La inclusión de la diputada federal de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo en documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos vínculos con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, abrió un frente político y judicial con consecuencias que podrían trascender a nivel nacional.
Analistas en seguridad y ciencia política consultados por La Razón coincidieron en que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no son simbólicos, sino mecanismos que afectan directamente la reputación, la operatividad y el futuro político de la legisladora.
- El Dato: La diputada Araceli Brown en su red social negó su relación con el crimen organizado y que le hubieran cancelado sus cuentas bancarias, y se dijo víctima de infamias.
De acuerdo con el especialista en seguridad David Saucedo, los vínculos de Brown con la estructura criminal se remontan a su periodo como alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California. “Desde que ella era presidenta municipal se sabía que dicho municipio y la dirección de policía, tránsito y fiscalización colaboraban con la gente de El Mayo Zambada para brindar protección a las células dedicadas al narcomenudeo, a la extorsión y al trasiego de drogas”, explicó.
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Saucedo aseguró que incluso “algunos de los sicarios de El Mayo Zambada estaban dados de alta en nómina en la dirección de policía de Rosarito, lo que configuró un esquema de gobernanza criminal en la región”. Esa estructura, dijo, permitió al cártel controlar desde la seguridad pública hasta el cobro de derecho de piso a comerciantes y transportistas a través de direcciones municipales.
Para Abraham Serrano, consultor en seguridad y defensa, “la importancia de que Araceli Brown aparezca en la lista de OFAC radica en que el brazo financiero de Estados Unidos opera de manera extraterritorial y repercute más allá de la soberanía mexicana”.
Explicó que estas designaciones tienen un impacto inmediato: “Una vez que le pegan a la reputación, la persona ya no podría tener contacto con el sistema financiero de Estados Unidos ni acceso a sus redes globales. Además, cualquier proveedor o socio que negocie con ella corre el riesgo de ser arrastrado a las mismas listas negras”.
El especialista recordó casos como el del futbolista Rafael Márquez, a quien, aunque logró salir de la lista, “le costó mucho dinero y años demostrar que no tenía vínculos”. Subrayó que este tipo de sanciones no son fáciles de revertir y pueden derivar en crisis económicas y de empleos cuando se trata de empresas vinculadas. “No es tan simple como decir que no afecta porque México no la reconoce como terrorista. Para Estados Unidos lo es, y en automático impacta en comercio, finanzas y hasta en la seguridad nacional”, advirtió Serrano.
En el terreno político, David Saucedo sostuvo que lo procedente sería iniciar un juicio de desafuero en el Congreso. “El Gobierno norteamericano le notificó al Gobierno de México que tenía una diputada federal bajo investigación. El Gobierno federal debió instaurar la Comisión Instructora para iniciar el juicio de desafuero y que ella pudiera ser citada judicialmente. Hoy goza de fuero y no hay manera de que pueda ser llamada”, indicó.
Agregó que la administración estadounidense ha pedido acciones similares contra otros legisladores y gobernadores, pero “el Gobierno mexicano no movió un dedo. Por eso los americanos hacen filtraciones a la prensa, provocando terremotos políticos como el que ahora golpea a Baja California y a Morena”.
El politólogo Antulio Ontiveros colocó el tema en un plano más amplio al advertir que las sanciones revelan un problema estructural: la ausencia de controles de inteligencia para vigilar a quienes buscan cargos de elección popular.
“La llamada 3 de 3 no es suficiente. Debe existir un órgano colegiado entre poderes y niveles de Gobierno que realice investigaciones de inteligencia sobre las trayectorias de quienes aspiran a puestos estratégicos para la seguridad nacional”, planteó Ontiveros.
Abraham Serrano subrayó que, al no existir un escrutinio profundo, “es como verter un vaso de agua sucia en un estanque limpio, con el tiempo contamina todo el sistema”. Señaló que la complacencia y la opacidad son factores que han permitido que actores con posibles vínculos delictivos se mantengan en cargos públicos sin enfrentar consecuencias hasta que llegan presiones externas, como en este caso.
Los especialistas coincidieron en que el caso de Hilda Araceli Brown no es aislado y exhibe la vulnerabilidad de las instituciones mexicanas frente a la infiltración criminal en todos los niveles. Las sanciones de OFAC y UIF, lejos de ser meros golpes mediáticos, constituyen mecanismos que cierran el paso financiero y político a los señalados, pero también presionan al Estado mexicano a responder, refirieron.
