En la elección judicial existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía, la cual fue eficaz en los resultados donde fueron electos nueve ministros y ministras de la Corte.
Éstas fueron las consideraciones de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Reyes Rodríguez y Janine Otálora sobre la elección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes denunciaron que las guías distribuidas durante la veda electoral y el proceso del 1 de junio representaron un mecanismo ilegal de inducción del voto suficiente para declarar la nulidad.
- El Dato: por la mañana, una decena de manifestantes se congregó frente a la sede del TEPJF para exigir la anulación de la reciente elección de ministros del máximo tribunal.
Reyes Rodríguez expuso que se conocieron tres mil 188 acordeones impresos con 51 modelos diferentes aportados en la demanda, 374 pruebas digitales (imágenes, videos, audios, notas y redes) y, además, el Instituto Nacional Electoral (INE) —al invalidar votación en algunas casillas— y el TEPJF han reconocido en diversas resoluciones la existencia de éstos.
Además, se consideraron 38 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México, en los que constan indagatorias sobre acordeones en todas las alcaldías de la capital y datos de denuncias en procedimientos sancionadores en al menos 15 estados.
Afirmó que los acordeones resultaron determinantes en el resultado de la elección. Por ello, presentó un análisis estadístico para demostrar que contendieron para ministros 64 candidaturas (33 mujeres y 31 hombres) y se podrían hacer siete mil 400 millones de combinaciones diferentes para elegir a las cinco mujeres y los cuatro hombres que integrarían la SCJN.
“Sin embargo, como lo muestran los resultados, una sola combinación de nueve candidaturas obtuvo cerca de 41 millones de votos, es decir, aproximadamente 45 por ciento de los votos válidos. La probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana, individual y sin coordinación alguna es prácticamente de cero”, argumentó.
La magistrada Janine Otálora, ponente del segundo proyecto para anular la elección de ministros, concluyó en que los acordeones vulneraron la libertad del sufragio y evidenciaron recursos prohibidos en las campañas: “Los acordeones no tuvieron naturaleza didáctica, sino que fueron diseñados para influir en la voluntad de la ciudadanía afectando de manera determinante la libertad del sufragio”.
Hay, abundó, elementos indiciarios fuertes de que las guías aparecieron en todo el territorio, ya que las notas periodísticas y las publicaciones en redes sociales dan cuenta de éstas en las 32 entidades federativas, por lo cual, su distribución fue generalizada y abarcó la totalidad del país.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, a pesar de reconocer la existencia de los acordeones, los cuales estaban en el salón como parte de las pruebas, desestimaron los proyectos porque “no aportaba una sola prueba” de que hayan influido en la elección de los integrantes de la Corte, y sólo estaban basados en “simples sospechas”, “conjunto de inferencias” y conjeturas.
“Los proyectos están planteando anular sin una sola prueba plena, con puras conjeturas, y sumando y sumando retazos de aquí y de allá. Trae ahí un proyecto en donde no dice día, hora que se recabaron”, reprochó Soto Fregoso.
Además, la presidenta del TEPJF advirtió que “un tribunal no puede generar un caos y menos por indicios, ni siquiera hay probanzas plenas (…) Manchar el prestigio de quienes a partir del 1 de septiembre fueron electos por voto ciudadano, no es algo que considere debe sostener un alto tribunal como éste”.
Con tres votos en contra, los magistrados validaron la elección de los nueve ministros de la Corte que entrarán en funciones el 1 de septiembre. El magistrado Felipe Fuentes opinó que “anular esta elección no sólo sería un error jurídico, sería un golpe institucional. No se trata solamente de nueve cargos en disputa sino de quienes eligió el pueblo y desconocer esa voz con un método erróneo sería desconocer la democracia misma”.
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