Este viernes concluyeron en la Cámara de Diputados las audiencias públicas organizadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos, en torno a la iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
Durante cuatro jornadas, activistas, representantes de comunidades y organizaciones agrarias, académicos y especialistas participaron tanto de forma presencial como remota.
En la última sesión se abordó el tema “derecho humano al agua”, donde las y los ponentes expresaron sus preocupaciones y plantearon diversos ajustes a la propuesta del Ejecutivo.
Coincidieron en que el debate debe centrarse en garantizar el acceso prioritario al agua y en atender las desigualdades que persisten en distintas regiones del país.
La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz (Morena), agradeció las aportaciones recibidas y pidió confianza en que la discusión legislativa se realizará en beneficio del pueblo de México, especialmente de quienes enfrentan mayores carencias.
Nora Yanek Vázquez Martínez, del Colectivo Agua para Todos, señaló que el objetivo principal es avanzar hacia la justicia hídrica. Subrayó que la iniciativa debe establecer de manera clara que, al reasignar volúmenes, se priorice el derecho humano al agua y la producción destinada a la soberanía alimentaria.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena), coordinadora del grupo de trabajo de la zona centro, informó que durante las audiencias se conformaron tres grupos regionales —norte, centro y sur— con el fin de escuchar y analizar todas las propuestas.
Recordó que la situación del agua en México es crítica: más del 70 por ciento de ríos y lagos presenta contaminación significativa; nueve millones de personas carecen de agua potable; once millones no cuentan con alcantarillado y 515 municipios no disponen de drenaje.
Entre las propuestas también se planteó reconocer a ríos, manantiales, lagos, lagunas y aguas subterráneas como sujetos de derechos, vinculados al ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento. Además, destacaron los problemas de infraestructura urbana e inundaciones derivados de una gestión inadecuada del recurso.
La diputada Felicita Pompa Robles (Morena), moderadora de este grupo, afirmó que la Comisión analizará cada una de las aportaciones para tomar las mejores decisiones.
Recordó que los foros permiten escuchar a la ciudadanía, reunir planteamientos y estudiar su posible incorporación al proyecto de ley. Reportó que en cuatro días participaron 147 personas provenientes de la academia, la sociedad civil, asociaciones e instituciones.
Las y los participantes remarcaron la importancia de incluir todas las voces interesadas en la protección del agua, indispensable para la supervivencia y la viabilidad ambiental.
Propusieron fomentar la participación de niñas, niños y jóvenes en la prevención de problemas socioambientales y reiteraron que el agua debe ser reconocida como un derecho humano, no como mercancía.
Finalmente, solicitaron garantizar el acceso a información histórica sobre concesiones, analizar todas las iniciativas existentes —no únicamente la presidencial—, evitar el acaparamiento por grandes concesionarios y realizar los foros directamente en territorio.
También pidieron que los ordenamientos resultantes protejan la transmisión responsable de derechos y ayuden a preservar el patrimonio hídrico para continuar produciendo.
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MSL