La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), aprobó tres dictámenes que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Los documentos fueron remitidos a la Mesa Directiva para su programación legislativa, que se efectuará este miércoles en sesión.
El dictamen que modifica la Ley Federal de Derechos, aprobado por 30 votos a favor y 12 en contra, busca asegurar la coherencia normativa y ajustar las cuotas y tarifas para que reflejen el costo real de los servicios públicos.
Al fundamentarlo, el diputado Antonio Altamirano explicó que el contenido de este dictamen, en materia migratoria plantea modificar las cuotas a 14.2 por ciento para visitantes sin permiso de trabajo, 100 por ciento para residentes temporales permanentes y descuento del 50 por ciento para ciertos casos, unidad familiar, oferta de registro nacional e invitaciones culturales.
El legislador añadió que se establecen nuevos cobros en autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, por la emisión del formato de autorización de salida de menores al extranjero, por ampliar el cobro por servicios migratorios extraordinarios a todos los vuelos no regulares y se elimina la extensión para aeronaves privadas sin fines de lucro, manteniéndose solo para protección civil y ambulancias aéreas.
En el sector de telecomunicaciones, se ajustan los derechos por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, con el fin de ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicación y radiodifusión para contribuir al bienestar de la población.
Las y los integrantes de la Comisión aprobaron, el dictamen que reforma y deroga disposiciones del Código Fiscal de la Federación. El presidente de la Comisión explicó que el propósito es combatir las prácticas ilícitas, mediante sanciones a factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.
Para ello, expuso, se fortalece la eficiencia recaudatoria, el combate a evasión y elusión fiscal, al mejorar los procesos de control, verificación y auditoría, así como modernizar el marco fiscal, a través de la incorporación del uso de nuevas herramientas tecnológicas.
Además, se refuerza la certeza jurídica, al precisar plazos, procedimientos y derechos de los contribuyentes para establecer límites a los actos de fiscalización.
Indicó que este dictamen busca armonizar las normas relativas a los falsos comprobantes fiscales en relación con los delitos, en los cuales constitucionalmente resulta procedente la prisión preventiva oficiosa y las consecuencias jurídicas en el caso de realizar operaciones con ellos.
También de Morena, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar informó que se va a convocar a una reunión a los presidentes de las Comisiones de Hacienda de los congresos locales de las entidades federativas antes del mes de octubre con el propósito de darle forma y disposición legal a los avances y acuerdos que tomaron los secretarios de Finanzas del país, para fortalecer los recursos fiscales y financieros de los municipios.
La diputada Eva María Vásquez Hernández (PAN) expresó que su grupo parlamentario considera que no se puede hacer política pública con el bolsillo de las familias. Añadió que estas adecuaciones asfixian a la clase media, a los emprendedores y a los turistas que todavía creen en México.
Jericó Abramo Masso, diputado del PRI, anticipó que no acompañarán las reformas, porque se incrementan los impuestos, y en el caso el Código Fiscal de la Federación se genera un mayor control sobre quienes simulaban operaciones fraudulentas, pero al mismo tiempo por quienes no tienen la capacidad de generar un gran pago de tributaciones.
La diputada Patricia Flores Elizondo de (MC) dijo que el dictamen es un modelo fiscal que no impulsa el crecimiento económico sino castiga al consumidor y no enfrenta los problemas reales de la recaudación en México. “Es un paquete que sostiene el gasto público sin fortalecer la economía real. El país necesita una reforma fiscal inteligente, progresiva y equitativa”.
El diputado del PRI, Suárez Licona Emilio, señaló que el Paquete Económico 2026 propone aumento por casi 18 por ciento del IEPS por razones de salud. Los impuestos saludables generarán una recaudación adicional de 39 mil millones de pesos. Apuntó que están a favor de un Código Fiscal justo, eficiente y moderno, pero no que se concentre un poder sin límites.
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) sostuvo que pretender un impuesto especial a los videojuegos “violentos” no es una política pública seria, es un despropósito disfrazado de iniciativa fiscal. Los videojuegos no son el problema, el problema es la violencia real que se vive en las calles, en los barrios y en las instituciones, y esa violencia no se combate con impuestos absurdos sino con justicia, oportunidades y Estado de derecho”.
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MSL