El asesinato de los músicos colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, Regio Clown, cuyos cuerpos aparecieron desmembrados junto a un narcomensaje en un paraje de Cocotitlán, Estado de México, no sólo exhibe la brutalidad de la delincuencia organizada, según el informe National Drug Threat Assessment 2025 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en esa región tienen presencia tres de los grupos criminales más poderosos de México: el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana (NFM).
Al respecto, especialistas en seguridad consultados por La Razón coinciden en que este doble homicidio debe leerse como un acto de propaganda criminal y de terror transnacional, más que como un hecho aislado.
- El Dato: El mánager de Byron Sánchez, Juan Camilo Gallego, alertó a las autoridades tras rastrear la ubicación de B King en su celular, información que coincidió con la localización.
El miércoles pasado, la Fiscalía del Estado de México localizó un predio en el municipio de Texcoco que podría estar relacionado con el asesinato de los artistas colombianos localizados en Cocoti-tlán. El lugar se encuentra bajo resguardo y es objeto de análisis forenses, con la finalidad de establecer si fue utilizado como sitio de privación de la libertad o desmembramiento de las víctimas.

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El informe de la DEA documenta que la Nueva Familia Michoacana opera en los estados de Guerrero y el Estado de México, con acceso a rutas de tráfico y a puertos estratégicos como Lázaro Cárdenas. Además, tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa han expandido sus operaciones al Valle de México, aprovechando su cercanía con la capital.
De acuerdo con ese reporte, los tres grupos fueron catalogados por el Departamento de Estado de EU como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de este año, debido a su capacidad de generar violencia sistemática y a sus nexos internacionales. Este contexto coloca la zona de desaparición de los colombianos como un territorio clave, donde confluyen intereses de grupos criminales mexicanos y sudamericanos.
Consultados por La Razón, el especialista en seguridad Abraham Serrano y el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas David Barrios coincidieron en que el doble homicidio es un acto de terror con múltiples destinatarios: la sociedad, las autoridades y hasta las organizaciones criminales en Colombia.
Serrano explicó que los restos de las víctimas no sólo fueron abandonados, sino acompañados de una cartulina con la firma de La Familia Michoacana, lo que refuerza el carácter propagandístico del crimen. “No es lo mismo matarlos y desaparecerlos a hacerlo muy violento, difundirlo y poner un cartel para marcar ese dominio. Eso es un acto terrorista”, dijo.
De acuerdo con el especialista, los homicidios cumplen un doble objetivo: enviar un mensaje interno a quienes la organización considera “traidores” y proyectar poder hacia Colombia, de donde provienen sus actuales proveedores. “Cuando se usa tanta saña en el asesinato, el cuerpo habla: si le cortaron las manos, puede significar que robó; si le cortaron un dedo, que traicionó. Es criminalística del terror”, explicó.
El carácter simbólico del crimen quedó reforzado por la brutalidad con que fueron hallados los cuerpos. Para Serrano, el nivel de violencia fue deliberado: “Entre más violento sea el hallazgo, más impacto genera en la población y hasta en las autoridades que investigan. Lo que querían era que el mensaje se difundiera y así se cumplió”.
El investigador recordó que si el objetivo fuera únicamente eliminar a rivales, las víctimas habrían sido asesinadas en un ataque directo. “Pudo haber sido un balaceo en un restaurante o en el gimnasio; sin embargo, optaron por levantar, torturar y dejar un mensaje. Es propaganda criminal”, apuntó.
La Fiscalía capitalina indaga precisamente esta línea. Según los reportes oficiales, una serie de mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono de B-King apunta a una reunión con presuntos integrantes de la Unión Tepito.
A ello se sumó el testimonio de testigos y las grabaciones de cámaras de seguridad que siguieron la ruta del vehículo en el que los colombianos fueron levantados. Aunque la cartulina atribuida a La Familia Michoacana podría ser un distractor, la hipótesis más sólida es que estos asesinatos sí se vinculan con el crimen organizado.
David Barrios subrayó que los asesinatos también deben analizarse desde la dimensión económica y transnacional. “Los cárteles colombianos han diversificado sus operaciones en México más allá de la droga. Hoy vemos al menos tres actos claros: la trata de personas, los préstamos usureros y, por supuesto, la provisión de cocaína a organizaciones como La Familia Michoacana”, indicó, en entrevista.
Serrano coincidió en este diagnóstico, al recordar que La Nueva Familia Michoacana se fortaleció en los últimos años mediante la compra de cocaína a disidencias de las FARC. “Si bien su operación es local, sus proveedores están en Colombia, lo que la convierte en una organización transnacional”, advirtió.
Ambos especialistas en seguridad alertaron que la violencia contra artistas no es casual. Abraham Serrano apuntó que músicos, youtubers o figuras públicas son en ocasiones utilizados como fachada para lavar dinero o facilitar la venta de droga en eventos públicos. Aunque aclaró que no se puede afirmar que ese fuera el caso de B-King y Regio Clown, no descartó que la línea de investigación avance en esa dirección.

