En los primeros 11 meses de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de asesinatos se redujo 32 por ciento, contexto bajo el cual extendió una felicitación al Gabinete de Seguridad.
Además, destacó que, “en agosto, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre de 2024. Una felicitación al Gabinete de seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción”.
- El Dato: Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el feminicidio bajó 29.2%; las lesiones dolosas por disparo de arma, 28.7%; el secuestro, 70%, y los robos con violencia, 48.6%.
En conferencia de prensa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 86.9 en promedio en septiembre del 2024, a 59.2 hasta agosto de 2025.
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Señaló que agosto de este año es el más bajo respecto al mismo indicador desde el 2015. En los ocho meses que han transcurrido del año se han registrado 68.4 homicidios por día, en promedio.
Por entidad, siete estados concentran 51.1 por ciento de los crímenes: Guanajuato, con 11.6 por ciento del total; Chihuahua, con 7.3 por ciento; Baja California, 7.1 por ciento; Sinaloa, 7.1; Estado de México, 6.6 por ciento; Guerrero, 5.9 por ciento, y Michoacán, con 5.5 por ciento. Destacó que 28 entidades bajaron la incidencia en este mismo delito, entre las cuales destacan Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.
En cuanto a los delitos de alto impacto, resaltó que la incidencia ha disminuido 21 por ciento desde septiembre del año pasado, al pasar de 636 a 477 hasta agosto.
De los 11 delitos considerados en la categoría de alto impacto, la extorsión es el único que observa un incremento, con 21.3 por ciento, lo cual fue atribuido al incremento de denuncias como parte de la estrategia lanzada desde la Federación contra este ilícito.
Sobre este delito, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que a partir de la estrategia para combatir las extorsiones implementada desde el 6 de julio, se han recibido 43 mil 682 llamadas al número 089 por parte de la población.
De estas, 72 por ciento, es decir, 31 mil 411 llamadas, fueron extorsiones no consumadas debido al acompañamiento en tiempo real de los operadores; 10 por ciento, es decir, cuatro mil 263 llamadas, fueron para reportar extorsiones consumadas que aportaron datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación.
Derivado de esto, 239 personas han sido detenidas en 19 estados del país, con corte hasta el 3 de septiembre.
En cuanto al reporte de Cero Impunidad, detalló que en estos 11 meses de gobierno han sido capturadas 32 mil 424 personas por su participación en delitos de alto impacto. Se aseguraron 16 mil 48 armas, 245.3 toneladas de drogas y se han desmantelado mil 408 laboratorios.
Entre las detenciones, destacó la de Geovanny “N”, alias El Gordo, operador de la célula delictiva llamada La Barredora, además de Narciso “N”, identificado como responsable de cuatro homicidios ocurridos en el municipio de Centla. Durante su detención, fueron rescatados siete menores de edad, a quienes había sustraído, los cuales hoy se encuentran a salvo.
Para el estado de Sinaloa, que enfrenta una situación particular de violencia a raíz de la captura de Ismael Zambada, El Mayo, desde el año pasado. Reportó que van 95 personas detenidas, 294 armas aseguradas, ocho laboratorios desmantelados y 27 mil 758 kilos de drogas incautadas.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que en la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han canjeado por dinero en efectivo cinco mil 890 armas de fuego, de las cuales mil 760 eran largas.
Avalan reforma para legislar sobre extorsión
› Por Claudia Arellano
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 474 votos a favor, la propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de extorsión, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en ese delito.
El cambio al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, plantea que el Congreso expedirá una ley general que unifique y contemple el tipo penal.
Además, pone sobre la mesa que se penalicen sus agravantes, los delitos vinculados y las sanciones aplicables, además de cumplir los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva para víctimas, personas ofendidas y testigos.
- El Dato: Con esta reforma se afianzará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el que se declaró la atención de este delito y se calificó como de alto impacto.
En el régimen transitorio se expone que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor y se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. En tanto, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas continuarán vigentes hasta en tanto no se emita la ley general. La enmienda se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.
Con la nueva constitucionalidad y sucesivamente con la ley general, se consolidará la Estrategia Nacional contra la Extorsión emprendida por la Presidenta de la República y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se plantearon cinco ejes.
Es decir, detenciones mediante investigación e inteligencia, fomento a la creación de unidades antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación a operadores en manejo de crisis y negociación e implementación de una campaña de prevención nacional.
En el debate particular, que duró cuatro horas, todos los grupos parlamentarios presentaron diversas reservas, mismas que fueron retiradas o no se admitieron a discusión, por lo que se desecharon y quedaron en términos del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Al fundamentar el proyecto, el morenista Leonel Godoy detalló que este crimen tiene dos modalidades básicas: el llamado cobro de piso de manera presencial y las llamadas telefónicas con engaños y amenazas —muchas de ellas hechas realizadas desde centros penitenciarios—, lo cual afecta tanto a la economía de las personas como a su salud mental y tranquilidad, por lo que “no es un delito menor”.
Añadió que la iniciativa busca incentivar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno; perseguir el delito de oficio, sin necesidad de una denuncia de la víctima, y homologar las penas de cárcel a nivel nacional, las cuales hoy son muy dispares en cada entidad federativa.
La también morenista Astrit Cornejo Gómez, afirmó que el sistema está fragmentado, ya que se tienen 32 sanciones diferentes: en algunos estados las penas son de un año y en otros de hasta 30 años; por ello, dijo, la reforma constitucional es urgente e inaplazable, y abre la oportunidad de cerrar un vacío legal que ha favorecido décadas de impunidad.
La panista Annia Gómez recordó que su partido ya había presentado iniciativas en la materia, y por ello, compañaron el dictamen que, dijo, abonará a homologar las penas en todo el país. Sin embargo, advirtió que este ilícito debe combatirse con fondos suficientes, y recordó el recorte de 10 mil millones de pesos a seguridad, por lo que llamó a la mayoría a revertir esa decisión.
En el mismo sentido, el priista César Domínguez dijo esperar que la ley general sea presentada y discutida sin demora, con enfoque integral y con recursos suficientes: “Advertimos al oficialismo: no podemos quedarnos en el discurso ni en una ley parcial; la ley general de extorsión debe ser clara, operativa y con presupuesto”.
