En 2024, la Secretaría de Bienestar entregó apoyos económicos por arriba de los dos millones de pesos a decenas de personas, con recursos de programas enfocados a atender a víctimas de desastres naturales, sin que se corroborara el proceso con expedientes ni recibos; además, hubo casos en donde la dependencia realizó pagos en más de una ocasión a los beneficiarios.
Lo anterior es uno de los contextos en los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades dentro de dicha dependencia en 2024, de acuerdo con la segunda entrega del informe individual de auditoría correspondiente a la Cuenta Pública de ese año y que, en suma, representan una posible afectación al erario por cinco millones 835 mil pesos.
Uno de los rubros auditados fue el programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, el cual fue creado durante el gobierno pasado y cuyo objetivo es el de mitigar los efectos negativos que provocan los fenómenos sociales o naturales en las familias.
De éste se encontraron anomalías por 11 millones 331 mil pesos, pero en el transcurso de la auditoría, la dependencia federal acreditó y justificó el uso de parte del dinero, del cual únicamente dos millones 694 mil pesos quedaron pendientes por aclarar.
Este monto corresponde a que no se entregaron los expedientes, recibos ni órdenes de pago de los apoyos entregados a 214 personas.
Además, se realizaron otros pagos en más de una ocasión a siete personas por la emergencia que provocó el huracán Otis, en el estado de Guerrero.
Otro pendiente que tiene que aclarar la dependencia es por dos millones 76 mil pesos en la ejecución del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
En este rubro, la secretaría entregó 726 mil pesos a 23 personas de las que no se entregaron los expedientes que acreditaran el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios del programa; otro millón 350 mil pesos son por no proporcionar que se hayan entregado las tarjetas bancarias a los beneficiarios.
Aunado a esto, se identificó dentro del padrón de beneficiarios a 23 mil 43 CURP de personas clasificadas como “bajas por defunción”, sin que la Secretaría acreditara su actualización.
En la Pensión del Bienestar de las Personas con Discapacidad, se identificaron 19 expedientes de beneficiarios con pagos por 297 mil pesos que no fueron proporcionados por la dependencia.
En el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras, no se entregaron 63 expedientes de beneficiarios que recibieron 352 mil pesos y no se comprobó que cumplieran con los requisitos de elegibilidad.
Además, faltó la entrega de 36 expedientes bancarios por 142.4 mil pesos que sustenten la entrega de tarjetas; además se realizaron pagos de apoyos improcedentes por 273 mil pesos a 171 personas que rebasaban la edad límite.
En gasto de estados, 9 de cada 10 pesos por aclarar
› Por Claudia Arellano
En la segunda entrega del informe individual de auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2024, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, detalló que nueve de cada 10 pesos no aclarados corresponden al gasto de los estados, ejercidos particularmente en el gasto de salud y en obras de infraestructura para comunidades marginadas.
Así, el ente encontró posibles daños a las arcas públicas por más de cinco mil 100 millones de pesos en gasto de la cuenta pública de 2024.
“En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de cinco mil 100 millones de pesos, de los cuales el 11 por ciento corresponde a entes del Gobierno federal y el 89 por ciento fue determinado a las entidades federativas”, dijo el auditor.
- 35 por ciento de los 4.6 mmdp por aclarar son del rubro salud
Además, detectó que los estados concentran irregularidades por más de 35 por ciento de cuatro mil 600 millones de pesos que están por aclarar, como parte de las revisiones al uso de reursos en el rubro de salud.
Resaltó que los gobiernos estatales, municipales y órganos autónomos locales son los “mayores ejecutores” del gasto federal.
La ASF dijo que el uso de recursos públicos por aclarar asciende a cinco mil 161 millones 290.9 mil pesos, aunque subrayó que, además, se han podido recuperar poco más de mil 38 millones de pesos.
El informe reveló que la Secretaría de Salud (Ssa) no elaboró un diagnóstico en el que se identificaran las necesidades de capacitación del personal que participó en la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, ni definió un programa de capacitación en el que se establecieran los cursos a impartir, sus objetivos y el personal programado a capacitar en 2024.
La secretaría reportó que, en ese año, tres mil 306 personas (94.6 por ciento) de las tres mil 493 personas programadas a capacitar acreditaron la capacitación, sin que sustentara las constancias que lo comprobaran, ni los cursos y temas que se impartieron.
Además, señaló que en 2024, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán suspendió el 1.5 por ciento (30) de un total de mil 956 investigaciones científicas, y que no contaba con un programa de investigación vigente en 2024, además de que no dispuso de un procedimiento formalizado para establecer y actualizar sus líneas de investigación.
En gasto de estados, 9 de cada 10 pesos por aclarar
› Por Claudia Arellano
En la segunda entrega del informe individual de auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2024, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, detalló que nueve de cada 10 pesos no aclarados corresponden al gasto de los estados, ejercidos particularmente en el gasto de salud y en obras de infraestructura para comunidades marginadas.
Así, el ente encontró posibles daños a las arcas públicas por más de cinco mil 100 millones de pesos en gasto de la cuenta pública de 2024.
“En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de cinco mil 100 millones de pesos, de los cuales el 11 por ciento corresponde a entes del Gobierno federal y el 89 por ciento fue determinado a las entidades federativas”, dijo el auditor.
Además, detectó que los estados concentran irregularidades por más de 35 por ciento de cuatro mil 600 millones de pesos que están por aclarar, como parte de las revisiones al uso de reursos en el rubro de salud.
Resaltó que los gobiernos estatales, municipales y órganos autónomos locales son los “mayores ejecutores” del gasto federal.
La ASF dijo que el uso de recursos públicos por aclarar asciende a cinco mil 161 millones 290.9 mil pesos, aunque subrayó que, además, se han podido recuperar poco más de mil 38 millones de pesos.
El informe reveló que la Secretaría de Salud (Ssa) no elaboró un diagnóstico en el que se identificaran las necesidades de capacitación del personal que participó en la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, ni definió un programa de capacitación en el que se establecieran los cursos a impartir, sus objetivos y el personal programado a capacitar en 2024.
La secretaría reportó que, en ese año, tres mil 306 personas (94.6 por ciento) de las tres mil 493 personas programadas a capacitar acreditaron la capacitación, sin que sustentara las constancias que lo comprobaran, ni los cursos y temas que se impartieron.
Además, señaló que en 2024, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán suspendió el 1.5 por ciento (30) de un total de mil 956 investigaciones científicas, y que no contaba con un programa de investigación vigente en 2024, además de que no dispuso de un procedimiento formalizado para establecer y actualizar sus líneas de investigación.
