La madrugada de este martes 14 de octubre, un grupo armado atacó la presidencia municipal de Zinapécuaro, Michoacán. La sede del gobierno local recibió el embate de ráfagas de armas de grueso calibre y explosivos lanzados desde drones. El atentado, de acuerdo con los informes, dejó una mujer lesionada, provocó daños en viviendas cercanas y en la infraestructura de videovigilancia del C5.
Estos artefactos, como herramienta de vigilancia y espionaje a grupos rivales o contra autoridades, se han convertido en uno de los dispositivos tecnológicos predilectos del crimen organizado por la facilidad para adquirirlos, ya que, según las leyes vigentes, si no rebasan los 250 gramos de peso, no es necesario registrarlos ante las autoridades aeronáuticas.
- El Dato: El Ayuntamiento de Zinapécuaro expresó su “profunda condena ante los hechos de violencia ocurridos” y reiteró su compromiso con la construcción de la paz.
Abraham Serrano, especialista en temas de seguridad, explicó que los drones de mayor calado tienen la capacidad para cargar más peso y pueden ser utilizados para llevar explosivos o hasta dispositivos artillados y con ellos poder realizar ataques a objetivos clave.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) obtenidos por La Razón a través de una solicitud de transparencia, entre enero y julio de 2025 el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) decomisaron 51 drones empleados por la delincuencia organizada, lo que representa un promedio mensual de 7.2 aparatos asegurados en flagrancia.
Las cifras marcan un salto exponencial respecto a los años anteriores. Mientras en 2021 se confiscaron nueve equipos, en 2022 fueron 12, en 2023 subieron a 15 y en 2024 se mantuvieron en 12; sin embargo, en apenas siete meses de 2025 la cifra sextuplicó los registros previos.
Para Jesús Ramírez Stabros, piloto y exsecretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la legislación mexicana se ha quedado muy por detrás del avance tecnológico que representan estos vehículos no tripulados.
“La Ley de Aviación Civil considera la aviación únicamente como un medio de transporte, por lo que regula el espacio aéreo bajo criterios comerciales, no de seguridad nacional”, explicó.
Además, subrayó que, mientras países como Inglaterra o Estados Unidos han actualizado su normativa para incluirlos dentro de la regulación aérea, en México “ni siquiera están mencionados en la ley”, pues “no hay un marco que establezca quién puede venderlos, cómo se adquieren o bajo qué condiciones pueden operar. Las aeronaves ultraligeras sí están reconocidas, pero los drones no figuran como tal”.
Ramírez Stabros consideró que el rezago normativo complica cualquier control sobre su uso ilícito: “En el contexto actual, cualquiera puede comprar un dron, operarlo y utilizarlo incluso con fines delictivos, y la autoridad no tiene herramientas para rastrear su origen o empleo”.
Entre los ataques más recientes con estos artefactos se encuentra un hecho ocurrido en Tepalcatepec, Michoacán. El pasado 28 de septiembre, el resultado de este evento dejó a una avioneta destruida y otras dos afectadas. Mientras que, en agosto, se registró un ataque al penal de Tuxpan; se presume que fue una granada lo que explotó al interior del perímetro del centro penitenciario.
Abraham Serrano señaló que los drones se han convertido en armas híbridas con tres propósitos principales dentro del crimen organizado: “uso bélico, espionaje e inteligencia y trasiego de drogas”.
“Se utilizan para lanzar explosivos o transportar pequeñas cargas de fentanilo, que en gramos puede valer millones, pero también para espiar movimientos de autoridades o rivales”, detalló el especialista, quien advirtió que la mayoría de las incautaciones no derivan en detenciones, lo que dificulta identificar a qué grupo pertenecen los aparatos.
Esa capacidad técnica y económica, dijo, apunta a los cárteles con mayor poder adquisitivo, como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, “que cuentan con brokers en el extranjero capaces de conseguir tecnología avanzada, piezas de ensamblaje e incluso componentes de origen militar”.
También alertó que el fenómeno ya preocupa a agencias internacionales de inteligencia. “Estados Unidos tiene en el radar la posibilidad de que organizaciones criminales establezcan alianzas con países como Irán, China o Corea del Norte para adquirir vehículos no tripulados de mayor letalidad, similares a los usados en Ucrania o Medio Oriente”, advirtió.
Asimismo, explicó que los drones pequeños, de apenas unos centímetros y algunos camuflados como insectos, son ideales para tareas de espionaje, mientras que los de mayor tamaño pueden equiparse con armas o explosivos para ataques directos. “Todo depende del propósito: los pequeños sirven para vigilar o infiltrar cámaras, los grandes para generar caos”, afirmó.
México, añadió, ya enfrenta escenarios de narcoterrorismo incipiente, especialmente en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas, donde grupos criminales usan drones para atacar fuerzas de seguridad o controlar territorios. “Estamos ante un nuevo tipo de guerra: drones contra drones”, concluyó.
