De al menos veinte funcionarios vinculados documentalmente al desvío de 62 mil millones de pesos durante la administración del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, la inmensa mayoría permanecen prófugos, amparados o en libertad.
Los operadores del mayor desfalco estatal documentado en México han logrado evadir la justicia a través de un entramado de amparos, reclasificaciones penales, sentencias revocadas, así como órdenes de aprehensión anuladas, extradiciones congeladas y una reparación del daño inexistente.
- El Dato: La semana pasada, un juez de distrito con residencia en Xalapa libró orden de aprehensión contra siete exfuncionarios de primer nivel durante el sexenio de Javier Duarte.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó el caso como el mayor acto de corrupción en un gobierno estatal: 62 mil millones de pesos desviados, 71 denuncias penales presentadas y cero pesos recuperados hasta ahora para Veracruz.
Arriban 7.5 millones de peregrinos
Los recursos federales que debían destinarse a hospitales, escuelas, seguridad pública y programas sociales terminaron en cuentas bancarias, empresas fantasma y propiedades de lujo.
“En el caso Duarte no hay una proporcionalidad en la aplicación de la pena”, advirtió Lourdes Morales, especialista en rendición de cuentas y anticorrupción, en referencia a la condena que recibió Duarte en septiembre de 2018: nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, resultado de un proceso abreviado tras reclasificarle el delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa por considerar insuficientes las pruebas. En noviembre de 2024 fue absuelto del cargo de desaparición forzada.
“No se ha logrado resarcir el daño ni a la población ni a todos los que dejaron de recibir servicios por el desvío de recursos. Las instituciones tienen que tener una mejor labor tanto de prevención como de sanciones que, a pesar de las reformas que han existido, no lo logran”, agregó.
Para ella, Duarte funcionó como “chivo expiatorio” que sirvió políticamente a la legitimación del gobierno entrante y a las campañas del partido que prometía barrer las escaleras de arriba hacia abajo.
“Fue la única cabeza visible que sirvió para tener ejemplos”, señaló, pero el modelo no desarticuló las redes de corrupción. “No se trata sólo de individuos, se trata de redes, de todas las redes que colaboran y que tienen incentivos para actuar de manera contraria al derecho”. Los operadores del desfalco han evadido la justicia mediante amparos, reclasificaciones penales y sentencias revocadas.
Karime Macías, esposa de Duarte, lleva ocho años en Reino Unido eludiendo la extradición. Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres, continúa prófugo desde 2017 tras anular su orden de captura. Antonio Tarek Abdalá, extesorero, nunca pisó una celda: negoció para convertirse en testigo colaborador.
La lista de exfuncionarios liberados es extensa. Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública procesado por desaparición forzada de 15 personas, salió libre en diciembre de 2018 tras pagar un millón de pesos de fianza. Una resolución judicial revocó su vinculación a proceso por presunta violación a sus derechos humanos y porque la Fiscalía General del Estado presentó la solicitud a destiempo.
Lo mismo ocurrió con Leonel Bustos Solís, exdirector del Régimen Estatal de Seguridad Social; Flavino Ríos Alvarado —quien fue señalado de facilitar un helicóptero para la fuga de Duarte y obtuvo un amparo federal que dejó sin efectos su vinculación por incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias—; Francisco Valencia, exdirector de la Comisión del Agua; Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas, y el exfiscal estatal Luis Ángel Bravo Contreras, todos liberados entre 2018 y ese período.
“Ni siquiera va a haber casos Duarte, ni siquiera van a investigar a los que han sido señalados”, pronostica Morales sobre el panorama actual, donde advierte que existe “mayor corrupción y mayor opacidad”, señaló la experta.
Ha habido otros casos de exgobernadores encarcelados, agrega, “sin que logren desarticularse las redes y las malas prácticas”. Mientras tanto, Veracruz no ha recuperado un solo peso de los miles de millones desviados.
