La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para reformar el marco regulatorio del uso del agua, que entre sus puntos propone endurecer las sanciones contra los delitos hídricos, dentro de lo cual se contemplan penalidades de hasta diez años de prisión.
Se trata de un proyecto para expedir la Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo 4 constitucional, y para reformar la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 de la Carta Magna, el cual se envió ayer mismo a la Cámara de Diputados.
Será, en el caso de la segunda, en la que se implementen las acciones para combatir el uso indebido del recurso hídrico, como el robo o el mercado negro, por medio del fortalecimiento para la imposición de sanciones y multas, así como el incremento de las penalidades.
Para ello se creará un capítulo de delitos hídricos, dentro del cual se considerarán la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales; actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites; desvío ilegal del flujo o cauce natural. Las penas van de uno a 10 años de prisión y de 300 a cuatro mil días de multa.
- El Dato: El CCE y la Concamin reconocieron la iniciativa en materia hídrica y le dieron su respaldo por considerar que aporta certeza a todos los usuarios del país.
En su oportunidad, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, recalcó que se plantea aplicar la ley de extinción de dominio para los casos de robo del recurso.
Para esto, se creará el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, en el cual todo el recurso que ingrese al mismo será reasignado mediante una planeación estratégica, y se privilegiará el derecho humano al líquido y la sustentabilidad.
En cuanto a la nueva Ley de Aguas Nacionales, ésta fijará las bases para garantizar dicho derecho; se definirán las competencias de los tres niveles de gobierno en la materia y se reconocerán los sistemas comunitarios del agua.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, dijo que esto forma parte del plan federal para revertir la privatización del recurso y establecer un marco normativo que garantice su uso sustentable y justo, “acompañado de políticas públicas incluyentes e integrales que eviten que se beneficie a unos pocos a costa de la mayoría”.
“Privatizar el agua es robarle a los pueblos su futuro; defender el derecho al agua en todas sus formas es defender la vida, la soberanía y la justicia social. De este derecho dependen otros derechos, como la vida, la salud y el medio ambiente, también el desarrollo comunitario y social.
“Además, es un recurso nacional estratégico, un bien social y cultural. El derecho al agua implica acceso equitativo, gestión comunitaria y protección de los ciclos naturales”, expresó la consejera.
La Presidenta Sheinbaum consideró que con este proyecto se devuelve el agua como recurso de la nación: “Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de Gobierno. En el 92, en la época de (Carlos) Salinas, cambia la Ley de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía, que es transmisible y vendible, por privados, entre privados.
“Eso generó no solamente descontrol en las concesiones, porque muchas veces ni siquiera avisaban a la Conagua, sino que, además, un uso excesivo, porque ni siquiera había control de cuánta agua realmente estaba utilizando la concesión. Eso se acaba con la iniciativa que estamos enviando el día de hoy. Se ordena el uso de agua en el país”, criticó.
Añadió que el líquido es un recurso de la nación, y se puede concesionar, “lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión; ni tampoco transmitir los títulos de concesión, si hay cambio de uso de suelo”.
Abundó que su recuperación es un instrumento indispensable para el desarrollo nacional y con esta iniciativa se implementan esquemas transparentes para que la Conagua sea la que realice su ordenamiento, evitando que las concesiones sean una mercancía entre privados.
Ponen orden
Algunos puntos destacados de la reforma incluyen:
- El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua.
- No será posible transmitir títulos de concesión entre particulares.
- Elimina los cambios de uso y crea un nuevo Registro Nacional del Agua.
- Crea un capítulo de delitos hídricos, que se perseguirán de oficio.
- Sanciona los actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites.
- Castiga el desvío ilegal del flujo o cauce natural de agua.
- Las penas van de 1 a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días multa.
Avalan acceso libre y gratuito a playas
Por Claudia Arellano
Por unanimidad, con 465 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, para garantizar el acceso libre, gratuito y permanente a las playas nacionales y a las áreas protegidas.
La enmienda, enviada al Senado para su aval, prohíbe la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso salvo por disposición para la prevención y protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
Además, la Semarnat deberá garantizar el acceso gratuito a áreas naturales protegidas al menos un día a la semana, y promover el respeto a la biodiversidad y los ecosistemas. Las disposiciones transitorias establecen que se realizarán adecuaciones normativas dentro de los siguientes 90 días, y las concesiones vigentes deberán ajustarse en un plazo de 180 días.