La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes que las fiscalías especializadas anticorrupción de los estados no pueden solicitar directamente la intervención de comunicaciones privadas ni requerir la localización geográfica en tiempo real de personas investigadas.
El máximo tribunal invalidó diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, que había otorgado estas facultades mediante una reforma publicada en enero de 2025.
La controversia surgió a partir de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuestionó las atribuciones conferidas a dicha fiscalía especializada.
El ministro Arístides Guerrero García, ponente del proyecto aprobado, argumentó que “es inconstitucional que una fiscalía especializada tenga la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones privadas, ya que la Constitución sólo menciona a las fiscalías generales estatales”.
Esta postura fue respaldada por seis ministros, mientras que las ministras Sara Irene Herrerías, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos votaron en contra.
En una segunda votación, el pleno también invalidó la facultad de solicitar la geolocalización en tiempo real.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz amplió esta determinación para incluir “la norma que otorgaba la facultad de conservar información contenida en redes y equipos de informática”. En este caso, únicamente las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se pronunciaron en contra.
Con esta resolución, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo deberá solicitar ahora la intervención del fiscal general de Justicia del estado cada vez que requiera pedir a jueces federales la intervención de comunicaciones o la obtención de datos de geolocalización en tiempo real durante sus investigaciones.
La decisión sienta un precedente sobre los límites de las facultades que pueden otorgarse a fiscalías especializadas en materia de herramientas de investigación que implican la restricción de derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones.
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cehr
