La imposición de restricciones a aerolíneas estadounidenses por parte del Gobierno mexicano, específicamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha abierto un nuevo frente de tensiones con su principal socio comercial.
La medida de trasladar obligatoriamente los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha derivado en un proceso de sanciones por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos al considerar que se violentaron los acuerdos bilaterales.
- El Dato: las sanciones de EU a las aerolíneas mexicanas podrían ser: entregar sus itinerarios, requerirán autorización para vuelos chárter y solicitudes de vuelos pueden rechazarse.
Para Jesús Ramírez Estabros, exsecretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), esta es la consecuencia de una cadena de errores: “México lleva más de 40 años sin una política pública aeronáutica. Cada sexenio toma decisiones al contentillo, sin visión de largo plazo. Y eso ha generado un modelo frágil y poco competitivo”.
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Además, el especialista lamentó que se hayan cerrado slots en el AICM como estrategia para “darle vida artificial al AIFA. El Felipe Ángeles no es un aeropuerto viable y nunca lo será. Las aerolíneas extranjeras fueron las más afectadas porque perdieron derechos de operación sin compensación y eso vulnera los acuerdos internacionales”, explicó en entrevista a La Razón.
Ramírez Estabros también insistió en que la solución de fondo no está en abrir más slots, sino en retomar la construcción del aeropuerto en Texcoco. “Ese no era el aeropuerto de la Ciudad de México. Era el aeropuerto del país. El único que permite crecer, atraer inversión, generar empleos y dar un servicio digno. Todo lo demás son parches”, sentenció.
Por su parte, Fernando Gómez, analista del sector aeroportuario, subrayó que la medida tomada en 2023 afectó directamente a 13 aerolíneas de carga, entre ellas Lufthansa Cargo y Air France Cargo.
“El Gobierno dispuso que todas estas aerolíneas dejaran de operar en el Benito Juárez para volar exclusivamente desde el AIFA. Muchas protestaron. No todas aceptaron mudarse, y algunas acudieron a instancias internacionales”, recordó.
Gómez detalló que esta reubicación forzada implicó para las aerolíneas costos logísticos estimados en 20 millones de dólares por cada empresa. “Tuvieron que trasladar equipamiento, personal, oficinas, infraestructura. Y todo en un contexto económico global adverso para la aviación”, apuntó.
En ese sentido, el analista aeroportuario advirtió que las sanciones pueden escalar si no se replantea la estrategia del gobierno, pues mencionó que “la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la de Infraestructura y la de Economía, deben abrir una mesa de negociación con asesores expertos. De lo contrario, las afectaciones podrían llegar al 42 por ciento de la carga que México maneja con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial”.
Ambos especialistas coincidieron en que la falta de visión ha encadenado una serie de crisis como la degradación a Categoría 2 por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la opacidad con Mexicana de Aviación, el reordenamiento fallido del espacio aéreo y ahora las sanciones internacionales.
“No se trata de regañar al gobierno de López Obrador”, dijo Ramírez Estabros, “sino de señalar que llevamos más de cuatro décadas sin resolver el problema de fondo: no tenemos una política aeronáutica seria”.
Fernando Gómez lo resumió con claridad: “Necesitamos un plan estratégico nacional, con visión transversal que incluya a todas las secretarías y actores. De lo contrario, seguiremos parchando una crisis que no deja de crecer”.
