Por unanimidad de 106 votos a favor, el pleno del Senado aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución, con el fin de que el Congreso de la Unión pueda expedir la Ley General contra la Extorsión, una normatividad unificada y orientada a fortalecer el combate de ese ilícito.
Debido a que la enmienda había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados el pasado 9 de septiembre, la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, remitió el proyecto a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su validación. Por la noche, se reportó que el Congreso de Tabasco fue el primero en aprobar la reforma, que requiere el aval de 17 legislativos locales para declarar su constitucionalidad.
- El Dato: según cifras oficiales, la incidencia de este delito ha crecido en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en el 2018 a 29.77 en enero del 2025.
El documento subraya que actualmente existe una disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, lo que dificulta la persecución del ilícito y ha permitido que la delincuencia organizada aproveche las diferencias jurídicas para evadir la justicia.
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Por ello, la reforma busca que la Constitución otorgue al Congreso la facultad para legislar en materia de extorsión, con el propósito de eliminar la fragmentación jurídica y vacíos legales que obstaculizan la impartición de justicia y genera inseguridad en las víctimas.
La modificación permitirá, además, establecer de manera uniforme el tipo penal, las agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones; así como incorporar mecanismos efectivos para la atención de víctimas, ofendidos y testigos.
- 5 mil 887 víctimas de este delito registradas en 6 meses
El dictamen también establece que, tras esta reforma, la expedición de una Ley General de Extorsión será un paso indispensable para crear un marco jurídico homogéneo, con criterios uniformes de investigación, persecución y sanción.
En el debate, el emecista Luis Donaldo Colosio sostuvo que la extorsión erosiona el comercio local y el emprendimiento, pues la magnitud del problema no puede minimizarse debido a que las carpetas de investigación se han multiplicado a nivel nacional, pasando de entre 400 a 500 en 2015 a más de 850 en 2025, por lo que su bancada dio su voto a favor.
La priista Carolina Viggiano Austria asentó que, “debido a la gran impunidad que hay en el país, es que los ciudadanos no se animan a denunciar la extorsión, pues en las comunidades hay ‘cobro de piso’ de manera directa en los negocios”.
Destacó que esta reforma beneficia a los mexicanos y consideró indispensable homologar las sanciones y la uniformidad de las agravantes en el Código Penal Federal con el de las entidades para tener una estrategia unificada y un tipo penal.
Verónica Rodríguez, del PAN, dijo que la extorsión “es una realidad que ha azotado al país, pues en el primer semestre del año se registraron cinco mil 887 víctimas de este delito, de acuerdo con el monitor de seguridad de la Coparmex”.
Por ello, su partido respaldó que se homologue la regulación. Sin embargo, expresó que legislar no lo resuelve todo, por lo que es indispensable una estrategia.
Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que esta reforma unificará criterios, cerrará vacíos legales y protegerá de manera integral a la sociedad, al fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito.
Afirmó que la reforma se debe a que la extorsión es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda.
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MSL
