A contrarreloj y con curva de aprendizaje de por medio, los 881 nuevos juzgadores que integrarán el Poder Judicial de la Federación a partir del 1 de septiembre deberán hacer frente a un importante rezago de miles de expedientes que les heredará la representación saliente.
Tan sólo en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con las estadísticas judiciales del máximo tribunal, hasta el 27 de junio pasado sumaban en total mil 350 asuntos sin resolver.
Respecto a los expedientes que no se van a enlistar en las últimas sesiones públicas del pleno y las dos salas, y que se anunciarán en los próximos días, tal y como se establece en el acuerdo general plenario 3/2025, hasta ahora suman 93.
Claudia Sheinbaum es ‘la Presidenta de la Paz’, afirma Rosa Icela Rodríguez
- 304 casos pendientes de resolución y en ponencia, vigentes
En lo que respecta a asuntos nuevos que llegaron a partir del 16 de abril, y que dejaron de turnarse a las ponencias, con excepción de los urgentes, tal y como se establece en el acuerdo general plenario 3/2025, se han acumulado 169 expedientes, mientras que las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad pendientes de tramitar, suman un total de 26.
Por otra parte, los asuntos pendientes de resolución entregados en ponencia con proyecto recibido en la Secretaría General de Acuerdos y las secretarías de las Salas, son 425. Los turnados en trámite a ponencia son 333, mientras que los pendientes de resolución entregados en ponencia suman 304.
En el caso del máximo tribunal, en la nueva etapa deberá operar con sólo nueve ministros y no con 11, como había sido hasta ahora. Asimismo, desaparecerán las dos salas, con lo que todos los temas deberán ser analizados por el pleno.
- El Dato: Hugo Aguilar, abogado de origen mixteco (oaxaqueño), fue electo como nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Adicionalmente, de cara al relevo de ministros, desde abril la SCJN determinó reducir el número de sesiones tanto del pleno como de las salas, y congelar la admisión de nuevos temas hasta después del cambio de ministros, con el fin de que quienes estarán en funciones hasta el 31 de agosto se encarguen de llevar a cabo el engrose de sentencias.
Esto generará rezago de casos que deberán atender los nuevos juzgadores a su llegada, varios de los cuales deberán pasar por una curva de aprendizaje, pues de los nueve ministros que integrarán la SCJN, sólo tres tienen experiencia en la labor: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, actualmente en el cargo.
La reforma al Poder Judicial de la Federación establece, en su artículo 17, que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”, lo cual será difícil de concretar.
Hugo Aguilar, quien será el ministro presidente con el que inicie la nueva Corte, reconoció que el hecho de que todos los temas deban ser vistos sólo por el pleno, “va a ser una cuestión difícil”, ya que puede generarse un cuello de botella; “o sea, puede ser que estemos resolviendo muy pocos asuntos por mes”, por lo que señaló que se buscará un mecanismo para funcionar.
Adriana Ramos León, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, y quien cuenta con 27 años de servicio ininterrumpido en el Poder Judicial de la Federación, considera que quienes lleguen como juzgadores enfrentarán “un reto muy, muy grande”, y para quienes no cuenten con carrera judicial será una curva de aprendizaje que deberán encarar sobre la marcha.
“El trabajo de un juez, de un magistrado, es muy técnico. En mi caso, ser magistrada después de ocupar prácticamente todos los cargos y conocer el funcionamiento, me facilitó el trabajo. Entonces, las personas que nunca han tenido la experiencia de trabajar en un órgano jurisdiccional o en otras de la justicia, tienen un mayor desafío de volverse un gestor de un órgano jurisdiccional prácticamente sobre la marcha”, aseguró.
Pedro Hernández, quien pidió que su nombre fuera cambiado en el texto, cuenta con siete años de carrera judicial y se desempeña en tribunales laborales. Contendió en la elección judicial por un asiento en Michoacán, sin éxito.
El juzgador recordó que al ingresar al Poder Judicial ya contaba con más de 10 años de experiencia en materia de derechos humanos; es decir, ya tenía bases jurídicas, y pese a que sentía estar preparado, debió iniciar desde el peldaño más bajo, que es el cargo de oficial judicial.
“Aun así tuve que entrar desde el escalafón más bajo y me costó algunos meses aprender la labor, un año dominarlo y unos tres años para poder ser secretario”, argumentó sobre su caso.
“Alguien que venga de fuera, como ahora los que van a entrar por elección, pues es imposible que puedan conocer el cargo de juez y de magistrado y que lo vayan a hacer bien. Las personas que lleguen sin experiencia judicial van a cometer barbaridades, sin lugar a dudas”, advirtió.
El juzgador abundó que, en los tribunales, en los laborales y en donde hay audiencias orales, pero más en los centros de justicia penal, “seguramente será una locura, por la forma como van a cometer errores, porque ahí no les presentan los proyectos los secretarios, como sí ocurre en tribunales colegiados y en juzgados de distrito”. Continuó: “Obviamente, el titular tiene que meter mano y tiene que saber cómo se resuelve un asunto, y en materia penal se tienen que resolver en vivo los asuntos; entonces, se van a cometer barbaridades”.
“No van a saber cómo resolver, cuáles son los derechos tanto del imputado como de las víctimas, desde el auto de vinculación a proceso, medidas precautorias, si se va a quedar alguien en la cárcel provisionalmente, si va a tener un brazalete, si va a tener derecho a fianza; son cosas que resuelve un juez en vivo en una audiencia”, apuntó.
El juzgador advirtió que actualmente ya todos los tribunales federales tienen rezago. “Por ejemplo, los tribunales colegiados aquí en Michoacán, que ordinariamente se tardaban cinco o seis meses, ya se están tardando un año para resolver los recursos de revisión, amparos en revisión y los amparos directos, que son la carga mayor que tenemos”, dijo.
Además, señaló que antes los amparos tardaban seis meses y ahora están tardando un año. Y eso en parte se debe, explicó, al paro laboral que el año pasado realizaron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma judicial.
Sheinbaum celebra entrega de constancias de mayoría a jueces
› Por Claudia Arellano
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la entrega de constancias a personas electas a un cargo judicial en el Instituto Nacional Electoral, el jueves, y dijo: “Se les acabaron las relaciones personales para el hazme el favor, ahí te encargo, ayúdame; eso ya no lo van a tener ellos ni nadie; tienen una nostalgia trasnochada, ellos son los que impugnan”.
En su conferencia de prensa matutina, la mandataria recordó que este proceso abarcó la designación por paridad de género de 438 magistrados y magistradas para tribunales de circuito y 363 juezas y jueces de distrito y dijo que, contrario a lo que dice la oposición, “lo que queremos es que se acaben los privilegios”.
Añadió: “A los opositores, intelectuales, comentaristas, críticos y dirigentes de partidos, no les gustan los jueces que quedaron, porque ya no tienen los contubernios de antes, como ocurre con Alejandro, Alito, Moreno Cárdenas”.
La jefa del Ejecutivo federal recordó que el pasado jueves recibieron todos los candidatos electos su constancia del INE y tomarán posesión el próximo 1 de septiembre, “elegidos por el pueblo de México, quienes quieren justicia y desean que termine la corrupción”.
La mandataria refutó los señalamientos de la oposición en el sentido de que habrá “jueces carnales” y aseveró que la elección de las y los nuevos juzgadores fue “decisión del pueblo de México”, por lo que es un paso importante para acabar, entre otros flagelos, con la evasión de impuestos en el país.
Insistió en que “lo que está de fondo en estas impugnaciones de la oposición es que ya no habrá relaciones personales ni privilegios dentro del Poder Judicial”, y reiteró que algunos sectores conservadores y partidos políticos no están dispuestos a perder los beneficios que antes obtenían mediante vínculos directos con jueces y ministros.
“Lo que ocurrió en el pasado es que todos tenían condonaciones, o se hacían de la vista gorda si no pagaban impuestos. Y en este caso, pues no; hay una revisión permanente para el paso de impuestos que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y vamos a revisar muchos temas para avanzar en la digitalización”, explicó.
Sin mencionarlo por su nombre, Sheinbaum apuntó que el dueño de un grupo empresarial “se enojó muchísimo el viernes pasado… por decir la verdad… que debe 74 mil millones de pesos y que dice que se le está cobrando de manera injusta”.
Cabe recordar que el pasado 15 de junio, el INE declaró la validez de la elección judicial y entregó las constancias de mayoría de votos a los ganadores de los nueve asientos que tendrá, a partir del 1 de septiembre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un día después hizo lo propio con quienes serán los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial -de nueva creación-, con los dos nuevos miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con los 15 de las cinco salas regionales de esta instancia.
DH, los primeros afectados con el nuevo Poder Judicial: especialistas
› Por Claudia Arellano
La reforma judicial generará un efecto directo negativo contra quienes sufran violaciones de derechos humanos, pues al acabar con la independencia judicial, los nuevos juzgadores que integrarán al Poder Judicial responderán al Estado y no a las víctimas.
Al presentar el informe “La independencia judicial en jaque, ataques al Poder Judicial en el sexenio 2018 al 2024”, elaborado por la Fundación para la Justicia, Azul Aguiar, profesora titular en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, la Presidenta señaló que dicha reforma convierte al Poder Judicial en una institución políticamente dependiente y con menos poder para revisar la constitucionalidad de las leyes.
“Si vemos la experiencia de Bolivia, de Nicaragua, tenemos claridad de cómo van a ser las sentencias que sólo sirven al Estado (...) No podemos caminar más como un gobierno democrático, porque no vamos a contar con la división de poderes y la protección de derechos ciudadanos”, advirtió.
Carolina Jiménez, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), destacó que la reforma judicial tal y como fue concebida acaba con la independencia judicial, lo que minará los derechos de las víctimas.
“Se va a mantener un sistema de impunidad donde el Poder Judicial responde al Poder Ejecutivo, no a las víctimas, y las víctimas dejan también de recurrir por completo al Poder Judicial, porque, ¿para qué?”, consideró.
Asimismo, señaló que en países donde se elige a los juzgadores, se viven retrocesos frente a las conquistas de la población, como son los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y los derechos de las comunidades LGBT.
“En Estados Unidos, después de 50 años de que la Corte había reconocido el derecho al aborto, se retrocedió luego de que Donald Trump nombró a tres jueces conservadores (...) De la misma manera que no hay democracia sin separación de poderes y no hay democracia sin independencia judicial, tampoco hay garantía y protección efectiva de los derechos humanos y defensa de los derechos de las víctimas, sin independencia judicial”, agregó.
En el mismo sentido, Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de la organización México Evalúa, advirtió que el impacto en los derechos de los ciudadanos será en donde se vea el mayor impacto negativo de la reforma judicial, pues la calidad de la justicia es lo que está en juego.
Al respecto, señaló que un ejemplo de ello es el tema de la prisión preventiva oficiosa, donde incluso hay condenas de la Corte Interamericana en contra de dicha medida por ser violatoria de derechos.
“Y (pese a ello), abiertamente se ha pedido que se paren todas las discusiones que ya estaban en la Corte para decidir si se eliminaba esa figura y se pidió que no se resuelva y que lo hagan los nuevos ministros. ¿En qué sentido se va a resolver?, ¿a favor de los derechos o del Estado?”, cuestionó.
Prevé INE mejorar con Senado elección judicial
› Por Alejandro Pacheco
El Instituto Nacional Electoral tiene toda la disposición para trabajar de la mano con el Senado de la República para mejorar la elección de integrantes del Poder Judicial en el futuro, afirmó el consejero electoral, Jorge Montaño Ventura.
En entrevista con La Razón, el integrante del Consejo General del INE mencionó que los errores que se pudieron haber cometido en el transcurso del proceso que está por concluir pueden ser corregidos, pero ya pensando en los próximos comicios, de 2027.
“En este proceso ya no se podrán subsanar las fallas, quizá se haga para los próximos procesos electivos, como el de 2027; aprenderemos por supuesto de los aciertos que tuvimos, y también de las cosas que debemos de mejorar”, dijo.
Consideró que “las cosas malas no fueron, pero se deben perfeccionar, porque todo es perfectible; seguramente nos reuniremos con quien nos tengamos que reunir, pero para este proceso ya no, eso ya quedó rebasado”.
Montaño Ventura aseveró que, con la entrega de las constancias de mayoría a las personas que resultaron electas para ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación, se cierra este capítulo, y se abrirá otro, en su momento, en 2027.
“Todos ya tienen las constancias que los acreditan como jueces y magistrados electos, ya hemos concluido esta parte, y en próximos días cerraremos este capítulo. La Comisión Temporal para el proceso de elección del Poder Judicial, pues ya cumplió su función”, dijo, y agregó: “El INE hace elecciones y las hace bien… contra todo pronóstico, las cosas salieron bien”.
Cabe recordar que, durante la validación de los resultados de la elección judicial, representantes de distintos partidos políticos ante el Consejo General del INE se pronunciaron por realizar mejoras al modelo del proceso electoral relacionado con el Poder Judicial.
La diputada federal del PT, Lilia Aguilar, adelantó que su partido impulsará un punto de acuerdo para promover una reunión entre legisladores y consejeros del Instituto, con el fin de analizar mejoras, de cara a los comicios de 2027.
LO QUE FALTA. En cuanto al proceso electoral de este año, aún está pendiente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones que fueron presentadas, para que se dé por concluido.
El TEPJF debe desahogar todos los recursos que recibió a más tardar el 31 de agosto, pues los ganadores de alguna de las plazas que estuvieron en juego durante los comicios deben tomar posesión de sus cargos el 1 de septiembre.
En el Senado se tiene previsto realizar una sesión solemne ese día a partir de las 19:30 horas, para que en principio rindan la protesta de ley los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos magistrados de la Sala Superior del tribunal electoral.
Media hora más tarde iniciará lo que se espera sea una larga jornada nocturna, durante la cual se tomará la protesta a los ganadores de magistraturas de circuito y plazas de jueces de distrito.
Previamente, a las 17:00 horas, habrá sesión de Congreso general, durante la cual se dará por iniciado el nuevo periodo ordinario de sesiones, en el recinto legislativo de San Lázaro.
