Tras el fin de la era de tres décadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que funcionó bajo la reforma judicial del expresidente Ernesto Zedillo, a siete de los ocho ministros que renunciaron a participar en la elección judicial se les destinarán 27 millones 926 mil 655 pesos anuales, como parte del haber de retiro o pensión vitalicia que establecía la Constitución, previo a la reforma judicial, y que la reforma del año pasado respetó para los togados que decidieran no participar en la elección judicial.
Si bien la reciente enmienda constitucional elimina dicha prestación para los ministros entrantes, establece que las y los togados que presentaran su renuncia y declinaran participar en la elección por voto popular de junio pasado “recibirían un haber de retiro calculado con base en su salario de 2024”.
- El Dato: Al pago de estos siete ministros, se suman 31 ministros en retiro, además de 23 familiares que cobran 50 por ciento de la pensión de quienes han fallecido.
Los ministros Norma Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá presentaron su renuncia en los tiempos establecidos, con efectos al 31 de agosto del 2025, con lo que recibirán pensión vitalicia.
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Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien concluyó su periodo en la Corte en noviembre pasado tras 15 años como ministro, también declinó participar en la elección. En el caso de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien presentó su renuncia en tiempo y forma, renunció al haber de retiro, al externar que optó por no aceptarlo, con el fin de “mantener su espacio de dignidad y libertad personal”.
Las remuneraciones económicas y prestaciones a las que tienen derecho como parte del haber de retiro están integradas por sueldo base, aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, pago por riesgo, prima vacacional, tres servidores públicos encomendados a cada ministro en retiro, reembolso por compra de medicamentos y opción de compra de los vehículos que tenían asignados durante su desempeño en la Corte.
Cabe señalar que el haber de retiro que recibirán será del 100 por ciento durante los primeros dos años inmediatos a la fecha del retiro. Posteriormente, se reducirá al 80 por ciento.
En el 2024, cada ministro tuvo un sueldo de 297 mil 403 pesos; más los conceptos que integran el haber de retiro, suman un total de 389 mil 265 pesos al mes. Sin embargo, la reforma judicial establece que “recibirán un haber de retiro calculado con base en su salario de 2024” y no con el de 2025, al que se recortaron prestaciones significativas, como el pago de riesgo.
Asimismo, se establece que cada ministro recibirá al mes un porcentaje equivalente al tiempo que duró en el cargo.
Es decir, el ministro Jorge Mario Pardo recibirá 371 mil 614 pesos netos al mes (96 por ciento); Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, 346 mil 667 pesos (85 por ciento); Javier Laynez y la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, 304 mil 937 pesos (64.83 por ciento); Juan Luis González Alcántara Carrancá recibirá 263 mil 132 pesos (44.65 por ciento).
En contraste, para quienes aún se encuentran en vilo el pago extraordinario que establece la reforma judicial es para los jueces y magistrados que declinaron participar en la elección judicial. Esto, a pesar de que la enmienda constitucional avalada el año pasado establece, en su artículo décimo transitorio, que los magistrados y jueces federales que concluyan su encargo serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado.
Asimismo, establece que ese pago, así como “las demás prestaciones a que tengan derecho”, serán cubiertas con recursos federales que resulten de la extinción de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos del Poder Judicial de la Federación.
En abril pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación (Tesofe), sin previa consulta o consentimiento, “la totalidad de los recursos de los fideicomisos que este le había encomendado para su administración”, y que ascienden a 10 mil millones de pesos.
Dichos recursos serían utilizados para cumplir con los pagos extraordinarios de los 820 juzgadores que declinaron participar en la elección judicial del 1 de junio pasado, de los que 333 son jueces y 487 magistrados.
Pese a que hace meses comenzaron las renuncias anticipadas de juzgadores, ninguno ha recibido aún lo correspondiente.“Tenemos muchísimos compañeros y compañeras que se han retirado de manera anticipada habiendo declinado; es decir, ya estar en el supuesto de pago, y no se les ha realizado, precisamente porque el Consejo (CJF) no tiene estos recursos, porque estaban en el fideicomiso y no han entregado al Consejo el dinero”, señaló la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fustigó que no cumplan las reglas que se establecieron en la reforma judicial. “No están dispuestos a cumplir las reglas que ellos mismos aprobaron. Eso ya es inconstitucional. Ellos decidieron esas reglas, pues que ellos las cumplan”, externó.
El CJF presentó una demanda mercantil contra Nafin para exigir la devolución de los recursos que se encontraban en tres fideicomisos. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió la demanda a trámite el pasado 1 de agosto, y tanto Nafin como la Tesofe ya fueron emplazadas a juicio; esta última sólo en calidad de tercera interesada. Sin embargo, el tema quedará en manos de la nueva integración de la Corte, mientras que el CJF se extinguirá y será reemplazado por el Órgano de Administración Judicial.
Nuevo ministro asegura que a salientes “ya los juzgó el pueblo”
Por Tania Gómez
Irving Espinosa Betanzo, quien es parte de los ministros que conformarán a partir de hoy la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo las nuevas reglas establecidas en la reforma judicial aprobada el año pasado, asegura que, en su caso, cumplirá con lo establecido en la Constitución, respecto a que ningún funcionario público puede percibir mayores remuneraciones que la titular del Ejecutivo federal, pues de lo contrario sería “no entender lo que originó la reforma, y vamos a estar fallando a las personas”.
“Si algo originó la reforma al Poder Judicial, fue eso. No entenderlo es no entender el reclamo de las personas. Y si nosotros no somos conscientes de ello y no actuamos en consecuencia, entonces vamos a estar fallándoles”, dijo, en entrevista con La Razón.
Consideró que los altos salarios que establecía la reforma judicial del expresidente Ernesto Zedillo, que rigió el Poder Judicial durante casi 31 años, no garantizaron la independencia y la autonomía, sino que, por el contrario, lo que hicieron fue aliarse a los poderes fácticos de carácter económico”.
- 3 ministros repetirán el cargo en la nueva integración de la Corte
“Entonces, ahí hay que romperlo. Es algo que le debemos a la gente, ¿no? Es algo que la gente merece que le cumplamos (...) Dijeron recientemente que la historia los juzgará. La realidad es que el pueblo mexicano ya los juzgó”, destacó.
Además, reconoció que hay preocupación generalizada entre los nueve togados sobre el rezago de expedientes que recibirán a su llegada al máximo tribunal que, al cierre de trabajos de la actual integración, sumaban mil 432 asuntos, de los que 373 corresponde a la cifra de casos que ingresaron a la Corte desde abril a la fecha, y que no han sido turnados a las ponencias.
Especialmente, señaló, tras la desaparición de las dos salas, pues la enmienda constitucional aprobada el año pasado establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para temas penales. Consideró que la cantidad de expedientes que recibirán “es un número considerable”.
“Si dividimos esos asuntos entre las y los nueve integrantes, pues es de llegar y tener más de 100 expedientes, y bueno, pues no sabemos de los que dejen en qué situación estén”, refirió.
Los nueve ministros electos ya planean aprobar a su llegada un acuerdo general para repartir dichos expedientes a juzgados y tribunales, luego de que se fijen criterios.
“Que en los asuntos que en un primer momento tuviera competencia la Corte, pudiera fijar criterios y, a partir de ello, regresarlos a los tribunales colegiados, para que, siguiéndolos, puedan emitir sentencias y resoluciones, ayudando a que sea una justicia más pronta y expedita, de manera que no se cargue el trabajo en la actividad de la Corte”, explicó.
El ministro señaló que ello facilitará la actividad jurisdiccional, “porque hay que entender que los tribunales de circuito están en todo el país. Entonces, traer un asunto de alguna entidad federativa lejos de la ciudad implica retrasarlo”.
Recordó que, derivado de la reforma judicial, hay plazos establecidos para resolver temas, como lo referente a contribuciones y en materia penal, por lo que hay una temporalidad para poder resolver.
“Ya, dejar guardado un expediente debe tener una razón legal, no debe estar al arbitrio de la ministra o del ministro. Entonces, sí es una preocupación, para poder cumplir las expectativas de las personas, de tener resoluciones prontas y expeditas”, destacó.
Asimismo, afirmó que no habrá vacíos ni paralización en el Poder Judicial de la Federación a partir de este lunes, cuando se abre el telón a una nueva época, y en que desaparezca el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para dar paso al Órgano de Administración Judicial (OAJ), de quien dependerá la administración de recursos, pago de nómina y la adscripción de los nuevos juzgadores, entre otros aspectos.
“No va a haber ningún vacío. Eso, porque además nosotros tenemos que darle cumplimiento a la Constitución. Pero tengan la seguridad de que va a ser inmediato. Sabemos las implicaciones que tiene para todo el Poder Judicial de la Federación, para, obviamente, garantizar a las y los trabajadores sus prestaciones a las que tienen derecho. Entonces, no deben tener ninguna preocupación”, señaló.
Explicó que ya están deliberando en torno a los perfiles para, en cuanto estén en funciones, se pueda tomar la decisión respecto a los tres nombramientos que le corresponde realizar a la Corte, de la integración de cinco, y de los que la Presidenta Claudia Sheinbaum ya nombró a quien le corresponde, con lo que aún faltaría el nombramiento del Senado de la República.
“A más tardar el martes (2 de septiembre), hacer la sesión en la que designemos a las y los integrantes que corresponden a la Corte”, detalló.
(Los integrantes del OAJ) Tienen hasta el 15 de septiembre, a más tardar, para realizar las adscripciones de las personas que ganaron la elección para acordados en distritos de tribunales de circuito.
Finalmentre, en torno a los temas a los que dará prioridad la nueva integración de la Corte, explicó que se busca que el máximo tribunal asuma un rol preponderante en aspectos de justicia social, sobre todo en grupos que históricamente han sido marginados, y trabajar en audiencias públicas para conocer las condiciones reales de un problema.
Juzgadores llegan sin legitimidad: exministro
Por Tania Gómez
Los 881 nuevos jueces, magistrados y ministros electos por voto popular llegarán el 1 de septiembre sin legitimidad, en medio de la duda y de una situación complicada tras la elección del 1 de junio, por lo que sólo lograrán obtenerla a través de sus sentencias, consideró el ministro en retiro José Ramón Cossío.
“Nos pueden decir que son los más autónomos, que son los más valientes, que no dependen de nadie, pero eso no es una cuestión de declaración, sino será una forma en la que se van a ir materializando sus sentencias”, señaló.
Advirtió que la elección judicial no les otorgó la legitimidad que creyeron, pues sólo participó 13 por ciento de la lista nominal, es decir, 13 millones de personas, y donde muchos acudieron a las urnas a anular su voto, así como el contexto de uso de “acordeones”.
- 881 nuevos juzgadores del PJ asumirán funciones hoy
Además, advirtió que, ahora, no se sabe con certeza “qué tanto se coló, qué tanto financió, qué tanta presencia tuvo el crimen organizado en la elección”. “¿El crimen organizado puso mucho dinero?, ¿Poco dinero?, ¿Qué hizo el crimen organizado con las elecciones? Además del crimen, ¿Hubo grupos económicos que le metieron todo el dinero que pudieron para quedarse con la elección, o no?”.
En ese sentido, rechazó los señalamientos de quienes han considerado que la Suprema Corte caerá a partir de ahora “en la irrelevancia”, y advirtió que “más que nunca, hay que ponerle atención a la Corte, pues el máximo tribunal tendrá mayor relevancia al dejar de ser contrapeso de los otros poderes”.
- El Dato: El ministro en retiro consideró importante saber qué es lo que se resuelve en los juzgados, tribunales y en la Corte, “para tener algún tipo de control social sobre lo que están haciendo”.
“Lejos de que fuera una Corte irrelevante, se convierte en una Corte que podría estar legitimando los ejercicios de poder. La corte puede ser relevantísima como un instrumento de legitimación de decisiones o de acciones autoritarias.
“Hay que ponerle mucha atención, porque a lo mejor lo que nos encontramos un día es que determinó que los medios de comunicación no pueden hacer esto, que los particulares no pueden hacer lo otro, que los estados no pueden hacer lo otro, que ya no tenemos derecho a esto o ya no tenemos derecho al otro”, destacó.
El ministro en retiro consideró que abatir el rezago en la Corte, donde sus nueve integrantes recibirán a su llegada más de mil 400 asuntos pendientes, ya sin la existencia de las dos salas, será uno de los mayores retos a los que se enfrentarán los nuevos togados.
Blindan el Senado para sesión solemne del PJ
Por Ulises Soriano
El Senado de la República permanecerá blindado de cara a la toma de protesta de los 881 cargos del nuevo Poder Judicial. Carpas blancas, vallas metálicas, retenes de seguridad y un inusual despliegue de policías capitalinos, Guardia Nacional (GN) y resguardo parlamentario, anticipan la magnitud del evento.
Al recinto senatorial de Paseo de la Reforma asistirán, en sesión solemne, los juzgadores electos bajo las nuevas reglas de la reforma judicial, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 17 magistrados electorales; 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito.
- El Dato: La presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, afirmó que la sesión para la toma de protesta de los juzgadores será histórica, porque es un “acto fundacional” del PJF.
Desde el viernes pasado, el Senado se convirtió en una fortaleza. El operativo de seguridad, de más de 200 elementos —y se podría extender en caso de que lleguen manifestantes, de acuerdo con el resguardo parlamentario—, se extiende a calles aledañas, con cortes a la circulación, revisión exhaustiva de acreditaciones y filtros de acceso que recordaban los pasajes más álgidos de la política mexicana reciente.
Para ingresar, cada juez o magistrado deberá pasar por un protocolo que establece el proceso de acreditación previa, con derecho a que un familiar los acompañe al interior del Senado y, otros más, podrán seguir la sesión desde un salón habilitado en el hotel Sevilla Palace.
En el interior, la ceremonia programada para iniciar a las 19:30 horas y concluir cerca de las 02:00 de la mañana del martes, seguirá un estricto protocolo en el que los nuevos integrantes desfilarán en grupos de 25 hasta rendir protesta en el pleno. Los medios de comunicación ocuparán los palcos, junto a un reducido grupo de invitados especiales.
- 357 votos a favor en lo general logró Morena para la aprobación de la reforma judicial
El blindaje contrasta con la memoria fresca de lo que ocurrió apenas un año atrás, cuando la aprobación de la reforma judicial convirtió a las Cámaras en un campo de batalla política y social. En septiembre del 2024, los diputados y senadores vivieron jornadas de tensión que derivaron en un desastre legislativo.
EL CAOS EN SAN LÁZARO. En la Cámara de Diputados, el 3 de septiembre del 2024, la aprobación de dicha reforma se prolongó por más de 16 horas en la sede alterna, la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca.
Morena y sus aliados lograron 357 votos a favor en lo general y 359 en lo particular, imponiendo su mayoría frente a una oposición que, entre reclamos y reservas, no pudo frenar la reforma.
Afuera, cientos de estudiantes y trabajadores del Poder Judicial (PJ) bloquearon accesos desde la madrugada, denunciando que la iniciativa ponía en riesgo la imparcialidad de la justicia. La tensión obligó a cambiar de recinto, decisión anunciada por Ricardo Monreal, y convirtió aquella votación en un episodio que aún divide a la opinión pública.
EL PORTAZO EN EL SENADO. Pero el verdadero estallido ocurrió en la Cámara de Senadores, pues la sesión, instalada en la sede de Reforma el 10 de septiembre del 2024, transcurría con rispidez. Pasadas las 16:20 horas, manifestantes rompieron la cadena de una de las puertas principales.
Con gritos de “¡Revolución, revolución!” y consignas contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez –quien dio el voto decisivo 86 para la aprobación en lo general–, irrumpieron en el recinto.
El “portazo” paralizó a la Cámara alta. Los trabajadores de resguardo intentaron contener a la multitud con extintores de espuma, pero los inconformes avanzaron hasta el pasillo que conduce al pleno.
Tras empujones y golpes lograron tomar la tribuna. El caos obligó trasladar la sesión a la sede de Xicoténcatl.
El voto de Yunes, hasta entonces panista que se desmarcó de la oposición para sumarse a la mayoría oficialista, fue símbolo de fractura política. Los gritos de “¡traidor a la nación!” que lo persiguieron aquella madrugada, aún resuenan entre quienes se oponen a la reforma.
Asistencia a asunción del PJF divide a la oposición
Por Ulises Soriano
La rendición de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), prevista para este lunes en el Senado de la República, se realizará con un escenario dividido entre la oposición: Movimiento Ciudadano (MC) confirmó su asistencia, el PRI decidió no presentarse y el PAN mantiene en suspenso su postura.
El coordinador emecista, Clemente Castañeda, anunció que sus senadores acudirán al acto protocolario, aunque subrayó que su presencia no implica un aval irrestricto. “En reunión con el grupo parlamentario, tanto de la Cámara de Diputados como con nuestra dirigencia nacional, acordamos que las y los senadores de Movimiento Ciudadano estaremos presentes en la toma de protesta el lunes”, señaló.
Castañeda aclaró que MC mantiene un fuerte cuestionamiento a la reforma judicial, pero reconoció que, a partir de este lunes, existirá “un poder constituido del Estado mexicano y les vamos a exigir, como le exigiremos a cualquier otro juzgador, imparcialidad y, sobre todo, distancia del régimen oficial que puso ahí a muchos”.
El líder emecista fue enfático en que no habrá un cheque en blanco para los jueces y magistrados que asuman funciones.
En contraste, el PRI adelantó que no asistirá. La secretaria general de ese partido y senadora, Carolina Viggiano, en entrevista con La Razón, calificó el proceso como una “farsa” y aseguró que el procedimiento deteriora la división de poderes.
“Nosotros no vamos a estar presentes. Nosotros no estamos de acuerdo con toda esa farsa. Es muy lamentable que estemos en el lugar que hoy estamos, en una selección de juzgadores que muchos de ellos no tienen la experiencia. Puede haber sus excepciones, como toda regla, pero nosotros pensamos que esto deteriora enormemente la división de poderes”, dijo.
Agregó que la designación carece de legitimidad, “porque a la vista de todos quedó claro que fueron electos con acordeones. Tenemos ahí un tema que ha quedado claro para todos, excepto para los magistrados electorales”.
Advirtió que, con este proceso, se pierde la oportunidad de un verdadero escrutinio sobre los perfiles judiciales. “Al Senado sí tendrían que haber mandado gente calificada, porque el Senado no hubiera tenido ninguna justificación de no revisar exhaustivamente. Estoy segura de que la comunidad jurídica y también la sociedad civil, en su conjunto, hubiera podido asomarse y revisar en mejor medida los perfiles”, expuso.
Por su parte, el PAN mantiene su definición en el aire. El presidente del partido albiazul, Jorge Romero, reconoció que no se ha determinado cómo actuará el lunes, aunque descartó que su presencia implique un respaldo al procedimiento.
El panista insistió en que la reforma judicial respondió a un interés de control político. “No vamos a llegar a aplaudir y a avalar lo que es el producto de un proceso que hemos descalificado desde el principio. Porque claro que este país necesitaba una reforma judicial, pero necesitaba una reforma judicial para la gente. ¿Y qué fue la reforma judicial? Simple y sencillamente, un método de selección de jueces para desplazar a los que no le quisieron obedecer al régimen”, acusó.
Romero concluyó que Acción Nacional vigilará el desempeño del nuevo poder y que sus primeras pruebas serán clave. “No es un Poder Judicial que llegue con legitimación de origen. Tenemos fe por la República, que logren una legitimación a posteriori por su ejercicio, léase por sus sentencias”, dijo.
