La Cámara de Diputados avanzó ayer en la aprobación de dos apartados de la Miscelánea fiscal: la Ley de Derechos, que prevé impuestos para extranjeros, y el Código Fiscal de la Federación, que establece castigar con prisión a evasores fiscales.
El dictamen de la Ley Federal de Derechos, “que ajusta las cuotas y tarifas para que reflejen el costo real de los servicios públicos” se aprobó en lo general con 355 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones, mientras que en lo particular, la votación se dio con 352 votos a favor, 133 en contra y cero en abstenciones.
En lo que concierne al Código Fiscal de la Federación, éste fue aprobado, en lo general, con 348 votos a favor, 130 en contra y cero en abstención, y hasta el cierre de esta edición continuaba su discusión en el pleno.
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- El Dato: el límite de los diputados para aprobar el paquete económico y enviarla al Senado es el 20 de octubre; la Cámara alta debe avalarla a más tardar el 31 de octubre.
En el primer caso, respecto a la Ley Federal de Derechos, que fue enviada al Senado para su ratificación, entre otros aspectos, se detalló que con ello aumentarán los cobros a visitantes y residentes extranjeros; entradas a museos y zonas arqueológicas, así como servicios en materia sanitaria, aeronáutica, marítima, fitosanitaria y zoosanitaria.
El primer ordenamiento del paquete económico 2026 considera un alza de 860 a 983 pesos para los visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas.
Entre los cambios que se proponen, se incrementan cuotas migratorias. Para los residentes temporales se duplican los costos, por ejemplo, en los permisos por un año, pasa de cinco mil 328 a 11 mil 140.74 pesos, y en los de cuatro años, de 11 mil 984.80 a 25 mil 57 pesos, mientras que para residentes permanentes pasa de seis mil 494 a 13 mil 578 pesos.
La bancada de Morena expuso que el contenido de la ley representa un aumento a las cuotas y tarifas “para que se refleje el costo real de los servicios públicos” y moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores. Lo definió como “un acto de justicia que busca cubrir costos de manera eficiente y fortalecer las finanzas públicas del país para que disminuya la brecha de desigualdad y crezcan las oportunidades para todas y todos los mexicanos”.
En el caso de los pagos por el uso de bienes culturales propiedad de la nación, que incluye zonas arqueológicas y museos, los costos que actualmente varían entre 73 y 95 pesos, pasan a tarifas entre 104.50 y 209.09 pesos con una cuarta categoría que se crea para algunas zonas arqueológicas mayas.
No obstante, a nacionales y extranjeros que residan en el país, que acrediten su nacionalidad y residencia, respectivamente, tendrán un descuento de entre 45 y 50 por ciento dependiendo del sitio que se visite.
Entre las modificaciones también se actualizan los derechos por servicios de inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional y Bancaria de Valores (CNBV) y que pagan entidades como casas de bolsa y de cambio, almacenes generales de depósito, fondos de inversión, instituciones de banca múltiple y otras instituciones financieras.
En el pleno se afirmó que, con dicha ley, se dará certeza jurídica para efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, actualizando el listado de los municipios contenidos en las zonas a que se refiera y realiza adecuaciones en materia de minería y agua.
A nombre de la Comisión de Hacienda, la morenista Marcela Michel López subió a tribuna para fundamentar el documento que “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores. Y tres, actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas realizadas recientemente garantizando la coherencia normativa”.
De la oposición, la panista Noemí Luna Ayala subrayó que “en esta reforma se aumentan cuotas hasta en 100 por ciento en trámites migratorios, 16 por ciento en servicios financieros y también se elevan costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua”.
Mientras que, por el PRI, Yerico Abramo Masso advirtió aumentos en impuestos y derechos ya existentes, como el IEPS a refrescos y cobros en museos, y exigió mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
En torno al Código Fiscal, que contempla endurecer el combate a las factureras y castigar con prisión a quienes evadan impuestos con falsos comprobantes fiscales, además de obligar a las plataformas digitales como Amazon, Netflix, Uber o Tinder a dar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso en tiempo real a sus operaciones y registros.
Entre las nuevas disposiciones, destaca la facultad del SAT para negar a personas morales la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en caso de que el representante legal o socios del solicitante hayan sido parte de estructuras de factureras, con el fin de evitar que esas personas reincidan en la falsificación de comprobantes fiscales, en detrimento del erario.
Asimismo, el SAT podrá realizar visitas domiciliarias a empresas para verificar la probable emisión o uso de falsos comprobantes fiscales y, en caso de conformar el delito, podrá suspender de manera inmediata la expedición de dichas facturas.
Además, los procedimientos que estén abiertos contra personas morales por la emisión de facturas falsas serán resueltos, de acuerdo con la disposición que aún se discutía en San Lázaro, de manera abreviada en no más de 24 días.
Al respecto y desde la tribuna, Carol Antonio Altamirano (Morena), expuso que las modificaciones contenidas en el dictamen “expresan un compromiso con la legalidad ya que permitirá que los recursos públicos lleguen a sus destinatarios. Refiere que la autoridad podrá vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales”.
