Con 15 modificaciones, la mayoría de la 4T en el Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma presidencial en materia de amparo, en la que estableció cambios en materia de “interés legítimo”, además de que los juicios en trámite se resuelvan bajo las nuevas reglas.
En lo general el dictamen se aprobó con 76 votos a favor y 39 en contra, mientras que en lo particular fueron 70 en pro y 39 que rechazaban el dictamen que modifica la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la enmienda pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación.
- El Dato: Las audiencias públicas en el Senado sobre la reforma en materia de amparo se realizaron el lunes 29 y martes 30 de septiembre, con 41 ponentes.
Como había anticipado días antes el coordinador de Morena, Adán Augusto López, por la tarde el dictamen se avaló en comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos, con 32 votos a favor de la mayoría parlamentaria, y 12 en contra, y por la tarde se citó a sesión vespertina del pleno para su discusión. Ello, a pesar de que apenas en días anteriores se habían realizado audiencias públicas para escuchar las posiciones de especialistas sobre el tema.

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El ajuste central aprobado se centró en la nueva definición de “interés legítimo”, que ahora podrá acreditarse tanto de manera individual como colectiva, eliminando el requisito de que la afectación sea actual o que el beneficio del amparo deba ser directo.
En el ámbito fiscal, el dictamen delimitó los mecanismos de garantía para obtener suspensiones frente a actos de cobro de créditos firmes: únicamente se aceptarán billetes de depósito emitidos por instituciones autorizadas. Con ello, Morena subrayó que se busca “fortalecer el amparo”.
El proyecto también introdujo cambios procesales, al ampliar de 60 a 90 días el plazo para que jueces resuelvan amparos indirectos, con el propósito de frenar prácticas dilatorias conocidas como “chicanadas legales”.
Finalmente, en los casos de suspensiones vinculadas con procesos penales que incidan en la libertad personal, se extendió de tres a cinco días el periodo para que las personas quejosas presenten la garantía exigida.
Otro cambio relevante fue eliminar disposiciones que reducían las sanciones contra autoridades que incumplan suspensiones o sentencias, con el objetivo de mantener vigentes los mecanismos actuales de responsabilidad.
MADRUGUETE. Sin el voto de los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, los morenistas Javier Corral y Enrique Inzunza, respectivamente, la 4T aprobó de madrugada, durante la discusión en lo particular, una modificación a la iniciativa de amparo que establece que los juicios en trámite se resuelvan bajo las nuevas reglas.
Según la oposición, esto contraviene el artículo 14 constitucional, que prohíbe aplicar una ley de forma retroactiva en perjuicio de los derechos de las personas.
Manuel Ladrón de Guevara presentó dicha reserva al dictamen al argumentar que el amparo ha sido utilizado para retrasar procesos y evadir responsabilidades. En tribuna aseguró que la modificación no implica retroactividad, pues no afecta derechos adquiridos ni vulnera la Constitución, sino que busca garantizar que las sentencias se cumplan de manera efectiva, en especial en materia fiscal.
“Con esta modificación se cierran esas puertas de impunidad y se abre el camino a un cumplimiento efectivo de las sentencias. Este es el verdadero sentido de la Cuarta Transformación en la justicia: que los derechos del pueblo se cumplan sin simulaciones (…) Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada, sé lo que vengo a plantear aquí y sabía que algunos iban a empezar a alegar que esta modificación implica una aplicación retroactiva a la ley, prohibida por el 14 constitucional”, aseguró.
Sin embargo, señaló, “no es el caso, la regla general es que la ley se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante, sólo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa puede hablarse de retroactividad violatoria”.
La oposición reaccionó en contra de la reserva. La priista Carolina Viggiano, acusó al legislador de Morena de violar la Constitución al promover cambios retroactivos en la Ley de Amparo.
“Han torcido la ley para protegerse, por eso se han apropiado de los tribunales, porque tienen miedo, ese miedo que tienen todos los dictadores y que cada día son devorados por el poder. Eso es lo que está pasando con ustedes. Esto que usted propone, senador Ladrón, tiene violación expresa del artículo 14 constitucional”, sentenció.
Viggiano advirtió que esta medida afecta derechos procesales, genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a abusos, afectando litigios en trámite y socavando la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
En la misma línea, la panista Verónica Rodríguez criticó la reserva, señalando que ignora voces académicas y de legisladores, y prioriza los intereses del Ejecutivo sobre los del pueblo.
“Y desde aquí le pregunto al ministro presidente, sí, a Hugo Aguilar: ¿Habrá de defender la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o habrá de seguir las instrucciones de los que lo pusieron en ese lugar? Ése es el reto. ¿A quién va a defender realmente la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque van a llover los amparos ante esta clara violación a la Constitución Política”, expresó.

