El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) que obliga a los proveedores de servicios digitales con cobros automáticos a permitir la cancelación inmediata, sencilla y sin penalizaciones.
Con esta modificación, se busca poner fin a los llamados “cobros sorpresa” que denuncian millones de consumidores mexicanos.
La iniciativa, previamente aprobada por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2025, por unanimidad con 438 votos a favor y enviada al Senado, fue avalada en la plenaria con 91 votos, destacando un amplio respaldo de las bancadas.
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La reforma adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la LFPC. Según el texto, los proveedores deberán informar de forma clara, visible y accesible si el servicio contratado implica pagos automáticos recurrentes, cuál es el monto, la periodicidad y la fecha en que se realizará el cobro.
En los casos de renovación automática, las empresas deberán notificar al usuario al menos cinco días naturales de anticipación y ofrecer una vía de cancelación sin penalización o coste adicional.
Asimismo, la reforma exige que los cobros recurrentes cuenten con consentimiento expreso e informado del consumidor. También impone la obligación de que se facilite una mecanismo inmediato de baja o cancelación del servicio, suscripción o membresía, sin que el usuario deba sortear múltiples obstáculos.
La propuesta fue impulsada por el legislador Ricardo Monreal Ávila (Morena), quien durante el debate relató su propia experiencia: intentó cancelar un servicio digital, fue imposible, su tarjeta fue cargada y ello le provocó ser reportado en el buró de crédito.
En su discurso, mencionó que “si registrarse se hace en un clic, cancelar no debe convertirse en una odisea”.
La relevancia de esta reforma se explica por la magnitud del mercado: se estima que 67 millones de mexicanos participan en servicios con cargos automáticos, y que en 2024 este mercado movió aproximadamente dos billones de pesos. Las plataformas de contenidos, videojuegos, membresías online y telecomunicaciones son algunos de los sectores directamente afectados.
Con esta medida, el Legislativo busca equilibrar la relación entre consumidores y proveedores en la era digital, donde el ingreso a servicios es sencillo pero la salida ha sido tradicionalmente complicada.
Representantes de todos los partidos coincidieron en que se trata de una reforma de justicia básica para el ciudadano.
Aunque el Senado aprobó la minuta, el siguiente paso es su turno al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras lo cual entrará en vigor. Hasta el momento no se ha divulgado una fecha exacta de vigencia, por lo que es clave que los consumidores estén atentos a su publicación oficial.
Para los usuarios de servicios digitales en México, esta reforma representa una victoria significativa. Les brinda mayor autonomía para decidir cuándo y cómo cancelar suscripciones, sin temor a cargos ocultos o procesos engorrosos.
Para las empresas proveedoras, implica ajustar sus modelos de contratación, renovación automática y políticas de baja. En un entorno digital en rápida expansión, la medida refuerza la protección del consumidor como eje central del mercado de suscripciones en México.
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MSL
