La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, reveló que durante el proceso inédito de elección de personas juzgadoras, el tribunal enfrentó presiones, ataques y solicitudes expresas para cambiar interpretaciones constitucionales sostenidas por más de 15 años.
Al presentar su último informe de labores al frente del TEPJF, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Soto relató que la elección de 881 cargos judiciales, derivada de la reciente reforma constitucional, representó un punto de inflexión en la historia democrática y judicial del país.
- El Tip: EL 31 de octubre concluye el periodo de la magistrada Mónica Soto como presidenta del TEPJF, mientras que el 1 de noviembre tomará el cargo Gilberto de Guzmán Bátiz.
“Nos quisieron imponer el cambio de reglas posteriores a la elección. La presión llegó a tal extremo que se recibieron solicitudes expresas para que cambiáramos el sentido de nuestra interpretación constitucional”, afirmó ante ministros, integrantes del órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, funcionarios federales y representantes del Poder Judicial, y sin la presencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
La magistrada presidenta señaló que, pese a las presiones externas y a los señalamientos internos, el Tribunal actuó con apego a la Constitución.
“Fue esencial la fortaleza institucional para combatir los embates y lograr, como se demostró, que lo único que debe prevalecer es el interés de la nación y el respeto a nuestra Constitución”, subrayó.
El proceso electoral 2024-2025, que por primera vez permitió la elección mediante voto directo de jueces, magistrados y ministros, generó intensos debates y divisiones. Soto reconoció que la reforma tuvo “aliados y detractores”, algunos de los cuales “tomaron las calles” y “descalificaron tanto a las personas candidatas como a quienes intervinieron en la organización y la revisión de la elección”.