La liberación de Israel Vallarta tras casi 20 años en la cárcel sin recibir sentencia ha vuelto a colocar en el centro del debate público el uso extendido de la prisión preventiva en México. El caso, ampliamente mediático, pone en evidencia las fallas estructurales del sistema de justicia penal y revive cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y los derechos humanos, en un contexto en el que el Estado mexicano ha sido condenado por organismos internacionales, pero sigue ampliando el uso de esta figura jurídica, de acuerdo con expertos consultados por La Razón.
Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), advirtió que el caso Vallarta no es una excepción, pues actualmente, el instituto representa a unas 10 mil personas en prisión preventiva oficiosa en todo el país, de las cuales aproximadamente dos mil 500 llevan más de una década privadas de la libertad sin haber sido sentenciadas.
- El Dato: Israel Vallarta recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria porque no se le probó su responsabilidad en los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
La funcionaria recordó que México ha sido condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en dos ocasiones y se le ha instruido a eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, lejos de acatar estas sentencias, el Estado ha ampliado su catálogo de delitos, de nueve categorías en 2011 a 25 categorías en 2025, como parte de reformas impulsadas desde el Ejecutivo y respaldadas en el Congreso.
María Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, coincidió en que el caso Vallarta “es un reflejo alarmante del uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva en México”. Subrayó que, en lugar de tratarse como una medida cautelar excepcional, como establecen la Constitución y los tratados internacionales, ha sido empleada como un “castigo antes de juzgar. Y eso convierte al sistema de justicia en un aparato de violencia institucional”.
- 2 mil 500 reos tienen más de una década privados de la libertad sin sentencia
Desde la academia, el profesor Antulio Ontiveros comentó que la prisión preventiva debe mantenerse como herramienta jurídica para casos de alta peligrosidad, pero el abuso de esta figura ha generado consecuencias devastadoras.
El caso Vallarta, dijo, pone de relieve no sólo un problema legal, sino también político, donde grupos de poder e intereses mediáticos influyen en las decisiones de procuración y administración de justicia.
Los especialistas coincidieron en que el sistema judicial mexicano requiere una transformación profunda y que la prisión preventiva debe ser justificada.