el pueblo tendrá Internet, pero lo que no dicen es que, para ello, no se necesita cancelar libertades ni quitar derechos, no se necesita imponer vigilancia masiva ni imponer el silencio. Este no es un proyecto por la conectividad: es un proyecto por el control”, subrayó.
Para los legisladores priistas, el Gobierno será el gran cártel robadatos para cometer actos indebidos, pues bajo el disfraz de eficiencia administrativa, han creado una CURP biométrica con la que podrán vigilar cada movimiento, transacción, desplazamiento y, como en un Estado policiaco, podrán geolocalizar a cualquier persona.
“Hoy leen lo que escribimos, mañana querrán decirnos qué escribir. Hoy ven nuestros gastos, mañana decidirán en qué podemos gastar. Así se construyen las dictaduras: paso a paso, ley por ley”, destacaron.
Senado avala leyes de inteligencia y seguridad
› Por Ulises Soriano
En el Senado de la República, después de un acalorado debate en el que la 4T se impuso a la oposición en la votación, fueron aprobadas reformas de gran calado que buscan reestructurar el marco jurídico en materia de seguridad pública e inteligencia en México.
Lo que encendió los ánimos en el pleno fue el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. La 4T aseguró que ésta es una “pieza fundamental” de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, mientras que la oposición sentenció que es una “ley espía”.
Sendas mantas revistieron el pleno. Una de ellas fue cortesía de la oposición que, con la leyenda “gobierno espía”, causó escozor a los morenistas, quienes respondieron con un ácido argumento: “Genaro García Luna, narcotraficante. Calderón, su jefe”.
La enmienda pasó con 67 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones. El dictamen establece la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una estructura institucional destinada a coordinar, centralizar y analizar la información generada por todas las instancias de seguridad del Estado mexicano.
Uno de los puntos más sensibles de la legislación es la interconexión obligatoria de todas las bases de datos públicas relacionadas con seguridad, como registros vehiculares, biométricos, telefónicos, fiscales, de armas, salud, comercio, telecomunicaciones, transporte y propiedad, entre otros.
Éstos estarán bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de una nueva Subsecretaría de Inteligencia e Investigación. Dicha subsecretaría fortalecerá el modelo de “policía guiada por la inteligencia”.
En el cierre de este periodo extraordinario, el PRI y el PAN acusaron que esta enmienda retrocede en derechos y es “autoritaria”.
Este “es el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”, aseguró el panista Ricardo Anaya, y agregó: “lo de menos es que espíen a opositores, que los espíen a ustedes para disciplinarlos. El problema es que con estas herramientas van a espiar a todas y a todos los ciudadanos mexicanos”.
Mientras tanto, Lucía Trasviña, de Morena, defendió la enmienda al representar “una mejor coordinación, mejor tecnología y atención a las causas de la violencia”, pues “el Estado mexicano recupera su papel de garante de derechos humanos y lo hace con base en el humanismo mexicano, justicia social, prevención, reinserción y paz con dignidad”.
En la sesión también fue aprobada, con 88 votos a favor y 16 en contra del PRI y algunos legisladores del PAN, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alineada con la Estrategia Nacional 2024-2030 impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La legislación busca fortalecer la coordinación entre niveles de Gobierno, consolidar a la Guardia Nacional con enfoque civil y de derechos humanos, y crear un sistema nacional de inteligencia operado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El nuevo marco legal apuesta por la prevención, la profesionalización policial, la interoperabilidad de datos y la participación ciudadana, bajo principios como legalidad, eficiencia y perspectiva de género. Ambos decretos se turnaron al Ejecutivo para su publicación.
