El aborto, además de estar entre las principales causas de muerte materna y representar riesgosas complicaciones posteriores, se mantiene como una práctica criminalizada al alza a pesar de los avances legislativos en los estados para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En este año, la interrupción de un embarazo es la tercera causa de muerte materna en México. Con corte al 22 de septiembre, el número de defunciones asociadas a esta práctica se encontraba en 42.
- El Dato: integrantes del movimiento de la Marea Verde México se congregaron ayer frente al Senado de la República para exigir que se elimine el delito de aborto del Código Penal.
Con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro que se conmemora este 28 de septiembre, organizaciones reiteraron el llamado a que esta práctica se desestigmatice y sea reconocida como un evento que puede formar parte del ciclo reproductivo de la vida de una mujer, no sólo para garantizar su ejecución de manera segura cuando se toma por decisión propia, sino también para asegurar una práctica adecuada ante situaciones de emergencia e incluso violencia.
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Mariana, nombre sustituido por protección de su privacidad, tuvo una interrupción involuntaria de su embarazo cuando se encontraba en la sexta semana de gestación. La causa: violencia ejercida por su pareja, que la llevó a un sangrado y posterior pérdida del bebé, para lo cual recurrió a una clínica clandestina para, dice, no crecer el problema.
- El Tip: Aunque la SCJN ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto, su implementación aún depende de reformas estatales.
“Mi primer embarazo lo tuve a los 31 años, una niña. A los tres años volví a quedar embarazada de su hermanito y yo tenía muchas dudas respecto a tenerlo o no tenerlo, porque aparte atravesaba por una situación de violencia muy fuerte. Yo me enteré de que estaba esperando bebé el 15 de septiembre y en marzo del siguiente año, él (su pareja) me empujó y yo comencé a sangrar mucho. Me dijo que yo iba a estar bien, pero después llegué al hospital clandestino…”, contó.
Sin embargo, hoy, a ocho años de aquel episodio e intentando reconstruir una vida para ella y su primera hija, enfrenta un diagnóstico de salud negativo.
“Ya estamos en 2025 y estoy teniendo las consecuencias más graves de esta situación, porque me hicieron una mala práctica, unas pequeñas células se quedaron alojadas fuera del endometrio; ahí se formó una capa endometrial y me generó endometriosis, infecciones incurables en el tracto de la matriz, son muchísimas cosas”, cuenta.
Pero las consecuencias a la salud no son las únicas a enfrentar. A pesar de que en México el aborto está despenalizado y legalizado en 23 entidades federativas, las carpetas de investigación se siguen abriendo y con una tendencia creciente.
Hasta agosto, sumaban 597 registradas en todo el país ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa 13.9 por ciento más respecto a las 524 que se registraron durante el mismo periodo de 2024.
Elena, nombre ficticio para ocultar su verdadera identidad, tiene 37 años y un hijo, aunque le habría gustado tener más, pero ahora sólo lo ve como un sueño que se complicó alcanzar por también interrumpir su embarazo cuando tenía 26 y su entonces pareja y familia, contrario a brindarle apoyo, buscaron incluso meterla a prisión.
La mujer cuenta que, al comprobar que estaba embarazada, ya con casi 12 semanas de gestación, y compartirlo con su entonces novio —con el que ya vivía en casa de sus suegros—, él le reclamó el no haberse cuidado e incluso amagó con terminar con su relación y correrla si lo “obligaba” a ser padre “fuera del matrimonio”, porque “así lo educaron sus padres”, así que tomó la decisión de ir a una clínica a interrumpir su embarazo, pues en aquellos años esa familia “era lo único que tenía” como foránea en la Ciudad de México.
“Yo lo quería mucho y sus papás me recibieron; aunque había diferencias, todo era tranquilo. Era el hombre con el que pensé que pasaría mi vida y que ellos se convertirían en la familia que no tuve”, cuenta.
Sin embargo, la situación se complicó cuando, una vez realizada la práctica, su suegra se enteró de lo ocurrido. Su hijo negó haberla presionado para abortar, por lo que la señora buscó a un abogado para asesorarse y proceder contra ella, acusándola de interrumpir el embarazo con más de las 12 semanas. Ante ello, eligió salir de ahí y no volver.
Debido a que en estados como Aguascalientes, Durango, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala aún se considera al aborto un delito, organizaciones feministas y colectivas defensoras de derechos humanos convocarán a una movilización frente al Senado, para exigir que se cumpla la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en septiembre de 2023 declaró inconstitucional la criminalización del aborto en el Código Penal Federal.
“Desde la perspectiva de los organismos internacionales y la propia Corte, el aborto no debe regularse mediante leyes penales, sino a través de normativas de salud que garanticen acceso seguro, sin plazos ni autorizaciones de terceros y bajo condiciones de dignidad, igualdad y asequibilidad”, señalaron.
