La Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, revisar los mecanismos por medio de los cuales se solventan las irregularidades halladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas públicas.
Hace un par de semanas, La Razón publicó que hay más de 102 mil millones de pesos pendientes por aclarar correspondientes a gastos hechos por distintas dependencias y entidades desde el año 2000, las cuales, a la fecha, siguen sin aclarar dichas erogaciones.
Al consultarle si contemplaría emprender alguna reforma para conseguir que subsanen dichas anomalías a tiempo, solicitó a la funcionaria a cargo del combate a la corrupción, Raquel Buenrostro, revisar el tema y brindar los informes.
Sheinbaum Pardo mencionó que sí se tienen plazos para solventar una observación de la Auditoría y para las aclaraciones, de las cuales pueden derivar sanciones administrativas e, incluso, penales.
“Normalmente —como lo he explicado aquí— vienen observaciones (de la ASF) y viene un periodo para solventarlas, porque muchas veces son observaciones normativas, que a lo mejor no se cumplió una norma, no se cumplió otra norma, y no necesariamente tienen que ver con daño patrimonial”, dijo.
La Presidenta recordó que en el proceso se establece un plazo para la observación y luego para que los entes obligados respondan a lo señalado.
“No sé a qué se refieran en particular ‘en los tiempos’; pero he sido servidora pública en varios periodos de mi vida y cuando hay observaciones de la Auditoría uno tiene la obligación de responder en cierto tiempo, después viene un proceso para poder ver si realmente las observaciones fueron saldadas o no, y después de cierto periodo vienen las sanciones. Y el funcionario público tiene derecho también a defenderse en ese proceso”, dijo.
En lo publicado en este diario, se apuntó que 87.2 por ciento de los más de 100 mil millones de pesos perdidos en anomalías señaladas por la ASF corresponden a cuentas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El año en el que más anomalías se identificaron y persisten fue en ese sexenio, 2023, con 49 mil 202.3 millones de pesos gastados sin justificar. Las anomalías pendientes por aclarar bajo responsabilidad de las secretarías que conformaron la administración pasada equivalieron a tres mil 644.7 millones de pesos, que representó poco más de cuatro por ciento.
Las dependencias que permanecen sin observaciones por no haber incurrido en faltas, porque ya las subsanaron o porque no se les auditó en distintas cuentas públicas, fueron las secretarías de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, del Trabajo y Previsión Social, de Relaciones Exteriores, de Turismo, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público y, finalmente, de la Función Pública.
La mayor parte de las irregularidades desde el inicio de siglo provienen del gasto federalizado, es decir, del ejercicio presupuestal que hacen las entidades de los recursos transferidos por la Federación y sobre los cuales debe haber una estricta vigilancia. En este rubro se observan inconsistencias por 70 mil 356 millones de pesos.
