La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que enviará al Congreso una iniciativa de ley general contra la extorsión, que busca que este delito se persiga de oficio en todo el país, que las 32 entidades unifiquen su tipificación en los distintos niveles de gobierno y se establezcan penas de hasta 15 años de prisión.
La propuesta presidencial incluye, además, el cobro de piso y la comisión de este crimen desde centros penitenciarios como agravantes.
Al explicar las claves de la propuesta legislativa, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, mencionó que la Ley General contra la Extorsión permitirá que todos los estados de la República estén obligados a legislar para combatir este delito.
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Se trata, dijo Godoy, de constituir un nuevo marco jurídico constitucional, legal y reglamentario contra la extorsión.
“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades, sin depender de la denuncia para su investigación”, precisó desde Palacio Nacional.
Godoy detalló que la reforma permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y que las autoridades puedan actuar sin necesidad de una denuncia previa.
“La extorsión se perseguirá de oficio y las sanciones se determinarán conforme a una serie de agravantes que ya están previstas en la iniciativa”, precisó.
Ernestina Godoy informó que las penas aumentarán de seis a 15 años de prisión, cuando se acredite alguna de las siguientes circunstancias: si el delito se comete mediante cobro de piso; cuando las víctimas sean personas migrantes o menores de edad, además, si participan servidores públicos en la comisión del delito y cuando la extorsión se realice desde un centro penitenciario. Esta iniciativa, comentó la funcionaria federal, fue elaborada por una mesa técnica interinstitucional y se busca que la homologación de la tipificación del delito en todas las entidades federativas contribuya a que la persecución y sanción no dependan de la voluntad de las víctimas.
Además, “contempla reformas a diversos ordenamientos: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada y la Ley de Extinción de Dominio, para que la extorsión sea susceptible de extinción de bienes”.
Desde el salón Tesorería, Godoy señaló que la estrategia nacional contra la extorsión, vinculada con el número 089 de denuncia ciudadana, será elevada a rango de ley, como parte de la política de seguridad del gobierno federal, orientada a “combatir y frenar el avance de este fenómeno delictivo”.
“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y que requiere una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano”, explicó la consejera jurídica.
De acuerdo con los datos oficiales que sustentan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de los delitos de alto impacto, el único que ha presentado un incremento del 21.1 por ciento es el delito de extorsión, toda vez que en 2019 se presentaba un promedio diario de 22.68 casos denunciados, mientras que en 2025 es de 27.45.
Las víctimas de la extorsión pueden ser industrias bien instituidas, pero normalmente se trata de pequeños emprendedores que buscan ganarse la vida.
