En su afán incansable por encontrar a sus familiares desaparecidos, las mujeres buscadoras en México son víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas, ataques y extorsiones, así como violaciones a sus derechos humanos, lo que representa una “actividad de alto riesgo” en nuestro país al registrar 16 de ellas que perdieron la vida, de 2011 a la fecha.
Lo anterior se desprende del informe “Desaparecer otra vez. Violencia y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, elaborado por Amnistía Internacional (AI), con base en una encuesta realizada a 661 de ellas que son independientes o pertenecen a 134 colectivas, entre marzo y diciembre de 2024, en 30 entidades, sin la participación de Campeche y Tabasco.
Del total de las consultadas, 97 por ciento (535) denunció haber enfrentado violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de sus familiares, incluso en su propia salud física y mental, visibles en situaciones de insomnio, depresión y otras enfermedades; destacan amenazas (45 por ciento); extorsiones (39 por ciento); ataques, (27 por ciento), desplazamientos forzados (27 por ciento); plagios (6 por ciento), tortura (10 por ciento), e incluso violencia sexual, desapariciones y asesinatos.
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- 125 mil desaparecidos hay en México, según datos oficiales
Por lo anterior, AI realizó una serie de recomendaciones a autoridades mexicanas para avanzar en la protección de sus derechos, como localizar a sus familiares desaparecidos sin discriminación; garantizar sus derechos humanos con perspectiva de género e interseccional en todas las medidas, incluyendo los económicos, sociales y culturales.
La gran mayoría, según el reporte, ha tenido afectaciones en materia de salud física y mental como depresión, insomnio y deterioro de salud, entre otras.
Ana Piquer, directora regional para las Américas de AI, señaló que 454 encuestadas señalaron que tienen miedo; 450 dejaron de hacer cosas que les gustaban; 441 sufrieron pérdida de apetito; 433 padecieron merma en sus recursos económicos; 432 padecen ira, y 379 buscadoras dijeron haber terminado con sus amistades.
Respecto a otro tipo de afectaciones, AI detalló que 295 mujeres fueron víctimas de amenazas verbales o escritas; 261 sufrieron extorsión; 206 padeció corrupción; mientras que 185 dijeron que se quedaron sin empleo, las despidieron o renunciaron al trabajo, y 179 las atacaron en redes sociales.
Las buscadoras expresaron que rara vez acuden a las autoridades para denunciar o solicitar apoyos, debido a la gran desconfianza en ellas, pero también por “la cooptación del crimen organizado de servidores públicos”.
La organización internacional agregó que “las autoridades que han sido creadas para hacer frente a las violencias y afectaciones que viven las mujeres buscadoras han respondido con una violencia más: la institucional, al ser deficientes y omisas en brindar la protección que ellas requieren”.
Las encuestadas acusaron que en las fiscalías estatales continúan las prácticas contrarias a estándares internacionales, como pedir a familias que esperen 72 horas para interponer la denuncia por desaparición, investigaciones y atenciones basadas en estereotipos y revictimización; indagatorias deficientes y falta de sentencias sobre violaciones que sufren las propias mujeres.
AI resaltó que entre los principales logros de las activistas están la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, además de la Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalías de Investigación Especializadas, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Denuncian madres buscadoras tratos inhumanos en el Incifo
› Por Ivan Ortiz
Colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México presentaron una denuncia penal por los presuntos tratos inhumanos y negligencias en el tratamiento de cuerpos ingresados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), que está a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
En una protesta enfrente de la Fiscalía General de Justicia local, los colectivos Una Luz en el Camino, Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Hasta Encontrarles CDMX y madres buscadoras independientes informaron sobre el recurso legal interpuesto para exigir a las autoridades indagar el caso y sancionar a quien resulte responsable por dichos actos.
Asimismo, el colectivo Una Luz en el Camino ha identificado tres casos en los que los cuerpos ingresados al Incifo en 2024 se turnaron a la fosa común sin los estudios que marca la ley.
“Tan sólo en nuestro colectivo hemos identificado tres personas que han salido del instituto sin el perfil genético ni la necropsia de ley. La fiscalía fue quien las llevó a cabo.
“También tenemos el caso de Julio César Cabañas, quien tenía una denuncia por desaparición; pero fue donado a los cinco días al Instituto Politécnico Nacional. El instituto lo donó sin tomar su perfil genético”, dijo a La Razón Jaqueline Palmeros, fundadora de dicho colectivo y madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida en julio de 2020 y cuyos restos fueron hallados en el Ajusco, en Tlalpan.
La activista no descartó la posibilidad de que haya más casos similares en el Instituto. “En su momento nos dijeron que aproximadamente mil 300 cuerpos salían de Incifo sin identificar al año”, dijo.
De acuerdo con la Información Estadística del TSJCDMX, desde 2016 un total de 12 mil 688 cadáveres que ingresaron al Incifo no fueron identificados. Los datos indican también seis mil 292 restos terminaron en la fosa común.
Ayer, los colectivos de búsqueda también mencionaron que denunciaron el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y buscarán plantearlo ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
A mediados de junio, trabajadores del Incifo denunciaron el presunto trato inhumano de los cuerpos por parte del subdirector de Tanatología del Instituto, Andrés Oriol Morales.
Los manifestantes expusieron una serie de fotos y videos en los que se aprecia a Oriol Morales jugar con los restos humanos de cuerpos que llegan al Incifo para ser reconocidos. En una de ellas se ve al funcionario fingiendo tomar agua de un cráneo.
“Se ven los cuerpos amontonados en el piso y con líquidos que sobresalen, muestra una falta de higiene; se ve cómo juega el personal con los cuerpos o están golpeándolos. Andrés Oriol está jugando con un cráneo durante una necropsia… Es denigrante para la dignidad humana post mortem”, comentó Jaqueline Palmeros.
El 20 de junio, el presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que las fotos y videos “es un evento antiguo” y no corresponden a su administración (2019-2025); sin embargo, reconoció no saber en qué fecha se tomaron.
“No sé cuándo salió. Cuando tuve conocimiento de este evento fue el año pasado. Por lo menos en esta administración definitivamente, no se lleva a cabo este tipo de actos en el Incifo“, aseguró, al ser cuestionado al respecto.
Sobre esto, Jaqueline Palmeros criticó las declaraciones del funcionario, pues, afirmó, aun si llegaran a ser imágenes viejas, los malos tratos a los restos humanos han permanecido.
“No pueden salir a decirnos que es viejo y qué tristeza que él ya tuviera conocimiento y siguió tolerando estas malas prácticas”, comentó.
Tras denunciar las presuntas vejaciones a los cuerpos en el Incifo, las madres buscadoras fueron amenazadas a inicios de julio para evitar realizar una conferencia para celebrar el nombramiento de Luis Gómez Negrete como comisionado de Búsqueda de Personas en la capital.
“Fue un grupo de choque simpatizante de Andrés Oriol a querer romper la conferencia”, explicó Jaqueline Palmeros. Debido a esta situación, las activistas pidieron a la fiscala, Bertha María Alcalde Luján, ser reconocidas con carácter de víctimas.
De acuerdo con el informe de Desaparecer otra vez: Violencias y Afectaciones que Enfrentan las Mujeres Buscadoras en México, presentado ayer por Amnistía Internacional, las activistas sufren constantemente de amenazas.
En el estudio fueron entrevistadas 661 madres buscadoras del país y 45 por ciento de ellas reportó haber recibido amenazas verbales o por escrito, mientras que 27 por ciento mencionó haber recibido ataques por redes sociales y otro 27 por ciento indicó que fue acosada por autoridades.
Pese a las amenazas, las madres buscadoras de la Ciudad de México, afirmaron, continuarán con la búsqueda de sus familiares. “Jamás vamos a parar y hacemos responsable al Estado de cualquier situación o violencia de la que podamos ser víctimas”, dijeron.
Las negligencias en los servicios periciales de los cuerpos son una constante fuera de la capital mexicana, consideró la madre buscadora y fundadora de Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Laura Curiel, a este diario.
