Manuel Valenzuela, un residente permanente legal en El Paso, Texas, se declaró culpable de participar en una red de tráfico de menores desde México hacia Estados Unidos.
La red drogaba a los menores y les presentaba documentos falsos para hacerlos pasar como sus hijos; ante ello, una coalición migrante en Texas hizo un llamado urgente a detener estos crímenes.
Francisco Carmona Smith, de la Red Cristiana Salvadores por la Paz, explicó a La Razón que Valenzuela recogía a los menores tras su ingreso al país y hacía el pago a los conductores que los transportaban.
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El activista y religioso señaló que los conductores y sus cómplices presentaban documentos estadounidenses falsos y aseguraban falsamente que pertenecían a los menores. “Ahora, Valenzuela enfrenta cargos de conspiración para transportar extranjeros y complicidad en el tráfico de extranjeros con fines de lucro, que le podría acarrear una pena mínima obligatoria de 11 años de prisión”.
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El religioso consideró que es urgente crear políticas que pongan en resguardo a menores que viajan desde Centroamérica a EU, pasando por México, para evitar que sean presas de estos depredadores.
La fiscal general de EU, Pamela Bondi, condenó el tráfico de personas y aseguró que el Departamento de Justicia investiga y procesa estos casos con mayor rigor. El fiscal federal Justin Simmons denunció que a los cárteles y las organizaciones de tráfico de personas no les importa el bienestar de las personas que introducen , sólo les importa enriquecerse.
En un comunicado publicado el pasado 10 de noviembre, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas reveló que los implicados en la red drogaban a menores no acompañados de entre cinco y 13 años, y los introducían ilegalmente a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, México.
La Fiscalía también reveló que los conductores y sus cómplices presentaban a los agentes de inmigración documentos estadounidenses falsos, y luego aseguraban falsamente que pertenecían a los menores y que ellos eran sus padres.
Valenzuela, de 35 años, fue detenido el 30 de agosto junto a otras tres personas identificadas como Susana Guadian, Daniel Guadian y Dianne Guadian, esta última ciudadana estadounidense.
El activista señaló que sus actividades están estrechamente relacionadas con grupos del crimen organizado y, especialmente, ejecutan tareas de enganchadores, monitores y transportistas, pero también de cuidadores de migrantes secuestrados.