Grupo Salinas afirmó este miércoles que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar que la empresa Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. le pague 67 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por declarar una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida respecto al ejercicio fiscal 2012, es por consigna política.
“Para sorpresa de nadie, por segunda vez en menos de una semana, los ministros de la ilegítima Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron hoy casos relativos a nuestras empresas
“…Lo hicieron, al igual que hace unos días, por consigna política y no conforme a derecho”, expresó Grupo Salinas a través de sus redes sociales.
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En un episodio más de este modus operandi del “nuevo” tribunal constitucional, según lo expresado por Grupo Salinas, los ministros “votaron completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional, violando principios fundamentales del Estado de Derecho como el de legalidad, el debido proceso y la igualdad de trato ante la ley”.
“Con absoluto descaro y sin pudor alguno, otra vez desdeñaron nuestros argumentos -apegados a ley y criterios jurídicos sólidos-sin mayor análisis ni discusión del fondo, mucho menos respetaron y salvaguardaron el orden constitucional”.
Para el grupo empresarial, aún más graves son las evidentes contradicciones y discrecionalidades exhibidas “por esta Corte espuria, en particular al privamos de nuestro derecho a una justicia objetiva e imparcial al revertir un impedimento otorgado en diciembre de 2024”.
Para Grupo Salinas, de igual forma, “resulta paradójico y muy preocupante” que mientras que apenas la semana pasada los ministros rechazaron revisar el fondo de sus amparos por falta de cuestiones de constitucionalidad, ahora se “contrapongan al admitir entrar al fondo de las sentencias solo porque las autoridades fiscales se los instruyen.
“Es tal el nivel de sumisión de esta Corte que, pese a que los ministros Espinosa Betanzo, Ortiz Ahlf y Esquivel Mossa señalaron que no existe cuestión de constitucionalidad, el resto de los ministros del acordeón confirmaron esta evidente contradicción para satisfacer las órdenes de Palacio Nacional”.
Grupo Salinas señaló que con todo esto, “la Corte espuria vuelve a exhibir su verdadera intención y motivación política: invalidar y revocar cualquier sentencia que proteja nuestros derechos para allanar el camino y así cumplir el mandato que les ha marcado el Poder Ejecutivo”.
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FGR
