No ha dejado de llamar la atención que tras el más reciente amago arancelario de Trump, el de imponer 30 por ciento de gravámenes a México por no hacer “lo suficiente” en materia de seguridad en la frontera, no esté tan concentrado el pesimismo ni las inquietudes exacerbadas. Esto, sobre todo, entre el empresariado, que en otras ocasiones sí ha levantado la voz y salido a encomendarse a los buenos oficios de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Fue para muchos un respiro, nos comentan, que a pesar de que ahora la amenaza no es de tarifas del 25 por ciento, sino del 30 por ciento, la mandataria declarara el sábado que “nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros (cuatro secretarios de Estado que visitaron Washington), vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y llegar, por supuesto, a mejores condiciones”. Por lo pronto, el margen de maniobra para cualquier acción por parte del Gobierno de México es de dos semanas y media. Pues el plazo para que se aplique supuestamente el arancel es el 1 de agosto.
